Las empresas de los familiares de Artur Mas, subvencionadas por la Generalidad
Todas las empresas donde trabajan sus hijos, su mujer y su cuñado han recibido algún tipo de subvención.
Desde que Artur Mas llegara al poder en 2010 todas las empresas en las que trabajan familiares suyos -directos o indirectos- se han beneficiado de subvenciones públicas, según informa ABC este jueves. El diario asegura que el presidente de la Generalidad ha beneficiado con subvenciones o contratos a estos familiares a través de la Generalidad o bien del Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por CiU.
Las sociedades en las que trabajan sus cuñados, Joan Antoni y Guillermo Rakosnik, sus hijos Albert y Patricia y su mujer, Elena Rakosnik han recibido algún tipo de subvención o contrato público. Esta última, además de prestar sus servicios a la empresa pública e Transportes Municipales de Barcelona es presidenta de una fundación subvencionada por la Generalidad.
Varias fuentes han asegurado a ABC que "es por lo menos curioso que en todas las empresas en las que hay algún miembro de la familia, política o directa, de Artur Mas, hayan obtenido, desde que este llegó a la Presidencia de la Generalidad, adjudicaciones de contratas o diversas subvenciones por parte del Gobierno catalán o bien por parte del Ayuntamiento de Barcelona, gobernado actualmente por CiU".
"Diálogo competitivo"
El pasado septiembre ya salió a la luz el espectacular aumento de beneficios de la empresa del cuñado de Artur Mas, que pasó a facturar de 5,3 a 322 millones de euros. Las concesiones públicas que recibió Joan Antoni Rakosnik se hicieron con el polémico procedimiento del "diàleg competitiu" (diálogo competitivo) diseñado para "contratos que tienen un objeto complejo cuando el órgano de contratación se encuentra objetivamente capacitado para definir los medios técnicos aptos para satisfacer sus necesidades".
Este sistema ha despertado sospechas, ya que fuentes del sector lo tildan de "arbitrario" creado para "dar contratos a quien te interesa en vez de usar el concurso público", señalan a ABC. El procedimiento consiste en que la Generalidad "invita" a varias empresas de las que se presentan al proyecto para una "fase de diálogo" en el que se debaten las necesidades el contrato. Así, solo se dialoga con las sociedades que interesa.
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