La Intervención General del Estado ha proporcionado a la juez Alaya el informe que avala las tesis de la magistrada para imputar al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y a las exconsejeras Magdalena Álvarez y Carmen Martínez Aguado por el caso de los ERE, como ha dado a conocer este domingo el diario El Mundo.
Según el informe Griñán no hizo nada para impedir los falsos ERE, lo que avala las tesis que mantenía la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya y le proporciona los argumentos necesarios para justificar la preimputación a Griñán.
El peritaje, adelantado por Diario de Sevilla, refrenda la ilegalidad de todo el sistema para el pago de las subvenciones e inciden en la responsabilidad que en todo ello tuvieron los máximos responsables de la Administración autonómica en la materia.
El informe aclara que ni el expresidente de la junta, ni la exministra de Fomento tomaron "las medidas necesarias para evitar las irregularidades". Los peritos califican de "improcedente" y reiteran el carácter ilegal del sistema de transferencias de financiación tal y como los gobiernos de Chaves y Griñán lo usaron para pagar las prejubilaciones.
Y añaden que dichas subvenciones se otorgaron con total "discrecionalidad" beneficiando a los llamados intrusos y pagando sobe-comisiones a las aseguradoras careciendo, como indica el Informe, de "objeto concreto".
El documento que tampoco deja en buen lugar al que fuese interventor de la Junta, Manuel Gómez que no actuó para poner fin a las irregularidades y al ex director general de Trabajo Francisco guerrero que durante una década se otorgo las subvenciones del fondo de reptiles "sin competencia legal".