UGT-A cargó a subvenciones de la Junta los caramelos que donó para la Cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla en 2009, según informa El Mundo. El sindicato entregó una tonelada de caramelos tras sendos pedidos de 650 y 380 kilos de golosinas a Publicar D&M, la misma empresa proveedora que gestionó la adquisición de 700 maletines falsificados en Asia.
Durante la producción del pedido principal, encargado el 10 de noviembre de 2009 con un precio cerrado de seis euros cada kilogramo, se produjo un excedente de 28 kilos de caramelos que también se donaron a la Cabalgata sevillana. En total, 1.056 kilogramos que se terminó abonando con cargo a subvenciones de la Junta de Andalucía.
Los primeros 650 kilos se pagaron con una subvención otorgada por la antigua Consejería de Empleo para el desarrollo del programa de actividades divulgativas en materia de prevención de riesgos laborales. Publicar D&M los facturó con cargo a "promoción de la prevención entre menores". Los 380 kilos restantes de caramelos masticables encargados a la misma empresa el 16 de noviembre del mismo año -más caros, a 10,81 euros el kilo- se justificaron como "acción sindical hacia el Medio Ambiente". De hecho, los caramelos se envolvieron en un papel especial en el que se podía ver el logotipo tanto de UGT-A como de la Consejería de Medio Ambiente, entonces dirigida por la difunta Cinta Castillo.
El técnico del sindicato responsable de aquel programa de prevención de riesgos, José Manuel Guerrero, aseguró el viernes a el diario de Unidad Editorial que se trata de una "actividad subvencionable" que ha sido avalada y fiscalizada por la Administración andaluza.
La partida principal de chucherías donadas por UGT a la Cabalgata de 2009 fue justificada ante la ex alto cargo de la Junta de Andalucía Esther Azorit Jiménez, quien fuera directora general de Seguridad y Salud Laboral hasta junio de 2012, cuando fue cesada por el entonces consejero de Economía, el socialista Antonio Ávila.
Se da la circunstancia de que Azorit está imputada desde noviembre de 2012 por malversación, prevaricación y falsedad precisamente por un presunto desvío del sindicato CCOO en dos subvenciones, una para una campaña de prevención de riesgos laborales y otra para financiar acciones para la mejora de las condiciones de trabajo.