Ya había ocurrido en Jaén, donde el Ayuntamiento gobernado por el PP había decidido dejar de prestar la cobertura a las personas dependientes a la vista de que la Junta, que es la titular del servicio, ni siquiera pagaba el importe necesario. Este jueves, el PP andaluz dio vía libre a sus alcaldes para que dejen de prestar los servicios relacionados con la ley de dependencia por la misma razón: la Junta no paga lo que debe y los Ayuntamientos se arruinan, una estrategia de la Junta que dura ya años.
La portavoz de Bienestar Social del PP en el Parlamento de Andalucía, Rosario Soto, advirtió que la decisión del gobierno bipartito de no pagar los servicios de dependencia está obligando a los ayuntamientos y diputaciones gobernadas por el PP a plantearse no renovar los convenios con la Junta de Andalucía para la prestación de estos servicios. "Todo tiene un límite –señaló- y no se puede exigir a los ayuntamientos que financien los servicios que son competencia de la Junta cuando apenas tienen dinero para pagar a sus empleados o los propios servicios municipales." Explicó que, por tanto, será cada corporación la que tome la decisión en función de su situación concreta.
Pese a recibir ayudas estatales, la Junta no paga
Rosario Soto denunció que la Junta mantiene una deuda de más de 200 millones de euros con las entidades locales gobernadas por el PP por la prestación de políticas sociales, de los que aproximadamente la mitad corresponderían a la dependencia.
Explicó que la ley obliga a la Junta a anticipar el pago de estos servicios cada semestre, pero al no hacerlo está obligando a los ayuntamientos a actuar como entidades "financieras de la Junta".
Soto afirmó que "la dependencia en Andalucía está herida de muerte por los impagos del bipartito" y aseguró que la consejera de Salud y Bienestar Social admite a los responsables municipales que la Junta va a seguir incumpliendo los convenios.
La portavoz popular señaló que el Gobierno de España transfiere "puntualmente cada mes" 33 millones de euros para dependencia, pero ni los ayuntamientos ni las entidades sociales reciben de la Junta el pago a los servicios que prestan, por lo que se preguntó a qué destina la Junta de Andalucía tanto el dinero que recibe del Gobierno como el que está consignado en el presupuesto andaluz para estos servicios.
Soto denunció que "a la izquierda retrógrada que gobierna Andalucía la única política social que le interesa es la que da titulares" y señaló que las políticas de protección social ha, sufrido un recorte de 3.400 millones de euros con el gobierno bipartito de PSOE e IU.
Los medios andaluces atacan al PP en vez de a la Junta
Son esencialmente los del grupo Joly. También aparecen en otros periódicos digitales y locales controlados por el PSOE. En todos ellos aparece la palabra "amenaza". En la "información" del grupo Joly incluso de tilda de maquiavélica la decisión del PP pero no califica a la falta de pago de la Junta.
Según el grupo Joly, "una decisión de este calado, más allá del órdago, afectaría a una gran cantidad de andaluces, los más vulnerables, aquellos que reciben algunos de estos servicios sociales que desde 2007 se integran en la ley de dependencia. Desde las elecciones municipales de 2011, el PP gobierna 265 municipios de Andalucía, lo que supone el 34,3% de las 771 alcaldías. Sus decisiones afectan a 5,4 millones de andaluces, el 64,9% de la población (8,4 millones). La estrategia del PP andaluz de pasar de lo particular a lo general en dependencia se basa además en un sustento débil, e incluso maquiavélico: la falta de financiación."
La explicación del grupo Joly es que desde que gobierna el PP en el Gobierno central los fondos para dependencia se han aminorado en un porcentaje muy notable y esto ha llevado a que las administraciones autonómicas (en cadena) tengan problemas para enviar créditos a las entidades locales.
Andalucía Información también usa la palabra amenaza, en este caso circunscrito al caso del Ayuntamiento de Jaén.
Ni siquiera Canal Sur se ha atrevido a hablar de amenazas porque en su informativo dice: "Los ayuntamientos y diputaciones del PP se están planteando la posibilidad de no renovar los convenios con la Junta para la prestación de los servicios de dependencia hasta que la Administración autonómica liquide "por completo" la deuda en esta materia, aunque se tratará de una decisión que tomarán "en función de cada caso" y de la situación económica en que se encuentre cada corporación".