UGT-A encargó 26.000 maletines para el Plan Intersectorial de Formación de UGT que se repartieron, no se sabe si pagados u obsequiados, a diferentes entidades. Una de ellas, Sifosa es la empresa familiar en la que participa Benjamín Muñoz Zamora, socio de Amparo Rubiales, presidenta del PSOE andaluz hasta hace unas semanas, y Javier Pérez Royo, asesor aúlico del ex presidente Manuel Chaves. Sifosa, a la que correspondieron 760 maletines, está denunciada en la Fiscalía de Sevilla por diversas irregularidades relacionadas con los cursos de formación.
Recuérdese que el cargo de dichos maletines no fue costeado por UGT sino que fue consignado por esta a subvenciones de la Junta. En el año 2010, UGT A adquirió 26.000 mil maletines de ref. 10SI564 a Carpetas Abadías, para servir de recipiente en la entrega del material de formación del Plan de Formación Intersectorial de UGT-A, por un importe de 291.200€ de base imponible, IVA no incluido.
El pedido fue troceado en cuatro facturas. Tres fueron correctamente imputadas a dicho Plan Intersectorial, pero una de ellas, la que tiene el importe total de 111.417,64 euros IVA incluido, fue consignada para formar parte de los gastos subvencionados de la Campaña de Sensibilización de Prevención de Riesgos Laborales de 2010, con el título de "Carpeta Preventiva".
De este modo, el 32 por ciento del coste de la operación fue sufragado por la Junta de Andalucía y sus subvenciones aunque la acción realizada era una mera acción sindical que, a su vez, ya estaba subvencionada. Este fue el reparto:
Sifosa, "empresa amiga" del PSOE
Las Administraciones Públicas, Estado, Autonomías, Entidades Locales adjudicaban cursos a UGT, pero no siempre esta se encargaba de impartirlos sino que los subcontrataba con otras empresas e instituciones, En este caso, se comprueba como incluso empresas privadas "amigas" se hacían cargo de los cursos.
Desde hace años, Sifosa, una empresa con sede en Madrid, colabora con UGT Andalucía. Como se dice en su propia propaganda, "Sifosa se encuentra colaborando con TCM-Andalucía y FSP-UGT Andalucía en la elaboración de materiales didácticos para la formación profesional para el empleo dentro del marco de las acciones de investigación e innovación de la Dirección General de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo."
El problema es que, como ya ha informado Libertad Digital, sobre Sifosa y las empresas relacionadas con ella pesan ya cuatro denuncias interpuestas ante la Fiscalía de Sevilla, que hasta el momento no ha tomado determinación conocida alguna.
El pasado 7 de noviembre se presentada la ultima denuncia que insistía en las irregularidades cometidas en la concesión de subvenciones a la formación profesional a otra empresa ligada a la familia de Benjamín Muñoz Zamora, socio de Amparo Rubiales, ex presidenta del PSOE andaluz y Javier Pérez Royo, ex asesor aúlico de Manuel Chaves, en el Estudio Jurídico Itálica y otras empresas. Este es el documento oficial de la última denuncia:
El fundamento de la denuncia es que en los casos de las empresas, Sistemas y Fomentos Tecnológicos, SA (SIFOSA) , como en Serprosa, tienen como única actividad la de recibir subvenciones de la Junta de Andalucía. Como la anterior, también está bajo el control de Antonio Muñoz López, padre de Muñoz Zamora, y tiene su sede en Madrid, en el Paseo de la Castellana, 219, pero no deposita sus cuentas en el Registro Mercantil y tiene deudas con las Administraciones Públicas, constando al menos 28 reclamaciones administrativas por lo que se tienen dudas sobre la realidad de su capital social de más de 60.000 euros.
La juez Alaya investiga a estas empresas
La Guardia Civil, según La Razón, y por orden de la juez Alaya ya está rastreando, a través de la Unidad Central Operativa (UCO), qué empresas de las que recibieron subvenciones para la formación por parte de la Junta de Andalucía están participadas por la Unión General de Trabajadores y cuáles no tienen nada que ver con el sindicat. Las diligencias han sido declaradas secretas por la juez las diligencias correspondientes han sido declaradas secretas por la juez Mercedes Alaya.
Por poner un solo ejemplo conocido, UGT Andalucía había pagado ocho millones de euros a una de las empresas pantalla que usó el "conseguidor" Juan Lanzas dedicada a los cursos de formación. Planificación, Cooperación y Desarrollo (PCD) y Círculo Empresarial para la Formación han sido proveedores habituales de UGT-A ejerciendo de subcontratas para la impartición de cursos.
Las dos, a su vez, contribuyeron a introducir en el circuito financiero dinero procedente de las sobrecomisiones pagadas por la Junta a través de varias empresas pantallas del entramado societario de Lanzas: Travol 2007, Servicios Inmediatos de Andalucía y Conexión en reparto. La Guardia Civil llamó la atención sobre "las importantes operaciones comerciales" que PCD mantuvo con el sindicato UGT y varias de sus federaciones. Entre 2000 y 2010 PCD declaró ingresos del sindicato que se elevaron a 7.935.509,37 euros, la mayoría de su cuenta de resultados.
Tras la inhibición de la Audiencia Nacional a favor del juzgado de Alaya por las presuntas irregularidades de UGT en cursos de formación y otras partidas finalistas, la magistrada tiene carta blanca para practicar diligencias. Dos cabos principales atan la madeja por ahora.
Uno, los mencionados pagos de UGT a empresas relacionadas con el "holding" de blanqueo de Lanzas. Y dos, el presunto desvío de fondos públicos de la Junta y otras irregularidades contables y administrativas que afectan a cursos de formación, que podría seer el caso de Sifosa de confirmarse los hechos denunciados en la Fiscalía.
Desde 2001 a 2010, la Junta dedicó a formación unos 4.000 millones de euros, cuatro veces más que a los ERE y ayudas a empresas. UGT fue, junto a CC OO y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), uno de los principales receptores de estos fondos. Hay documentación que apunta a que UGT-A y un amplio conglomerado de entes afines pudieron incurrir en cobro de comisiones abusivas por subcontratar cursos, desvío de dinero para gastos internos o a irregular implementación de los cursos.