Lo conocieron porque presidían los consejos de gobierno de la Junta de Andalucía donde fueron a parar los informes de la Intervención de la Junta que señalaron en numerosas ocasiones las irregularidades derivadas de este uso ilícito. Según ABC, estas irregularidades fueron conocidas por el todo el Consejo de Gobierno, por lo que Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que presidieron la Junta de Andalucía entre 2001 y 2013, las conocieron necesariamente.
Los informes del exinterventor, Manuel Gómez Martínez, que subrayaban que se estaba produciendo el "uso inadecuado" de las transferencias de financiación y que podía estar escapando al control previo, fueron enviados a la consejería de Hacienda y ésta los presentaba en el Consejo de Gobierno. En sus reuniones había un ejemplar de esa memoria con las objeciones de la Intervención por cada consejero. Eso significa que todos los consejeros estaban al tanto ese "uso inadecuado" de las transferencia de financiación que usaban otras consejerías de la Junta de Andalucía, y no sólo la de Empleo. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido los datos de esas transferencias desde el año 2003 hasta el actual, o sea, diez años de conocimiento del uso ilícito del mecanismo básico del fondo de reptiles.
En ningún caso el Ejecutivo hizo caso de las advertencias como no hizo caso de las alertas sobre lo que estaba ocurriendo en la Consejería de Empleo con las irregularidades que dieron lugar al caso de los ERE fraudulentos. Como hay que recordar, la Junta decidió optar por esta fórmula porque era más "ágil", entendiendo por agilidad la posibilidad de eludir el control previo de la Intervención.
El interventor Manuel Gómez (también imputado en el caso) advirtió ante la juez Alaya de que el 47 por ciento de las transferencias de financiación que se usaban en la Junta de Andalucía en el año 2009 eran "inadecuadas". Sin embargo, y pese a esas constantes advertencias el Ejecutivo andaluz siguió utlizándose esa fórmula.
De este modo va quedando claro que el mecanismo que dio origen al fraude de los ERE no se limitaba a la Consejería de Empleo como la exconsejera de Hacienda, Magdalena Alvarez, llegó a asegurar en su declaración ante la juez.. Ahora es otro juez, Juan Gutiérrez Casillas, instructor de la causa por malversación de caudales en Invercaria, el que da un nuevo salto cualitativo y deduce que el sistema se fue extendiendo a toda la Junta de Andalucía. Por ello, ha abierto ocho nuevas diligencias o piezas separadas sobre la gestión de otras tantas empresas públicas
La Consejería de Hacienda tuvo que entregar las memorias de la Intervención y en ellas se han hecho evidentes esas advertencias sobre ese uso inadecuado. Ahora se sabe, según lo que ha dicho la Fiscalía Anticorrupción, a que el procedimiento irregular era usado al menos por medio gobierno, esto es, por las Consejerías de Presidencia, Fomento, Cultura, Agricultura, Economía y Turismo.
Según la Fiscalía Anticorrupción pudo haber delito en el uso que todas ellas hicieron de la figura de las transferencias de financiación al utilizar esta fórmula en lugar de utilizar otro sistema que no escapase al control previo. Todas estas Consejerías hicieron uso ilícito de las transferencias de financiación en sus empresas y entes siguientes:
RTVA: La radio televisión pública andaluza, una de las investigadas, está adscrita la Consejería de Presidencia.
Turasa: Se trata de la Empresa de Turismo Andaluz que, como su nombre indica, se engloba dentro de la Consejería de Turismo.
Epdasa: Empresa Pública pr la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía que depende de Turismo. Se fusionó con la anterior.
Giasa: La Agencia de Obras Pública de la Junta de Andalucía es una entidad que depende de la Consejería de Fomento y Vivienda.
Egmasa: La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía depende directamente de la Consejería que lleva el mismo nombre.
Extenda: Agencia Andaluza de Promoción Exterior que depende de Economía.
Dapsa: Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero adscrita Agricultura.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, adscrita a la Consejería de Cultura..
El PP pide la imputación del exconsejero Vallejo
El PP de Andalucía ha solicitado la imputación del exconsejero de Innovación de la Junta entre 2004 y 2009, Francisco Vallejo, y de todo el Consejo Rector de la Agencia IDEA, en una pieza separada del caso Invercaria. Se trata de las ayudas otorgadas por esta empresa financiera de capital riesgo al proyecto Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA). Invercaria está participada al cien por cien por IDEA, perteneciente a la denominada "Administración paralela", y Vallejo era el presidente de esta última en 2008, cuando se aprobó la inyección del dinero anunciada ayer por el secretario general del PP-A, José Luis Sanz, y reprochó a la presidenta Susana Díaz que no se implique en la lucha contra la corrupción aunque diga que se "avergüenza" de ella.
El Consejo Rector de IDEA aprobó en 2008 un préstamo de carácter participativo de un máximo de 200.000 euros de Invercaria para FIVA. En el escrito que los abogados del PP han remitido al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla se reclama, además de la imputación de Vallejo (que tiene la condición de aforado por ser parlamentario autonómico), las del exviceconsejero de Innovación, Jesús María Rodríguez y del exviceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, los dos últimos ya imputados por la juez Mercedes Alaya en el caso de los ERE irregulares.
Según el PP, las imputaciones deberían hacerse extensivas a la exsecretaria general de Desarrollo Industrial y Energético de la Junta, Isabel de Haro; al ex secretario general de Calidad y Eficiencia de la Consejería de Salud Ángel Garijo Galve; a la exsecretaria general de Telecomunicaciones, Pilar Rodríguez López; al exdirector del Gabinete Jurídico de la Junta, Francisco del Río Muñoz; al exviceconsejero de Relaciones Institucionales, Juan Carlos Soriano Hernández. y el exdirector del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), Felipe Romera.
El PP-A solicita también la declaración de Miguel Lucena Barranquero, que actuó de secretario en el Consejo Rector de IDEA del 26 de marzo de 2008.