La Audiencia Nacional remite a Alaya la investigación sobre las cuentas de UGT

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha remitido a la juez encargada del caso de los ERE en Andalucía, Mercedes Alaya, la investigación sobre la participación del secretario general de UGT Cándido Méndez y el tesorero Antonio Retamino en la presunta financiación del sindicato a través de fondos destinados a la formación.

El magistrado ha seguido el criterio del Ministerio Público que le ha solicitado en un escrito presentado este miércoles que se inhiba a favor de la magistrada, ya que el Juzgado número 6 de Sevilla, que dirige Alaya, ya investiga al sindicato.

La Fiscalía Anticorrupción sostenía que los hechos denunciados se refieren sólo a UGT de Andalucía, por lo que no son competencia de la Audiencia Nacional, y que debe ser Alaya, que también instruye el caso de los ERE, la que los incluya en la causa en la que ya investiga la financiación del sindicato.

"Procede efectivamente, como solicita el Ministerio Fiscal, acordar la inhibición de las presentes diligencias a favor del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, por cuanto como señala de los hechos denunciados está conociendo dicho Juzgado en méritos de las diligencias previas 6344/2013", dice Pedraz.

El magistrado añade que la ley dice que "los presupuestos competenciales de la Audiencia Nacional", establecidos en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), "tienen que aparecer suficientemente acreditados al menos a los efectos provisionales de la determinación inicial de la competencia".

Así, en este caso, Pedraz observa que "en base exclusivamente a unas informaciones periodísticas -que fue lo que aportó Manos Limpias- no pueden aparecer suficientemente acreditados (...) los presupuestos competenciales, máxime si como señala el Ministerio Fiscal hay un órgano judicial investigando".

El juez, sin embargo, deja una puerta abierta al retorno del caso a la Audiencia Nacional, al señalar que si Alaya "observa que efectivamente se dan aquellos presupuestos competenciales acuerde rechazar la inhibición" y remitirle el caso.

También plantea la posibilidad de que la juez de Sevilla siga investigando y, si a lo largo de la instrucción aparecen elementos que determinen la competencia de la Audiencia Nacional, se inhiba en ese momento.

Manos Limpias, que decía que las conductas denunciadas podrían constituir los delitos de falsedad documental, delito mercantil, estafa, apropiación indebida y contra la Hacienda Pública, afirmaba en su denuncia que UGT se queda con un 15% de las subvenciones para cursos de formación y el Instituto para la Formación y Estudios Sociales (IFES), creado por el sindicato, con otro 4%.

La denuncia se dirigía contra el secretario general de UGT, Cándido Méndez, y contra el tesorero del sindicato, Antonio Retamino.

Según los denunciantes, el IFES recibió en 2012 más de 48 millones de euros; dos de sus filiales -Formación 2020 y Localmur, dedicadas al alquiler de locales y a la intermediación en la compra de libros-, acumulan un patrimonio de 13,2 millones; y el sindicato mantiene con IFES una deuda de 23,3 millones.

Para Manos Limpias, esto revela "un entramado societario opaco entre UGT, IFES y las filiales Formación 2020 y Localmur".

"Este entramado de empresas, con la cabeza visible de IFES, está representada en Euskadi, Galicia, Baleares, Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Valencia, La Rioja, Navarra, Murcia, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE- UGT), Federación del Metal, Federación de Transportes, Comunicación y Mar", decía el texto.

Según Manos Limpias, entre los cursos hay algunos "insólitos y verdaderamente descarados", como los de "risoterapia", "control de estrés", "paquetería creativa", "arte floral" y "cortador de jamón".