La Junta pagó a UGT 25.000 euros por un curso que costaba 7.200

El escándalo de las cuentas de la central sindical prosocialista, UGT, no cesa. Además de ser investigado por la juez Alaya, a la que derivó el asunto el juez decano de Sevilla, ahora es la Audiencia Nacional la que se ha interesado por los presuntos delitos cometidos por sus dirigentes.

Por si fuera poco, se conoce este miércoles que además de los mariscos y el karaoke de Centroamérica y Caribe, también operó la UGT-A en el Eje bolivariano con dinero de los andaluces. Y siguen sucediéndose como goterones oscuros los datos de su increíble contabilidad. Se ha sabido que la Junta pagó más de 25.000 euros a UGT-A por un curso de formación que sólo costaba 7.000.

La Junta de Andalucía pagó al sindicato UGT 25.350 euros por un curso de formación que en realidad costaba unos 7.200 euros, cuenta El Mundo. Se sabe porque el sindicato subcontrató el curso a una empresa de formación y ésta, a su vez, se lo encomendó a una academia. Cuando la última factura llegó a la Junta de Andalucía, el coste de la "actividad formativa" se había incrementado en un 250%.

Se trataba de un curso de operador de pala retrocargadora mixta impartido en la localidad cordobesa de Lucena del 13 de junio al 30 de julio de 2011 para 15 alumnos. Pero aunque recibió la subvención de la Junta de Andalucía para organizarlo, UGT no impartió el curso sino que se lo encargó a una de las empresas de formación con las que contrata habitualmente. Esta contrató a dos profesores, uno para la parte teórica y otro para las clases prácticas, pero subcontrató las instalaciones y la maquinaria necesaria para el curso a una academia de formación de Lucena, el municipio donde se desarrolló el cursillo de pala retrocargadora. Peor ninguno ha cobrado aún, dos años después.

El coste del curso de operador de pala retrocargadora se cargó al expediente 10101-CS/10 del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), correspondiente a una subvención de 5,7 millones de euros concedida a UGT el 15 de marzo de 2011 para cursos de formación dirigidos "prioritariamente a trabajadores ocupados para el año 2010".

El Eje Bolivariano y el tándem UGT-CCOO

Fue Griñán quien dio a UGT y CCOO ayudas millonarias para cursos en Venezuela y Ecuador, nada menos que 2,3 millones de euros, que también beneficiaron a Bolivia, Paraguay, Perú y Colombia. Naturalmente, UGT-A se quedaba con parte del dinero de esta cooperación como gastos de "control de los proyectos".

En diciembre de 2009 el Gobierno andaluz de José Antonio Griñán concedió dos ayudas de 2,34 millones de euros a ambas federaciones regionales para organizar talleres y cursos destinados principalmente a instruir a mandos sindicales de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y Colombia. Se suman a las misiones "pedagógicas" que ambas organizaciones realizaron entre 2007 y 2011 en siete países de Centroamérica y el Caribe con el 90 por ciento de los gastos pagados por la Administración autonómica.

A pesar de que la crisis acrecentaba el número de parados andaluces y los hogares sin ingresos, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aacid), presidida por el entonces consejero socialista Antonio Ávila, canalizó nuevas subvenciones de "carácter excepcional". El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, recibió 1,19 millones para tres proyectos mientras que sólo tuvo que poner 3.528 euros propios para llevar a Venezuela su socialismo del siglo XXI en versión sindical.

Como siempre, se produjo la subcontratación. UGT-A encomendó a su "filial" en el campo de la solidaridad, el Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo, encargos como un "taller-diagnóstico de la situación y posibilidades de futura instalación en Venezuela y Bolivia", la apertura de la sede del Instituto Sindical Andino en Lima (Perú) o de oficinas en Ecuador y Colombia. En Paraguay, impartió cursillos sobre movimiento sindical y creó un "Observatorio Legislativo".

En la Venezuela de Hugo Chávez o la Bolivia de Evo Morales se quería "mejorar la capacidad de incidencia política de las organización de la Coordinadora de Centrales Sindicales Andinas (CCSA) como interlocutores en los procesos de diálogo social", según recoge el convenio. Esto es, incrementar el poder del eje bolivariano.

La Junta corrió con gastos de reformas, alquileres, equipos informáticos, personal, viajes y estancias, estimados en 371.020 euros. Pero según la Cámara de Cuentas de Andalucía, en su informe de fiscalización de las ayudas repartidas por la agencia pública en 2009, revela que parte de los 1,19 millones se quedó en la federación regional en Sevilla. UGT-A que se reservó 122.740 euros para gastos que justificó como "control del proyecto".

Comisiones Obreras también recibió una gran porción en el reparto de fondos autonómicos a la cooperación: 1,15 millones de euros y puso de su caja sólo 65.427,90 euros. Realizó cinco proyectos. Uno de ellos, para fortalecer el bloque afín al "chavismo".según expone ABC, aunque también destinó dinero para ayudar a lasa organizaciones sindicales marroquíes.

La AN se interesa por el caso UGT

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó este martes la apertura de diligencias previas sobre una denuncia de Manos Limpias contra el sindicato UGT. El magistrado pidió a la Fiscalía que se pronuncie sobre si se debe admitir a trámite la denuncia – si ve indicios de delito– y, además, si la Audiencia Nacional sería el tribunal competente, pero no ha abierto investigación alguna al sindicato. Hay quien considera que este movimiento en la Audiencia Nacional podría ser una maniobra para apartar a la juez Alaya del caso en un inmediato futuro.

El citado sindicato de funcionarios denunció irregularidades en la financiación del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), propiedad de la Unión General de Trabajadores. Manos Limpias acusa al secretario general del sindicato, Cándido Méndez, y al tesorero, Antonio Retamino, de varios delitos: estafa, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, falsedad documental y delito contra la Hacienda Pública en la prestación de cursos de formación.

La denuncia se centra en los 48 millones de euros que recibió en 2012 el Instituto para la Formación y Estudios Sociales (IFES) para impartir cursos. En el auto conocido este martes, Pedraz asegura que los hechos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal" y añade que "no están establecidas "la naturaleza y las circunstancias de los hechos", por lo que da cuenta a la Fiscalía para que le informe "de las diligencias a practicar".