Tres documentos se van consolidando como fundamentales en el caso de los ERE. El primero, el informe original no "maquillado" de la Cámara de Cuentas que apunta a a responsabilidades políticas de Manuel Chaves y su sucesor, José Antonio Griñán. El segundo, la carta y el testimonio del ex interventor general Manuel Gómez Martínez que acusó a José Antonio Griñán de "cebar" el fondo de reptiles. El tercero y último en el tiempo, el informe de la Intervención General de la Administración del Estado, encargado por la juez Alaya, nada menos que 4.000 folios que vienen a corroborar las tesis de la magistrada. Entre otras, que la Junta engañaba al Parlamento andaluz año tras año ocultando el "fondo de reptiles" a la vista de los diputados que aprobaban el presupuesto anual de la administración andaluza.
El engaño de los socialistas duró 10 años
Se trataba de ocultar la existencia y finalidad política del fondo de reptiles. Para ello, según el informe de la IGAE, el Gobierno presentó ante el Parlamento, año tras año, unos presupuestos falseados que hacían imposible detectar la presencia del fondo de reptiles De hecho, reflejaban "pérdidas inexistentes" en el Instituto de Fomento de Andalucía -IFA-, primero, y la Agencia IDEA, que sucedió al anterior, después. Lo realmente propio de una ingeniería presupuestaria maquiavélica es que para cubrir esas pérdidas ficticias se instrumentaban las "transferencias de financiación" que, después, en realidad, se empleaban para conceder ayudas sin publicidad, transparencia ni libre concurrencia. Como es sabido, dichas transferencias sólo pueden ser usadas para cubrir pérdidas de las entidades públicas.
Dicho de otro modo, cuando se aprobaba el presupuesto y el programa 31.L -recipiente del fondo de reptiles-, el Parlamento no aprobaba un crédito para otorgar subvenciones sociolaborales, sino para cubrir pérdidas del tales entidades. Por ello, concluye el informe, la Cámara autonómica fue engañada por el Ejecutivo que durante esos años estuvo presidido por Manuel Chaves, primero, y por José Antonio Griñán, después.
Con ello, desmonta el argumento principal de los gobiernos de la Junta según el cual dado que el dinero salía realmente del presupuesto y que éste, dinero del fondo de reptiles incluido había sido aprobado por el Parlamento, el sistema era legal. Tanto que aporta ABC que el convenio firmado en 2001 instaurando el método que está bajo investigación judicial adquirió rango legal cuando fue incluido en algunas de las leyes del presupuesto. Pero fue incluido como documentación anexa, no como parte esencial de esas leyes. Los anexos "en ningún caso adquieren fuerza de ley ni son objeto de aprobación o refrendo por dicha Cámara".
Con ello, la Intervención General del Estado está tirando por tierra el argumento pretendidamente más sólido empleado, entre otros, por Manuel Chaves y por José Antonio Griñán para defender la legalidad del sistema, ante la comisión de investigación de los ERE. Apoya la tesis, pues de la juez Alaya que, en la lectura de cargos al ex director general de Presupuestos Antonio Lozano, ya manifestó que el Parlamento fue engañado mediante el falseo de los presupuestos de IDEA.
Los ERE podrían ser nulos
La Intervención General del Estado, en el mismo informe, cree que las ayudas investigadas en el caso de los ERE falsos prescindieron "total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", lo que puede ser causa de su "nulidad de pleno derecho". La Razón recuerda que el Estado reguló a través de la Orden del Ministerio de Trabajo, 5 de octubre de 1994, -siendo ministro José Antonio Griñán- un procedimiento de concesión de ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad Social, a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas, fórmula que podía ser ejecutada por las comunidades.
Pero el caso es que Andalucía desarrolló "un sistema propio de subvenciones del ámbito laboral distinto al establecido por el Estado con cargo al Presupuesto de la Junta y con la misma finalidad que aquél, pero utilizando criterios y baremos muy superiores" a los fijados en la citada Orden y "sin acogerse al procedimiento de tramitación previsto en la misma", sino mediante "la contratación de pólizas de seguros de prejubilación suscritas con compañías aseguradoras privadas".
Los técnicos sostienen, tras la respuesta de la Secretaría General requerida por Alaya, que "se podría concluir, dado el marcado carácter laboral de las obligaciones cubiertas por las ayudas" de la Consejería de Empleo que Andalucía ha "mantenido, gestionado y ejecutado" un régimen particular de ayudas que "pudieran corresponder al ámbito laboral" financiadas con el "fondo de reptiles", por lo que "podría entenderse vulnerada la competencia exclusiva del Estado en lo referente a legislación laboral –149. 1.7. de la Constitución española–".
En todo caso, en la concesión de ayudas sociolaborales objeto de este informe, se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido en la normativa del Estado y en la de la comunidad". Punto básico dado que, "a tenor del artículo 62.1 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, pudiera ser causa de nulidad de pleno derecho".
Los exconsejeros de Economía, responsables
En el informe se dice, además, que "no consta que en el periodo 2000-2009" los sucesivos consejeros de Economía "en el ejercicio de sus competencias, hayan adoptado las medidas necesarias para evitar dichas irregularidades", esto es, se avala directamente la decisión de Alaya de imputar a la causa, entre otros 133 acusados, a la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez, a José Antonio Griñán -luego presidente de la Junta- y la exconsejera Carmen Martínez Aguayo.
Tampoco consta que el consejero de Economía hubiese dado cuenta al Consejo de Gobierno de los informes que le elevó el Interventor General, cosa que debería haber hecho según ordena el Reglamento de la Intervención de la Junta.
Otras ilegalidades
El director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, no tenía competencia legal para dar ayudas y, en las subvenciones de más de tres millones de euros, tenía que contar con la preceptiva autorización del Consejo de Gobierno.
Todo se hizo, además, sin publicitar las ayudas y sin establecer "los baremos, límites y condiciones de las subvenciones" y "sin aplicar los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad legalmente establecidos para la concesión de subvenciones". Por ello, hubo personas y grupos que percibieron varias ayudas.
La Junta no comprobó que los beneficiarios estuvieran al corriente de sus obligaciones tributarias, no exigió el el preceptivo informe del Gabinete Jurídico de la Junta ni ordenó el seguimiento de las ayudas. IFA e IDEA actuaron indebidamente al aplicar las transferencias de financiación recibidas a las ayudas empresariales y laborales, a sabiendas de que sólo pueden usarse, de manera exclusiva, para la cobertura de pérdidas, por lo que están obligadas por ley a devolver a la Tesorería de la Junta esos fondos.
Tampoco siguió la Junta el procedimiento fijado en la Ley de Contratos del Estado para la selección de la entidad aseguradora ni la mediadora, y además las seleccionadas no operaban legalmente pues Vitalia no podía trabajar como correduría de seguros y Personal Life carecía de la preceptiva autorización para operar en Andalucía. Vergonzosa es la información que aporta el informe de la Intervención del Estado cuando atestigua que Apra Leven cobró por error 2.999.999,99 euros en lugar de los 299.999,99 debidos y luego se negó a devolver el dinero.
El PSOE cuestiona a la Intervención
El secretario de Organización del PSOE, Juan Cornejo, calificó el lunes como "extraño" que la juez Alaya encargara a la Intervención General del Estado (IGAE) el peritaje sobre la concesión de las ayudas sociolaborales, cuando en Andalucía hay organismos facultados para ello, como la Cámara de Cuentas y sembró la sospecha sobre la coincidencia de que el informe salga un día después de la anulación por la Audiencia de Sevilla del auto de la juez en el que preimputó a los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves y a cinco exconsejeros. Es más, al socialista no le pareció casual.
El responsable de Organización del PSOE andaluz dijo que su formación no comparte "ni las formas ni el fondo". "Todo lo que sabemos es producto de una información de un medio de comunicación, no nos parece ni correcto ni adecuado que las partes interesadas no tengan ese informe, que desconocemos en su conjunto", criticó.
Aunque dijo no conocerlo, luego afirmó que el informe está "lleno de contradicciones" en lo relativo a la adjudicación de responsabilidades. "Puedo garantizar que ningún responsable de la Consejería de Economía y Hacienda ha dado el visto bueno a ninguna actuación sin el visto bueno de la Intervención de la Junta", agregó.