La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, sugirió este jueves que la Junta de Andalucía podría estar repartiendo subvenciones ilegales desde hace más de un cuarto de siglo. El asunto está en que el Instituto de Fomento de Andalucía(IFA), creado en 1987 y reconvertido en 2004 en Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía(IDEA), no era competente para dar subvenciones en el caso de los ERE, según la jueza.
Fue durante la segunda comparecencia de Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía y Hacienda con Manuel Chaves, exministra de Fomento con José Luis Rodríguez Zapatero y en la actualidad vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) cuando la juez deslizó su argumento al preguntar a Álvarez si no consideraba que, por razón de su cargo como titular de Hacienda, le correspondía conocer el simple dato de si el IFA tenía o no potestad "subvencionadora", es decir, si dicho organismo podía o no conceder ayudas públicas.
En su primera declaración, tras alguna vacilación inicial, Álvarez contestó que creía que el IFA sí tenía potestad subvencionadora. Álvarez además afirmó que su creencia se reafirmó posteriormente. La exconsejera añadió: "Sólo tiene que ver su señoría las subvenciones concedidas por el IFA desde el año 1987".
Pero entonces la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla advirtió que "previamente a que se concedan subvenciones debe existir el marco legislativo adecuado" y por ello sospecha que la Agencia IDEA no tuvo potestad subvencionadora hasta el año 2007, cuando se aprobaron sus estatutos.
Cuenta El Mundo que si es cierto que el artículo 2.2 de dicha norma alude a la "potestad subvencionadora" como ya atribuida a la Agencia IDEA, también lo es que la ley de creación del IFA en 1987 sólo contempla la posibilidad de que este organismo reciba subvenciones pero no que las conceda. Sí, en cambio, se le atribuye el cometido de la "concesión de créditos y avales a empresas" así como "instrumentar los incentivos de apoyo a la inversión".
Esto es, Álvarez sostiene que el hecho de que se concedieran es la prueba de hecho de que había potestad, mientras que la juez sostiene que el hecho de que las concediera no prueba que tuviera potestad sino que podría probar otra ilegalidad más.