Detrás de la presunta contabilidad B del Partido Popular no hay delito contable porque a los partidos políticos no se les aplican los delitos societarios. De esta forma, la Fiscalía Anticorrupción deja clara su postura sobre la investigación llevada a cabo por el caso Bárcenas en la Audiencia Nacional.
En un escrito hecho público este martes, el fiscal Antonio Romeral se opone a la admisión a trámite de la ampliación de la querella presentada por Izquierda Unida (IU), que ejerce de acusación popular en esta causa.
En concreto, el Ministerio Público se ha opuesto a la imputación de los ex secretarios generales del PP y exministros Francisco Álvarez Cascos y Ángel Acebes y de otros trece empresarios sospechosos de haber efectuado donaciones a los populares después de que sus nombres aparecieran en los papeles manuscritos de Luis Bárcenas. Entre ellos se encontraba Ignacio López del Hierro, marido de la dirigente del PP, María Dolores de Cospedal.
Anticorrupción explica que en el escrito de ampliación de querella no se describe "conducta delictiva" alguna. Asimismo, el fiscal critica que el documento de Izquierda Unida "no se sustenta en hechos nuevos" sino, por el contrario, en actuaciones que ya han sido valoradas por el instructor de los papeles de Bárcenas, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.
Además, el fiscal Antonio Romeral insiste en que los hechos imputados a los empresarios que presuntamente donaron dinero al PP no son constitutivos de delito y recuerda que, en aplicación de la jurisprudencia aplicada por el Tribunal Supremo "no se justifica la apertura de un proceso penal para la investigación de unos hechos meramente sospechosos, sin aportar un indicio objetivo de su realidad".
Por último, en su escrito la Fiscalía revela que un informe elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sostiene que no existe conexión entre las anotaciones de ingresos por donaciones presuntamente recibidas que se reflejan en los "papeles de Bárcenas" y las adjudicaciones de contratos públicos por parte del PP.
Ahora, el juez Pablo Ruz tendrá la última palabra y deberá decidir si admite a trámite o no la querella interpuesta por la citada acusación popular.