El secretario general del PP andaluz, José Luis Sanz, ha anunciado que el PP va a solicitar la comparecencia urgente de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en el Parlamento de Andalucía, para dar explicaciones tras el auto de la juez que instruye el caso ERE conocido este viernes, en el que extiende la investigación sobre el fraude de ayudas públicas a todas las Consejerías.
Sanz manifestó este sábado que el auto de la jueza Mercedes Alaya "viene a corroborar las sospechas" del PP: "que cada día se estrecha más el cerco sobre dirigentes y sobre poderosos exdirigentes del PSOE andaluz", y que "el epicentro de la corrupción no es solo la Consejería de Empleo ni la de Economía", sino que estaba "en los Consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía".
"Hoy nos gustaría saber dónde esté esa presidenta implacable contra la corrupción, que decía que iba a combatir con todas sus fuerzas la corrupción, que no iba a tolerar la complicidad con la corrupción, y que no sería tibia con la corrupción; dónde está esa presidenta que se avergonzaba de la corrupción", dijo el dirigente popular.
Sanz consideró que "la presidenta de la Junta se ha olvidado de sus promesas de transparencia, de sus promesas para luchar contra la corrupción y en poco más de 60 días ha chocado con la realidad del PSOE en Andalucía", reiteró.
En este sentido, hizo hincapié en que el PSOE de Andalucía "sabía perfectamente que el epicentro de la trama de los ERE no era un una consejería ni dos" y que "la trama de los ERE es un sistema puesto en marcha por la maquinaria electoral del PSOE".
Para el PP Díaz debe comparecer en el Parlamento porque "los andaluces, independientemente de cómo avance la investigación judicial, tenemos derecho a saber la verdad sobre los ERE. Los andaluces tenemos derechos a saber hasta dónde llega la corrupción en la Junta de Andalucía", ya que, a su juicio, "lo que viene a decir el auto de ayer es que la mancha de la corrupción socialista se extiende por todo el gobierno andaluz, que todos los que han pasado por los Consejos de Gobierno de la Junta conocían y sabían que se estaban dando ayudas de forma totalmente irregular".
José Luis Sanz insistió en que del auto conocido el pasado viernes se deduce que "todos los que han pasado estos años por los Consejos de Gobierno eran perfectamente conocedores de ese sistema que el PSOE había puesto en marcha en la Junta y que pagábamos todos los andaluces".
Ayudas arbitrarias y facturas falsas
La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha requerido a la Junta de Andalucía para que "a la mayor brevedad posible" recabe y entregue a la Guardia Civil toda la documentación relacionada con las distintas "ayudas, incentivos, avales y préstamos" concedidos "por cualquiera" de las consejerías a más de 20 sociedades, todo ello al entender que podrían haberse empleado "otras vías de financiación irregular a empresas coincidentes con las otras vías de financiación ya investigadas en la presente causa".
Como se denunció en las páginas de Libertad Digital, junto a la trama de los ERE y las ayudas había otra paralela de facturas falsas. Esto es lo que la juez Alaya empieza a casar ahora.
La investigación en torno a la fundación IDEA
La juez recuerda que la Intervención General de la Junta "ha puesto de manifiesto" a través de sus informes "diversas irregularidades en la tramitación de las ayuda por parte de las consejerías, y en la actuación, gestión y control de IFA/IDEA, que podrían haber supuesto importantes consecuencias que están siendo investigadas", unas irregularidades "apuntadas asimismo" por el Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
Asimismo, y tras analizar las actas del Consejo Rector de IFA/IDEA, la Guardia Civil apuntó que el citado Consejo adoptó entre 2001 y 2011 "cuantiosos" acuerdos relativos al "otorgamiento de autorización a la agencia IFA/IDEA para la concesión de ayudas excepcionales", de reestructuración y/o de salvamento, así como de incentivos, aplicando para ello diferentes "instrumentos de apoyo" tales como préstamos, garantías de préstamos y/o avales ante entidades financieras o de crédito.
Todos ellos fueron recogidos, entre otras, en la Orden de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 5 de noviembre de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras del programa de ayudas a empresas viables con dificultades coyunturales en Andalucía, "lo que podría suponer un aumento del endeudamiento de la agencia IDEA".
Para tomar su decisión, la juez tiene en cuenta "todo lo apuntado por la Guardia Civil" y que empresas "que han sido beneficiarias de ayudas públicas, sociolaborales o a empresas, figuran también entre las beneficiarias de ayudas públicas de salvamento o reestructuración concedidas por IDEA en virtud de la delegación de competencias recogida en el artículo 7" de la orden referida, así como que "se han detectado casos en los que simultáneamente a la autorización por parte del Consejo Rector del pago en ejecución de un aval de salvamento previamente otorgado por éste ante una entidad de crédito a favor de una serie de sociedades, se encontraban en proceso de resolución la concesión de ayudas de reestructuración a favor de estas mismas sociedades".
Negocios entre consejerías y empresas privadas
Por ello, en el auto la juez Alaya requiere a la Junta para que entregue la documentación sobre los distintos expedientes de ayuda concedidas"por cualquiera" de las consejerías a una serie de empresas.
Entre las sociedades mencionadas por la juez, se encuentran Promi, Gitanos de Jerez, Pickman La Cartuja, Fundiciones Caetano, Fabricación y Reparación de Buses, Río Tinto Fruit, Acyco Sal, Corchos y Tapones de Andalucía, Saldauto Sevilla, o Insersola.
Por último, reclama a la Junta la documentación relacionada con las distintas ayudas, incentivos, avales y préstamos concedidos "por cualquiera" de las consejerías a Proasego Eólicas S.L., Eólicas del Zenete S.L. y Dolmen Consulting Inmobiliario.
La juez argumenta esta decisión en que la Guardia Civil ha emitido un oficio en el que relata la existencia de una serie de correos electrónicos hallados en un disco duro intervenido en el domicilio social de Maginae Solutions a través de los cuales "han podido confirmar la vinculación existente" entre Proasego y Eólicas del Zenete, "ambas beneficiarias de ayudas públicas", y el cuñado de Lanzas, Ismael Sierra, "quien presuntamente pudiera haber participado activa y directamente en la solicitud y tramitación de las ayudas públicas a favor de las citadas sociedades".
Del mismo modo, la Guardia Civil "ha detectado" que Dolmen Consulting, también beneficiaria de ayudas públicas, "a su vez habría mantenido operaciones comerciales, pagos, con el despacho de abogados Estudio Jurídicos Villasís, por un importe total de 100.575,34 euros, en el periodo de tiempo comprendido entre 2008 y 2010".