A Susana Díaz se le acumulan los casos de corrupción

Once causas están ya abiertas por el uso presuntamente ilegal de fondos públicos en la Junta durante una década y se acumulan en la agenda de Susana Díaz que, recuérdese, dijo que sería implacable contra la corrupción . Los ocho últimos fueron abiertos la semana pasada. A los complejos y extensos casos de los ERE, Invercaria y la corrupción sindical de UGT y CCOO Pero ahora la Fiscalía Anticorrupción ha destapado otro ocho. Se trata del uso irregular de fondos, al estilo del fondo de reptiles en Canal Sur y siete empresas públicas más.

Si las tres macrocausas conocidas hasta ahora tienen una suprema complejidad y darán durante mucho tiempo noticias y exclusivas sobre la corrupción existente en Andalucía, ahora, desde el pasado viernes, hay ocho nuevos casos por presuntas "prevaricación o/y malversación de caudales" que instruye el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla ha abierto esas ocho nuevas causas por corrupción en la Junta de Andalucía y a petición de la Fiscalía que ve indicios de delito en el manejo de fondos públicos en Canal Sur y otras siete empresas o agencias públicas del Gobierno andaluz.

Dicho de otro modo, el sistema del "fondo de reptiles" aplicado en los ERE, vía el mecanismo irregular de las transferencias de financiación que permite disponer de fondos sin controles previos ni control de Interventores, se ha aplicado no sólo en el caso de los ERE o Invercaria. La documentación remitida por la Intervención General de Hacienda para la investigación del caso Invercaria ha sido la que ha permitido a los fiscales Fernando Soto Patiño y Manuel Fernández Guerra apreciar posibles delitos .

Las memorias anuales elaboradas por la Intervención en los años 2004, 2005 y 2006 y remitidas al Consejo de Gobierno. Por ejemplo, en la memoria del año 2006, cuenta El Mundo, se advierte de la tramitación de expedientes de transferencias de financiación "de forma indebida" evitando la fiscalización previa. Y esas transferencias fueron utilizadas por distintas consejerías del Gobierno andaluz para nutrir de fondos a nueve empresas o agencias dependientes de ellas.

Tales manejos en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), dieron lugar al caso de los ERE, porque dicho organismo era el que pagaba las ayudas y subvenciones que la que la Consejería de Empleo había concedido arbitrariamente. Ahora, el juez del caso Invercaria abre ocho nuevas causas por corrupción en la Junta concedido ilegalmente, evitando así la fiscalización previa del dinero público.

Las agencias públicas implicadas

Las ocho nueve causas afectan a la Radio Televisión de Andalucía (RTVA); la empresa pública de Gestión de Programas Culturales; la empresa pública de Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP); la agencia de comercio exterior Extenda; la empresa de gestión medioambiental Egmasa; la empresa pública Deporte Andaluz; el Gestor de Infraestructuras de Andalucía (Giasa) y Turismo de Andalucía.

Fueron los abogados que representan al PP en el ejercicio de la acusación popular en los ERE e Invercaria, los que informaron hace dos semanas a la juez Mercedes Alaya de la existencia de esta documentación, relevante para la investigación del fondo de reptiles.

Según los letrados del PP, la existencia de las memorias de la Intervención General y el hecho de que éstas fueran remitidas al Consejo de Gobierno demuestra que el Ejecutivo al completo tuvo conocimiento del uso ilegal que se estaba haciendo de las transferencias de financiación. Es más, los abogados del PP advertían de que en el expediente del Consejo de Gobierno para aprobar el plan de control financiero de 2005 aparecía una fotocopia del BOJA con la definición de las transferencias de financiación subrayada a mano. En su opinión, esto constituye un claro indicio de que el asunto se abordó en la reunión.

Tras el conocimiento de los hechos, la Fiscalía Anticorrupción pidió la apertura de los nuevos casos ante el titular del Juzgado de Instrucción 16, Juan Gutiérrez Casillas, por lo que será éste y no la magistrada que investiga los ERE, Mercedes Alaya, el que se haga cargo de estas nuevas causas por presunta prevaricación en la Junta.