Los centros de educación diferenciada por sexo no tendrán que justificar de forma "objetiva y razonada" en el proyecto educativo las razones educativas para elección de este modelo de enseñanza a la hora de suscribir el concierto con las administraciones educativas, según establece una enmienda de modificación de UPN al proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que el PP ha aceptado, según han adelantado fuentes parlamentarias.
La justificación de esta enmienda (390) indica que como la educación diferenciada por sexos "no supone discriminación" en sí misma, "hay que evitar el peligro que suponen la discrecionalidad y los conceptos indeterminados para la libertad, seguridad jurídica y la igualdad territorial". UPN también defiende en esta propuesta que en vez de establecer lo que podría entenderse como "un control a priori" de una modalidad del ejercicio de un derecho fundamental, "basta con que la inspección educativa supervise los contenidos del proyecto normativo".
El texto de la Lomce, que blinda las subvenciones a los centros de educación diferenciada, señala, no obstante, que estos "deberán justificar de forma objetiva y razonada en su proyecto educativo las razones educativas de la elección de dicho sistema, así como la implantación de medidas académicas que desarrollan para favorecer la igualdad".
Esta es la segunda enmienda que acepta el PP en la Cámara alta en relación a la educación diferenciada. La primera de ellas, dada a conocer la semana pasada, establece que los centros que siguen este modelo de enseñanza, a los que en 2013 se les retiró el concierto por el "único motivo" de educar a niños y niñas por separado, pueden volver a solicitarlo para el curso que viene 2014-2015.
Al proyecto normativo se han presentado un total de 893 enmiendas parciales -25 de ellas del PSOE- que están siendo debatidas este martes en la Comisión de Educación y Deporte en el Senado. Por ahora, los populares han aceptado tres enmiendas de UPN, una de IU, dos de Entesa y una del PNV. Las cinco del PSOE, aceptadas la semana pasada por los populares, finalmente han sido rechazadas porque suponían la supresión de las evaluaciones al final de cada etapa.