El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado, ha pedido este jueves "no demonizar" a la organización sindical UGT-A, que, según ha explicado, ha concurrido con más de 500 entidades para recibir las subvenciones del programa de Andalucía Orienta, y ha señalado que su Departamento está cumpliendo "estrictamente" la ley en relación a estas ayudas.
En comisión parlamentaria para explicar los criterios de concesión de estas subvenciones así como el cumplimiento de las entidades beneficiarias de los requisitos legales para su obtención, Sánchez Maldonado ha señalado que si una entidad cumple los requisitos y los plazos de solicitud "no se puede desproteger de ese derecho", en relación al caso de UGT-A.
El consejero también ha destacado lo "minucioso" y "garantista" del procedimiento por el cual se conceden estas subvenciones, ya que "además de cumplir las normas de la convocatoria, también se les aplica el régimen jurídico" del ámbito, y ha considerado que "no se ajusta a la realidad" el intento del Partido Popular de insinuar que la Administración andaluza está beneficiando a UGT-A, que, además, con esta nueva Orden "recibe menos".
Según ha señalado el consejero, en la nueva Orden se ha establecido la concurrencia competitiva entre las entidades solicitantes, siguiendo así las recomendaciones de la Cámara de Cuentas, y ha contado con criterios objetivos para el reparto de 56,5 millones de euros.
Asimismo, ha señalado que las entidades deben cumplir la Ley de Subvenciones de ámbito nacional, la Ley de Hacienda Pública, de ámbito andaluz, y el Real Decreto que aprueba el procedimiento de subvenciones y la Ley de régimen jurídico de la Administración Pública y el procedimiento común.
El consejero también ha querido dejar claro que él "no ha firmado nada" en relación a una resolución por la cual se exime a las entidades de justificar las subvenciones de ejercicios anteriores, punto que el PP-A ha pedido que explicara.
Por su parte, la diputada del PP-A Teresa Ruiz Sillero ha advertido de que "no es ético" concederle al sindicato ayudas cuando tiene que devolver 1,8 millones y ha cuestionado sobre si UGT-A cumple el régimen jurídico a tener en cuenta para estas subvenciones.
La portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario popular ha criticado que la Junta de Andalucía "favorezca la concesión a entidades con implantación en varias provincias, perjudicando a sabiendas a los ayuntamientos y mancomunidades", que "son quienes en realidad prestan el servicio", agregó.
"La Junta realiza una convocatoria teledirigida para favorecer a sindicatos y determinadas entidades privadas de las que no sabemos ni quién está detrás y sin control exhaustivo ni público en detrimento de ayuntamientos que si están bajo control", ha señalado.
El consejero, afiliado a UGT-A
Además, ha añadido que el Gobierno andaluz "está privatizando los servicios de formación y orientación de los andaluces", y puso como ejemplo la eliminación de estas ayudas para los ayuntamientos de. Granada, Huelva o Cádiz.
Por último, ha recordado que el actual consejero del ramo de Economía es militante de UGT-A y ha mostrado su deseo de que se diera de baja temporalmente para "garantizar su imparcialidad". En este punto, Sánchez Maldonado ha destacado que este dato entra dentro "de lo personal" y "no implica nada", al tiempo que ha afirmado que va a seguir siendo militante de base de este sindicato, igual que es catedrático y profesor en la universidad.