El juez Javier Gómez Bermúdez ha pedido al Ministerio de Defensa que desclasifique los pinchazos telefónicos hechos por el CNI a los abogados y enlaces que supuestamente servían de correa de transmisión entre ETA y sus presos, entre ellos el jefe del grupo y presunto portavoz de la banda, David Pla.
El magistrado de la Audiencia Nacional ha tomado esta resolución en un auto, en el que reclama a Defensa el expediente por el que se autorizaron las intervenciones telefónicas de diez abogados y enlaces de ETA investigados en este caso.
Además de Pla, que leyó en octubre de 2011 el comunicado de ETA anunciando el cese de la violencia armada, el juez ha acordado que se remitan los pinchazos a los abogados Arantza Zulueta y Jon Enparantza, los etarras Naia Zuriarrain y José Domingo Aizpurua, el exfutbolista de la Real Sociedad Iker Sarriegui, la responsable de Exterat Saioa Aguirre, el exmiembro del sindicato LAB Juan María Jáuregui, el exresponsable nacional de Gestoras Pro Amnistía Julen Celarain y a Nerea Redondo.
En su exposición motivada a Defensa, el magistrado recuerda que en esta causa se investigan delitos "de máxima gravedad, se intenta determinar si determinados abogados (considerados por el Ministerio del Interior como "colectivo de abogados de apoyo a ETA") son o no dirigentes, miembros o colaboradores de la organización terrorista ETA".
Estas personas servían de correa de transmisión y comunicación entre la dirección de la banda y sus diferentes estructuras y, según detalló tras su detención en abril de 2010 el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, los diez investigados se dedicaban a recopilar información sobre posibles objetivos de la banda, entre los que figuraba en ese tiempo el propio político socialista.
El juez considera ahora que la desclasificación solicitada "no pondría en peligro la eficacia, las fuentes de información, los medios y los procedimientos operativos de los servicios de inteligencia".
Las comunicaciones que el juez reclama son tanto llamadas telefónicas como envíos y recepción de mensajes de texto entre las personas implicadas en la causa, y entiende necesario desclasificar esos documentos para determinar si constituyen un medio necesario, adecuado e idóneo para la investigación sumarial.
Es, insiste, necesario teniendo en cuenta que toda la investigación de la Guardia Civil "cuelga" de la interceptación de comunicaciones hechas por el CNI(Centro Internacional de Inteligencia). Según el juez, "la no aportación a la investigación judicial de los documentos o información solicitados daría al traste con el derecho de defensa e impediría de facto el enjuiciamiento, o abocaría a una sentencia necesariamente absolutoria".
Gómez Bermúdez considera que solicitar esos documentos no inciden en la capacidad operativa del CNI, sino que "apuntala la importante labor que desarrollan y tiene un efecto preventivo y profiláctico importante" ni tampoco pondría en peligro "la integridad física de quienes son, o fueron, agentes operativos o de sus familiares y allegados".
El magistrado ha tomado esta decisión con el informe favorable del fiscal para el caso de los dos abogados, ya que el representante del ministerio público cree que existe "una conexión directa y derivada entre las intervenciones telefónicas constatadas y el delito de integración en organización terrorista objeto de investigación".
La detención de estos presuntos colaboradores de ETA tuvo lugar en Vizcaya, Guipúzcoa y Hendaya en 2010 y fue posible gracias a la documentación intervenida a Francisco Javier López Peña, "Thierry", responsable del aparato político de ETA, detenido en mayo del 2008 en Burdeos.
En esta operación fue detenido David Pla, presunto miembro del "comando Zaragoza" de ETA e imputado por el asesinato del senador del PP Manuel Giménez Abad en mayo de 2001 en Zaragoza, aunque finalmente fue puesto en libertad, pese al criterio de la Fiscalía, pues la Audiencia Nacional no halló indicios de su participación en los hechos.