La Generalidad de Cataluña se prepara para llevar la ley Wert al Constitucional

El Gobierno de Artur Mas ha dado el primer paso en su decisión de recurrir al Tribunal Constitucional la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Lo había anunciado en varias ocasiones; la última, cuando la norma superó su último trámite parlamentario y el Congreso aprobó la reforma educativa del Ejecutivo popular. "En Cataluña no vamos a aplicar la ley", espetó el diputado de ERC, Joan Tardá, desde la tribuna de oradores. El País Vasco y Andalucía también se han declarado insumisas, mientras que el PSOE ha hecho pública, asimismo, su intención de recurrir al Alto Tribunal.

Pues bien, el Ejecutivo de Artur Mas aprobó este lunes solicitar un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias sobre la Lomce, como paso previo a la interposición de un recurso ante el Constitucional. En la última reunión del año del gobierno catalán, el equipo del presidente autonómico llegó a la conclusión de que la ley impulsada por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, es contraria a la Constitución, al Estatuto catalán y a la doctrina de TC, porque altera la distribución competencial.

Asignaturas y reválidas

¿Pero por qué la Lomce escuece tanto a los nacionalistas catalanes? No es solo la cuestión lingüística lo que les preocupa y molesta. También, y mucho, el tema competencial. Hay que recordar que la capacidad de decisión del Estado sobre el volumen total del currículo aumentará ahora del 65% al 75% para las comunidades autónomas sin lengua cooficial, y del 55% al 65% en las comunidades con lengua propia. El Estado pasará a 'controlar' el cien por cien del contenido de las asignaturas troncales así como sus evaluaciones; el contenido de las específicas también correrá a cargo del Gobierno central, no así el de sus evaluaciones. Y sólo sobre las asignaturas de libre configuración las comunidades autónomas tendrán un control total. Es decir, asignaturas como Historia, Geografía, Literatura o Ciencias estarán definidas por la Administración central.

Las evaluaciones nacionales y externalizadas ponen la guinda al pastel de indignación nacionalista. El Ministerio de Educación será el encargado de establecer las reválidas de 4º de la ESO y de 2º de Bachillerato, necesarias para obtener la titulación. El objetivo de este sistema de evaluaciones es "garantizar que unos conocimientos básicos sean homogéneos en todas las comunidades autónomas", explicaron a Libertad Digital fuentes del ministerio. Y es que desde Europa también han puesto el foco sobre este problema tan acusado en España: las grandes diferencias que existen a nivel educativo entre los alumnos de las distintas autonomías.

El Estado se "extralimita"

Según expuso este lunes la Generalidad, la conocida como 'ley Wert' deroga el concepto de competencia básica estatal en que el Gobierno central fija la parte común de los currículos y garantiza que las comunidades autónomas tienen la competencia en la parte restante. El Gobierno catalán denuncia además que la nueva normativa, muy criticada por la comunidad educativa catalana y gran parte de los partidos de la oposición, excluye a las comunidades autónomas de la participación en la evaluación final, lo que, en opinión del ejecutivo catalán, está en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional.

Además, el consejero de Presidencia, Francesc Homs, acusó al Estado de "extralimitarse" en sus funciones e impedir una legislación propia en Cataluña, y de reducir las competencias de los consejos escolares de los centros.

La inmersión lingüística

En materia lingüística, la Generalidad critica que la Lomce se opone "frontalmente" al régimen de Cataluña y a la Ley de Educación de Cataluña (LEC), que reconoce el derecho de los alumnos a no ser separados por razón de lengua. Según el Gobierno de Mas, la Lomce también modifica la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas al añadir un "mecanismo subsidiario" en el supuesto de que Cataluña no garantice una oferta docente razonable sostenida con fondos públicos donde el castellano pueda ser utilizado como vehicular en una proporción razonable, lo que acabaría repercutiendo en los gastos de la Generalidad.

La solución que se da en la 'ley Wert' a aquellos padres que quieran ver reconocido su derecho a que sus hijos estudien castellano es que estos puedan acudir a un centro privado y los costes corran a cargo de la Administración: la central, en un primer momento, y la autonómica, finalmente, puesto que estos costes se descontarán después a la comunidad autónoma de la financiación educativa. Para ello, Educación se reservará cinco millones de euros al año.

Llama la atención que sea precisamente la Generalidad de Cataluña la que recurra este punto al Constitucional puesto que ha sido ella misma la que ha incumplido las sucesivas sentencias a este respecto, tanto del Tribunal Supremo como del propio TC; en concreto, el fallo sobre el Estatuto de Cataluña donde el Alto Tribunal se pronunciaba así sobre el asunto lingüístico:

Las Administraciones públicas (...) no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales". Eso rompería "el equilibrio inexcusable entre dos lenguas igualmente oficiales y que, en ningún caso, deben tener un trato privilegiado". "Sólo los particulares (...) pueden preferir una u otra de ambas lenguas. Y hacerlo, además, en perfecta igualdad de condiciones (...), lo que excluye que (...) quienes prefieran el castellano hayan de pedirlo expresamente.