La Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a oponerse este martes a la imputación de la Infanta Cristina en el último escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción Número 3 de Palma, en el que pide además la apertura de diligencias previas contra el responsable del sindicato de técnicos del ministerio de Hacienda (Gestha).
El fiscal quiere que se abra una investigación al sindicato a efectos de determinar "las posibles responsabilidades penales y sus autores, en relación a la imputación de falsedades en el tratamiento de los datos fiscales de Aizoon y sus socios".
En el escrito, el representante del Ministerio Público señala que "acusar a los inspectores de la AEAT en funciones de auxilio judicial de manipular los datos fiscales es una imputación grave, gratuita y falsa".
El fiscal Pedro Horrach destaca que "resulta obligado amparar en las funciones de auxilio judicial a los profesionales que la desarrollan". "Lo contrario" -añade- conllevaría un permanente estado de indefensión y tolerar conductas que interfieren y pervienten el proceso penal".
No hay indicios contra la infanta
Según Horrach, se opone a la imputación de la Infanta, al alegar que las dos últimas diligencias de investigación aportadas al caso Nóos -un informe de la Agencia Tributaria y otro del grupo de delincuencia económica de la Policía Nacional- "corroboran la inexistencia de indicios incriminatorios" de los que pudiera derivarse el encausamiento de la hija del Rey.
En su escrito, el representante de Anticorrupción llega a decir al juez Castro que "es un principio básico del Derecho Penal que no se puede imputar a nadie por lo que es, sino por lo que ha hecho", en referencia a la esposa de Iñaki Urdangarín.
Horrach critica además el hecho de que José Castro haya desarrollado durante los últimos meses "una intensa actividad investigadora centrada exclusivamente en la mercantil Aizoon y en los gastos personales imputados a Doña Cristina de Borbón", sin que haya utilizado el mismo celo investigador, "en los mismos términos de intensidad", a otras mercantiles del conglomerado Nóos participadas por Ana María Tejeiro, mujer de Torres, imputada en la causa.
"En un Estado de Derecho, ante circunstancias idénticas la respuesta judicial debe ser idéntica, de modo que el objeto de la investigación penal sean las personas por su presunta participación en los hechos delictivos y no por su condición", concluye el fiscal.