En el esquema de Alaya, el fondo de reptiles era parte de la política económica del PSOE. Lo ha expuesto la juez en el escrito de imputación que leyó el martes a Juan Francisco Sánchez García, ex directivo de la Agencia IDEA, pieza clave del engranaje del dinero de los ERE y las ayudas a empresas "amigas" cuyo abogado, Francisco Baena Bocanegra, señala a la juez que su razonamiento da pie a una "colosal trama confabulatoria".
Lo que hizo el PSOE desde su gobierno de la Junta de Andalucía, según Alaya, fue utilizar las ayudas a empleo y a empresas como herramienta política para su beneficio electoral y como método de ayuda a "amigos" y correligionarios. Es más, la juez llega a decir que en realidad "esa financiación sin control, rápida y eficaz" pasará a ser desde el año 2000 uno de los instrumentos de la política económica de la Junta de Andalucía.
El esquema utilizado durante diez años, al menos, era muy sencillo y se pretendía impune. Se trataba de manejar el dinero público sin interferencias de interventores u órganos fiscalizadores ni textos legales ni obligaciones formales.
En fases todo ocurrió de este modo y así lo recoge ABC:
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Comenzó en 2000, y tal vez antes, un reparto "absolutamente discrecional" entre empresas seleccionadas en función de su cercanía a dirigentes políticos o sindicales.
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El sistema fue degenerando posteriormente, concediéndose mayores subvenciones a empresas sin actividad, creadas ex profeso para recibir tales ayudas o subvenciones individuales a personas cercanas a los círculos de poder. Para atender las necesidades crecientes, se creó el engaño de las transferencias de financiación que simulaban pérdidas que luego eran compensadas de ese modo.
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Aparece la figura del "intruso", personas que eran introducidas como beneficiarios de una póliza de prejubilaciones sin haber pertenecido nunca a la empresa a la que se concedía el ERE o "contratadas fraudulentamente" muy poco tiempo antes de la aprobación del mismo. De esta forma, pasaban a beneficiarse de la renta de prejubilación que financiaba la Junta de Andalucía.
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La gestión del fondo de reptiles a través de modificaciones presupuestarias en las que los directivos de la agencia IDEA tuvieron un papel esencial convierte al procedimiento en parte de la política económica del gobierno socialista.
En palabras de la juez, el sistema "se iniciaría en el año 2000 y perduraría durante una década, y que desde el comienzo, sin contar con fiscalización previa ni bases reguladoras, fue absolutamente discrecional, repartiéndose millones de euros a empresas próximas al poder político o sindical, bien para supuestas inversiones que no se controlaban, bien para la prejubilación de sus trabajadores, sistema que siendo presuntamente ilegal degeneró en mayores desviaciones a través de múltiples subvenciones concedidas a empresas sin actividad creadas para percibir tales ayudas o subvenciones individuales, a personas cercanas a los círculos de poder" o a 'intrusos' (…) Esa financiación sin control, rápida y eficaz, presuntamente pasaría a ser desde el año 2000 uno de los instrumentos de la política económica de la Junta de Andalucía".
Cañete sostuvo el procedimiento con variantes
También ha pasado por el despacho de Alaya el exdirector general de IDEA, Jacinto Cañete, al que, como al primero, la juez le ha imputado tres delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y omisión del deber de perseguir delitos. Al término de sus comparecencias, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido fianzas civiles de diez y ocho millones para Juan Francisco Sánchez y Jacinto Cañete, respectivamente.
Destaca El Mundo que la instructora cree que, en 2008 y tras la llegada del nuevo director general de Trabajo, Juan Márquez, y al "conocerse el descontrol que existía" en dicha Dirección General, se produjeron una serie de reuniones entre Márquez, Cañete y el director de Finanzas Antonio Diz-Lois "en las que se acordaría seguir el procedimiento específico de concesión de subvenciones a través de las transferencias de financiación, pero montando los expedientes conforme a las reglas de la administración".
Es más, acordaron que la cuantía de las ayudas sociolaborales "no se consideraría de manera global, evitando la aplicación de la normativa comunitaria y el filtro del Consejo Rector de IDEA y del Consejo de Gobierno", dice la juez, que acusa al imputado de haber tenido conocimiento del informe de cumplimiento sobre IDEA del ejercicio 2008 "en el que se ponía de manifiesto de nuevo que la concesión de ayudas sociolaborales no debía hacerse mediante transferencias de financiación".
Pero Cañete siguió permitiendo que la Consejería de Innovación e IDEA en los años 2008 y 2009 "siguiera participando en sistemas de concesión de subvenciones contrario a la ley".
Aunque se ha acogido a su derecho a no declarar, Cañete se ha ratificado tanto en las declaraciones prestadas en la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz como en un escrito de alegaciones en el que su abogado, Juan Carlos Alférez, defiende que su cliente "ni ideó, ni creó, ni participó en la génesis" del programa presupuestario 31.L, más conocido como 'fondo de reptiles', "limitándose como director general a continuar cumpliendo con las obligaciones que las leyes de presupuestos preveían para IDEA, en síntesis y de manera pacífica a estar a la altura del proceso y ser caja pagadora de la Consejería de Empleo en la concesión de ayudas sociolaborales y directas a empresas".
La defensa de Cañete acusó a la Intervención General de la Junta de doble lenguaje. Al rendir las cuentas de 2008 y 2009, "no informó de ninguna ilegalidad o irregularidad en el programa 31.L." pero emitía informes especiales denunciando" la inadecuación de las transferencias" que luego bendecía en la rendición de la cuenta general".
Igualmente, la Cámara de Cuentas "llevaba la cuenta general al Parlamento para su aprobación sin tacha, reproche, comentario ni observación de ilegalidad", mientras que el Parlamento, en la aprobación de liquidación del programa, "bendecía, asentía y confirmaba las trazas esenciales" del mismo.