La Cámara de Cuentas de Andalucía, en el punto de mira de Alaya

La juez Alaya trata de saber si la Cámara de Cuentas andaluza pudo haber detenido el fraude de los ERE cuando conoció la existencia del "fondo de reptiles" y, a pesar de ello, siguió aprobando año tras año la Cuenta General presentada por la Intervención General de la Junta de Andalucía. Desde 2002, recuerda El Mundo, la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía incluía la partida de transferencias de financiación con la que la Junta ha venido pagando –a través del extinto Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y de su heredera la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)– las subvenciones sociolaborales y a empresas que concedía la Consejería de Empleo.

La juez Alaya sostiene que es el uso incorrecto e ilegal de las transferencias de financiación, que sólo puede aplicarse a los déficit y otras operaciones genéricas de los entes públicos, el que da origen al caso de los ERE. Tal uso, decidido para eludir la figura de las subvenciones excepcionales que es el que corresponde legalmente, hizo posible la arbitrariedad, la falta de publicidad, el oscurantismo y, en definitiva, el partidismo de las ayudas. Todo ello tenía que ser conocido por los máximos responsables de la Junta de Andalucía, presidencia y consejerías.

Cuando apenas acaba de terminar su informe sobre el fondo para empresas en crisis, la juez le pide ahora que estudie "las funciones de la Cámara de Cuentas" en relación con las ayudas sociolaborales que tramitó el Gobierno andaluz entre 2001 y 2011. ¿Por qué? Porque, subraya El País, el órgano fiscalizador daba el visto bueno cada año a las Leyes de Presupuestos que incluía la partida 31.L con las ayudas sociolaborales.

De haber informado negativamente sobre el "fondo de reptiles" cuando se introdujo en el Presupuesto, en el año 2002, el Parlamento podría haber reaccionado negándose a aprobar el presupuesto y el fraude habría sido en todo caso menor.

Lo curioso es que la Cámara de Cuentas, presionada por el escándalo, realizó en 2011 un estudio fiscalizador de las ayudas concedidas a trabajadores y empresas por la Junta entre 2001 y 2010. En ese informa, la Cámara reconocía que el IFA e IDEA usaron indebidamente las transferencias de financiación para ocultar las subvenciones partidistas o nepotistas.

Alaya tiene en cuenta este informe del Gabinete jurídico de la Cámara y se lo remite al equipo de la Intervención del Estado para que lo analice. Téngase en cuenta, asimismo, que el abogado Juan Carlos Alférez, letrado del exdirector de IDEA Jacinto Cañete, subrayó el papel de la Cámara de Cuentas argumentando que la Cámara "bendecía año tras año" la aprobación de las Leyes de Presupuestos por parte del Parlamento andaluz. En concreto, el abogado se preguntó cómo fue posible que la Cámara de Cuentas –"un órgano tremendamente especializado, con altísimo nivel técnico y con ingentes medios analíticos", pudiera detectar "una irregularidad en un ticket de dos euros" y dejara pasar año tras año "presuntas irregularidades de centenas de millones de euros".

El reciente informa de la Intervención General de la Administración del estado encargado por la juez Alaya sostiene que la Intervención General de la Junta tampoco hizo lo que debía, a pesar de haber advertido de las irregularidades en numerosas ocasiones. Además, debió haber emitido un informe de actuación cuando descubrió que la agencia IDEA era instrumento de un sistema irregular de subvenciones que podía causar, como lo ha hecho, daño al dinero público.