La UGT andaluza montó ocho sucursales de formación o aulas sindicales, en siete países de Centroamérica y el Caribe: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. El Gobierno socialista de Manuel Chaves patrocinó la "misión" de adoctrinamiento sindical de la organización en el exterior haciéndose cargo del 90 por ciento de los gastos del proyecto mediante la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional.
Como cuenta ABC, fue Gaspar Zarrías, consejero de Presidencia entonces, el que consintió dar una subvención "de carácter excepcional" de 1,8 millones de euros en 2006, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, junto a otros fondos repartidos entre ONG y el sindicato Comisiones Obreras, el 11 de abril de 2007, cuando el plan ya estaba en marcha. Dentro de un periplo oficial que le llevó por tres Estados de Centroamérica en marzo de 2008, Zarrías, actual responsable municipal del PSOE a nivel federal y militante de UGT, se encargó de inaugurar el aula sindical de Panamá, financiada por la Junta, y abrió el Congreso Fundacional de la Confederación Sindical Americana.
De este modo, el "Proyecto Integración y Fortalecimiento sindical en Centroamérica y el Caribe" ( Proinfos) fue sufragado en un 90 por ciento por la Junta y el 10 por ciento restante por la UGT.
Desde marzo de 2007 a febrero de 2008, el sindicato le pasó a la Junta gastos, acreditados con facturas, por un importe total de 365.604,69 euros. La compra de equipos, mobiliario y suministros de sus "sucursales" ascendieron a 129.505,67 euros; 85.188,88 euros fueron los gastos de funcionamiento como dietas ( viáticos, según la terminología hispanoamericana) por transporte, alojamiento en hoteles y comidas; en sueldos del personal se gastaron 53.583,40; las reformas y el arrendamiento de oficinas acarrearon un gasto de 20.187 euros.
Según estos datos, 890 alumnos pasaron por estas aulas caribeñas durante 4 años, la mayoría de ellos dirigentes sindicales y cuadros intermedios procedentes de 18 confederaciones de diferentes nacionalidades.
Profesores y dirigentes de la federación regional andaluza en colaboración con las 33 organizaciones del trabajo de los citados países, impartieron clases a 750 mandos sindicales acerca de las estrategias de presión en las empresas y las bondades de la concertación con las instituciones y patronal como vía para conseguir la paz social, siguiendo el modelo implantado en Andalucía con los ERE, mediante la gestión de un maná de ayudas dirigidas a desempleados.
Recuérdese que la juez Mercedes Alaya investiga el supuesto desvío de fondos públicos por parte de UGT-A a gastos como pancartas, fiestas y mariscadas o el cobro de "mordidas" a sus proveedores de cabecera. Para ello se valió de un instructivo manual informático que fijaba el porcentaje de las comisiones dependiendo del servicio, dinero que revertía a sus arcas, como desveló ABC.
Casi dos millones de euros para los sindicatos
Dinero de las partidas de formación y del fondo de los ERE sirvieron a los dos sindicatos de clase para llevar a cabo obras en edificios de su propiedad aumentando así su capital inmobiliario privado. La Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Andalucía otorgó en 2012 a UGT-A 1,2 millones de euros para rehabilitar dos sedes dedicadas a la formación, una en Córdoba y otra en Málaga. CCOO-A también recibió, a finales de 2006, 762.445 euros para la reforma de la Fundación de Estudios Sindicales en Sevilla. Esta ayuda destapada por La Razón, la está investigando actualmente la juez Alaya, dentro del caso de los ERE.
En el caso de UGT-A, se trata de una subvención nominativa –recogida en el Presupuesto para la central sindical– con cargo a la partida 32L de Formación Profesional para el Empleo. La resolución la firmó el ex consejero de Economía, Innovación y Empleo, Antonio Ávila, el 29 de noviembre de 2012, ocho meses después de que José Antonio Griñán jurara por segunda vez su cargo como presidente de la Junta.
Recoge que los 1,2 millones de euros irán dedicados a "la realización de obras en dos centros de formación propiedad" de la Unión General de Trabajadores. Concretamente, la “ampliación” del centro de formación de la “Huerta del Correo” de Málaga, con un presupuesto de 741.007,64 euros; y la “rehabilitación como centro de formación” de la conocida como Cantina del Antiguo Hospital Militar de San Fernando de Córdoba, una obra que ascendía a 458.092,36 euros. La resolución explicita que a la firma del acuerdo UGT-A recibiría el 75 por ciento del total (900.000 euros) y el 25 por ciento una vez que hubiera justificado los gastos.