Como en el caso de los sindicatos, el mecanismo esencial elegido para su financiación indirecta fue el de las subvenciones destinadas a la formación, de la cual la estructura directiva de la CEA obtuvo y obtiene beneficios económicos ingentes (si se tiene en cuenta que las organizaciones que prestan unos servicios con dinero público suelen contabilizar cuando menos un 15-20 por ciento en concepto de gastos de gestión o si se quiere, "beneficio industrial") y ventajas políticas, al erigirse en administradores únicos de un poder colosal sobre los empresarios afiliados, en su inmensa mayoría, pequeños, desunidos y dedicados a sus pequeños negocios. La CEA se quedaba con el 40 por ciento del total de las subvenciones, según el único estudio disponible de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
A cambio, la CEA, salvo en sus primeros momentos, nunca fue una voz crítica de la situación andaluza a pesar del retraso regional evidente. "La CEA no se ha mostrado especialmente dura con la Junta de Andalucía, aunque ésta se ha apresurado a lanzar una dura advertencia a la CEA en relación con las críticas empresariales a su gestión. En un tono veladamente amenazador el Gobierno andaluz ha insinuado a los empresarios que las buenas relaciones futuras dependen de su actitud en estos momentos preelectorales" decía el editorial de ABC en fecha tan temprana como el 2 de mayo de 1986.
Pero para evitar toda especulación, deduzcamos qué se lleva la CEA de las subvenciones para formación según los desgloses que la Cámara de Cuentas hizo en 1998 en su informe fiscalizador sobre algunas de estas subvenciones, el único informe realizado por la institución en toda su historia.
Examinemos este cuadro:
Como puede apreciarse, de los cerca de 8,4 millones de euros - 1.396 millones de pesetas- considerados como gastos justificados por la Cámara en las subvenciones determinadas que analiza relativas a la formación, sólo 5 millones de euros -841,1 de pesetas- fue a parar a sueldos y honorarios de profesores, esto es, el 60 por ciento. El 40 por ciento restante, 3,36 millones de euros- 554,9 millones- iban destinados a seguros, materiales, administración, gastos generales, etc. proporcionados por la CEA.
La CEA vivía de la Junta
Según los datos facilitados por la Federación Onubense de Empresarios, miembro de la CEA, en 2009, en la provincia existían unos 5.000 afiliados directos e indirectos que pagaban como mínimo 13,68 euros mensuales (caso de despachos individuales o negocios unipersonales). En el caso de ser Sociedades Limitadas pequeñas pagaban 23,26 euros al mes y así se va ascendiendo. Naturalmente, dado que el tejido empresarial andaluz es en su 99 por ciento microempresarial, fijamos para alcanzar alguna cifra aproximada la cantidad de 30 euros al mes por cada afiliado.
Tal estimación nos sitúa en un escenario de ingresos por afiliado de 360 euros anuales, lo que multiplicado por los 5.000 reconocidos, arrojarían una cantidad total de 1.800.000 euros anuales en Huelva. Si esta fuera la cuota media de todos los afiliados de la CEA, esto es, 30 euros por afiliado y mes, y teniendo en cuenta que la CEA, según sus propias declaraciones, tiene 150.000 afiliados, la cantidad final resultante ascendería a 54 millones de euros por año para el conjunto de la organización, lo que resulta inferior en todo caso a los 63,57 millones recibidos en el año 2009 de la Junta de Andalucía. Pero podemos considerar sin duda que la CEA obtenía de la Junta, al menos, la mitad de sus ingresos totales.
A pesar de la timidez de nuestra aproximación, la CEA sólo reconocía un presupuesto de 5,6 millones de euros anuales en su asamblea de 2010, lo que choca frontalmente con los datos disponibles y con la más elemental de las lógicas. Con ese dinero, como ya hemos reflejado un poco más atrás, a lo sumo habría para pagar a los casi 100 técnicos que reconocía la CEA en su Memoria de 2008, tomo como referencia salarios medianos. La opacidad de la CEA es tal que nadie sabe a ciencia cierta cuáles han sido sus ingresos reales y dónde han ido a parar los dineros administrados.
La multiplicación de los panes y los peces
Al igual que los sindicatos UGT y CCOO, en la actualidad, la CEA, además de las demás sedes provinciales de sus federaciones y asociaciones provinciales, dispone de inmuebles e instalaciones múltiples e incluso de 90 sedes de servicios avanzados para empresarios cuando al principio de su andadura sólo tenía la sede regional y algunas más. Curiosamente, en 2010, la CEA sólo aparecía como propietaria de un inmueble en el Registro de la Propiedad.
La CEA agrupa a 1.300 organizaciones sectoriales o regionales, provinciales y locales. Tiene 197 empresas asociadas y 150.000 de manera indirecta, casi la tercera parte de las 500.000 empresas andaluzas. Estos centros constituidos en Red de Servicios Avanzados a las Empresas Andaluzas, Red CSEA, pueden ser consultados en http://www.cea.es/portal/redcsea. Se calcula que la CEA tiene una representatividad próxima al 30 por ciento, muy superior, desde luego, a la de los sindicatos UGT y CC.OO que no llegan al 8 por ciento.
Otro burócrata en la corte de la CEA
A nadie le cabe la duda de que este crecimiento de la CEA, en dinero, en poder e influencia, ha sido debida a la política institucional de su hasta ahora presidente, un letrado sevillano vinculado desde muy joven a los sindicatos verticales del régimen franquista. Santiago Herrero León no ha hecho otra cosa que seguir la estela tendida por su predecesor en el cargo, Rafael Álvarez Colunga, el "Lele", que quien tejió lazos imborrables con el PSOE desde la transición. De hecho, confesó en alguna ocasión haber sido "financiador" del socialismo andaluz mediante el préstamo de locales para sedes y reuniones.
En 1974, Herrero aparecía ya como director provincial de Asuntos Económicos de la Organización Sindical del régimen franquista. Su trayectoria, parecida a la del histórico presidente de la CEOE, José María Cuevas, fue fulgurante Poco antes de morir Franco, formaba parte de la Real Sociedad Económica Sevillana de Amigos del País de Sevilla en su sección de Económicas y Empresariales. A finales de 1978, ya estaba incrustado en la patronal sevillana, como secretario de la Confederación de Empresarios de Sevilla, siendo presidente su amigo, Juan Salas Tornero, aunque Herrero tuvo que dimitir de su cargo tras una larga crisis de los empresarios sevillanos en 1980 y tras la pérdida de confianza manifiesta de la CEOE en Salas Tornero.
En 1990 ya era secretario general de la Confederación de Empresarios de Andalucía, cargo desde el que fue consciente del gran tinglado de la formación que se propiciaba desde la Junta de Andalucía, y en el que permaneció hasta su nombramiento como presidente.
Su herencia: crisis y escándalo
El gran escándalo ha saltado de la inconclusa promoción de VPO Isbylia en Sevilla Este, promovida por una fundación de la CEA y que ha llevado a su cúpula directiva, con Herrero a la cabeza, ante los tribunales por una denuncia de estafa
La Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, cuyo patrono único es la CEA, ha sido denunciada por la vía civil y penal por los adjudicatarios de las viviendas, los contratistas de las obras e incluso por la Sareb, el banco "malo" quien detectó un desfase de entre 12 a 14 millones de euros en el préstamo que Caja Madrid otorgó en su momento para la construcción de las VPO. La denuncia penal no sólo se ha dirigido contra la Fundación en sí, si no también contra toda la cúpula directiva de la CEA, incluyendo a su presidente, quienes lejos de justificar los desfases e impagos cargaron contra la Sareb al impedir una solución para la construcción de las viviendas que, si no se entregan, obligará a la Junta a pedir el reintegro de la ayuda de 1,7 millones que se le otorgó a tal efecto.
Por si fuera poco, ya se sabía la patronal ha sufrido una importante caída de ingresos (subvenciones -Junta- y cuotas), ha pasado por un ERE que afectó a la mitad de su plantilla y cerró 2012 con un déficit de 12,4 millones, mientras el modelo de Concertación Social en el que se apoyaba sin beneficio alguno para los parados y los trabajadores andaluces.
Pero eso no impedía que la cúpula de amigos organizaran la formación de la CEA desde empresas fundadas ad hoc y formaran parte de una SICAB. De hecho, las relaciones entre Dolmen, la constructora que dejó si construir las VPO del escándalo, y destacados empresarios(incluso algún socialista) se establecen en una SICAB denominada CARTERA ANDALUZA SICAV SOCIEDAD ANONIMA, que inició sus operaciones el seis de enero de 2006 y que tiene su domicilio en la calle Arquímedes, 2 de la Isla de la Cartuja de Sevilla, justamente el mismo domicilio de la Confederación de Empresarios de Andalucía.
Su objeto Social es la captación de fondos, bienes o derechos del público para gestionarlos e Invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos financieros, siempre que el rendimiento del inversor se establezca en función de los resultados colectivos.
En el registro, aparecen en ella en calidad de consejeros de Santiago Herrero León, presidente de la CEA; su hermano Francisco, presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla; su amigo y vinculado a los negocios de formación de la CEA, Juan Miguel Salas Tornero (por cierto consuegro de la presidenta del PSOE andaluz, Amparo Rubiales); el socialista Miguel Ángel Pino Menchén y Dolmen Consultin Inmobiliario, SA, entre otros.