Estas son algunas de las claves de la reforma educativa llevada a cabo por el Ministerio de Educación, dirigido por José Ignacio Wert:
Asignaturas troncales, comunes y obligatorias
Las asignaturas se dividirán en troncales, específicas y de libre configuración para garantizar "un núcleo básico homogéneo" de los contenidos en todas las comunidades autónomas. El Estado será el que defina los contenidos y la forma de evaluación de las troncales y los criterios de evaluación de las específicas. Las autonomías tendrán total libertad para definir las de libre configuración y las asignaturas sobre sus lenguas cooficiales.
Evaluaciones nacionales y suspensos
Desaparece la Selectividad y se implantarán evaluaciones externas al finalizar ESO y Bachillerato. El Ministerio de Educación siempre ha negado que se traten de "reválidadas", que impidan seguir estudiando si se suspenden, pero será necesario aprobar estas pruebas para conseguir la titulación.
En Primaria la prueba se efectuará en Tercero para medir la capacidad en lengua, escritura y cálculo y serán diseñadas por las comunidades autónomas en contra de las anteriores que serán competencia del ministerio y se realizarán y corregirán por personal externo al centro. Esta prueba en Primaria no puntuará para nota pero sí servirá de indicativo para saber en qué hay que reforzar a los alumnos. Sí serán puntuables y harán media las evaluaciones de 4º de la ESO y Bachillerato.
Además, a partir de ahora no se podrá pasar con más de dos asignaturas suspensas, siempre y cuando entre esas asignaturas no estén las Matemáticas y la Lengua castellana/cooficial. En este caso, tampoco.
La nota de Religión y su alternativa cuentan
Las asignaturas de Religión y su alternativa (Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria) serán evaluables y su nota contará para la media del curso "a todos los efectos" como para obtener una beca, por ejemplo, Es obligatorio ofertar la religión, pero no lo es escogerla. Tampoco se incluirán en las evaluaciones nacionales.
El alumno podrá optar por una de ellas o estudiar las dos a la vez en lugar de cualquier otra optativa, según explica el ministerio. En Bachillerato el centro podrá ofertarla o no entre las distintas optativas.
Por otro lado, se suprime finalmente la asignatura de Educación para la Ciudadanía a pesar del informe del Consejo de Estado que pedía que se mantuviera, pero su contenido pasa a ser transversal, es decir, que se incluye en otras asignaturas.
4º de la ESO, la nueva FP y Bachillerato
Otra de las novedades será la reforma de 4º de la ESO que tendrá dos itinerarios, uno enfocado al Bachillerato y otro a la Formación Profesional. Se convertirá en un curso puente o pasarela y "cumple un poco" con la función de lo que habría sido hacer un Bachillerato de tres años en lugar de dos. Si finalmente no se ha aumentado el número de cursos de Bachillerato es, entre otras cosas, porque "estructuralmente resultaba muy complicado y caro para los centros", dijo Wert cuando el Consejo de Ministros dio luz verde a la norma.
Durante su paso por el Congreso, el Grupo Popular unificó los Bachilleratos de Humanidades y Ciencias Sociales como medida de ahorro, explicaron. Pero fue en este trámite cuando se originó el lío con las Matemáticas. Y es que esta asignatura dejó de ser obligatoria, y pasó a ser optativa, en el de Ciencias Sociales. No pasó así con el Latín. Luego, en el Senado el PP no fue capaz de corregir este error en el periodo de enmiendas. Tras protestas de organizaciones de matemáticos y científicos consiguieron, in extremis, que todos los grupos apoyaran una nueva enmienda que fue votada en el último momento.
La reforma educativa incluye también una reforma de la Formación Profesional básica enfocada a los "jóvenes que tienen dificultades en completar el ciclo de la ESO" sin que suponga por ello "un itinerario cerrado" ni una "carrera secundaria", detalló Wert.
Lenguas cooficiales
Finalmente, la solución que se da en la 'ley Wert' a la polémica por las lenguas cooficiales es que aquellos padres que quieran ver reconocido su derecho a que sus hijos estudien castellano puedan acudir a un centro privado y los costes corran a cargo de la Administración: la central en un primer momento y la autonómica finalmente, puesto que estos costes se descontarán después a la comunidad autónoma de la financiación educativa.
La solución es sencilla: si Cataluña no quiere recibir menos dinero del Estado "que cumpla las sentencias", señalaron fuentes ministeriales cuando la medida fue acordada. "Tenemos el deber de hacer cumplir" lo que en los fallos judiciales se insta, subrayaron. Y añadieron: "Son derechos individuales, da igual que sean muchas o pocas familias las que lo soliciten".
En este punto se introdujo una modificación en la Cámara Baja. Se aceptó una enmienda de UPyD para reforzar en el articulado de la Lomce el carácter vehicular del castellano en la enseñanza de todo el Estado.
Calendario de aplicación
Antes de que se empezara a debatir la Lomce en la Comisión de Educación y Deporte del Senado, ésta fue discutida en una Comisión General de Comunidades Autónomas, a la que asistió el ministro de Educación, José Ignacio Wert, y todos los consejeros del ramo. Durante más de seis horas discutieron sobre la injerencia o no del Estado con esta ley en las competencias autonómicas. De este debate salió el compromiso de Wert de dilatar el calendario de implantación de la Lomce.
Así, una enmienda del PP amplió el calendario de implantación de la ley a tres años en lugar de los dos que planteaba el proyecto del Gobierno. Con ello los populares, con el visto bueno del Ministerio de Educación, atendieron a las peticiones de las comunidades autónomas, también las del PP, que solicitaban dilatar este proceso. De esta manera, la reforma educativa se implantará gradualmente: el curso 2014-2015 en Primaria y FP básica y para 2015-2016 en Educación Secundaria, Bachillerato y FP de grado superior.
Además, los conciertos a centros de educación diferenciada por sexo salieron reforzados tras el trámite del Senado, con la incorporación de dos enmiendas de UPN, para resarcir a los colegios a los que se les denegó la subvención autonómica en 2013 (una docena en Andalucía y otros dos en Asturias) de manera que podrán solicitarla de nuevo para el curso que viene. También se incorporó una modificación para que los centros con este modelo de enseñanza no tengan que justificar su proyecto educativo.
También en el Congreso se incluyó otra enmienda parcial de UPyD para otorgar la condición de autoridad pública al profesorado.