Juan Manuel Sánchez Gordillo y Diego Cañamero no han asistido al juicio que arrancaba este lunes por la ocupación de la finca de Defensa "Las Turquillas".
La finca, ubicada en la Yeguada Militar del Ejército, fue ocupada en 2012 por el parlamentario andaluz de IU y alcalde de Marinaleda, Sánchez Gordillo, junto al secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, y otros 52 activistas.
El juicio, que tiene lugar en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía -con sede en Granada-, contempla penas menores a dos años, con lo que no es obligatorio estar presente, según informa Efe.
Durante esta primera jornada del juicio sólo se han personado en la sala de vistas tres de los 54 procesados (incluyendo a Gordillo y Cañamero), mientras a la entrada del Tribunal, unas 200 personas convocadas por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), se han concentrado en apoyo a los imputados por la causa.
A su llegada, Cañamero ha dicho a los periodistas que éste no se trata de un juicio por una determinada actuación "ilegal", sino que es un juicio "político" del Gobierno "contra el movimiento social y sindical más consecuente". "El Gobierno del PP quiere anular los movimientos sociales que critican su política", ha dicho el sindicalista, que ha justificado su ausencia en la sala como una "protesta" contra la "represión" que sufre el SAT.
En la misma línea, Sánchez Gordillo ha considerado que hay una "consigna a los fiscales de represión a un sindicato que no se calla, que es rebelde", y ha tildado de "barbaridad" que el Ministerio Público pida para él siete meses de prisión y la Abogacía del Estado un total de dos años de prisión. Además, el SAT defiende que, a pesar de no tener autorización para ocupar la finca, la ocupación se hizo de forma pacífica y sin traspasar a a la zona que era territorio militar.
Siete meses de prisión
La Fiscalía Superior de Andalucía solicita para Juan Manuel Sánchez Gordillo, Diego Cañamero y otro dos acusados en este procedimiento, ambos militantes del SAT, un total de siete meses de prisión por un delito de desobediencia grave.
Asimismo, el Ministerio Público pide para Sánchez Gordillo, Cañamero y el resto de los acusados -un total de 52 entre militantes y simpatizantes del SAT- el pago de una multa de 1.200 euros por un delito de usurpación de inmueble, y 100 euros de multa por una falta de daños.
Igualmente, pide que todos los imputados paguen una indemnización de 1.075,64 euros a favor del Ministerio de Defensa y de 337 euros al Ayuntamiento de Osuna por los daños ocasionados, "sin una intención directa, a consecuencia de la ocupación", que tuvo lugar entre el 24 de julio y el 9 de agosto de 2012.
La petición del fiscal se conoció después de que el Alto Tribunal andaluz emitiera un auto el pasado mes de mayo en el que procesaba por tres presuntos delitos de usurpación, daños y desobediencia y una falta de hurto a los acusados, cifrando los daños causados en 794,14 euros y en 281,50 euros el valor de los objetos sustraídos.