La Coordinadora de la Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales Independientes -FASPI-, federación de sindicatos integrada por el Sindicato Médico Andaluz, la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía y el Sindicato Andaluz de Funcionarios ha denunciado que la Junta de Andalucía, con el apoyo de UGT y CCOO, ha vuelto a excluir a este sindicalismo independiente de la Mesa General de Función Pública, a pesar de superar con creces el 10 por ciento exigido para esta presente en ella según la legislación vigente. La Coordinadora ha pedido la suspensión de la Mesa y exige una nueva convocatoria.
Según noticias publicadas en prensa y en los medios oficiales de Canal Sur, la Mesa fue convocada para el día de lunes, 28 de octubre, sin que se hubiera citado a esta Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales Independientes a pesar de que después de las elecciones sindicales celebradas durante los años 2010 y 2011, la citada Federación obtuvo el respaldo mayoritario en las urnas, cumpliendo los requisitos de representación que la legislación vigente exige para formar parte de la misma con todos los derechos.
Por ello, los Sindicatos profesionales e independientes de Sanidad, Educación y Administración General de la Junta de Andalucía se habían unido para denunciar lo que consideran un auténtico despropósito contra el funcionario público andaluz y un discriminatorio recorte económico.
Esta Federación, con una representatividad total entre los sectores sanitario, educativo y de Administración General de la Junta de Andalucía del 11,74% en las últimas elecciones sindicales, en cómputo a nivel del sector autonómico, supera el requisito mínimo del 10% exigido por el artículo 6.2.a) de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, por lo que debería formar parte con pleno derecho de la Mesa General de la Función Pública de Andalucía. Sin embargo, la Administración andaluza, con el beneplácito de las organizaciones sindicales UGT y CCOO, persiste en no convocarla a las reuniones de la citada Mesa General.
En la Orden del Día de la Mesa de Negociación se trataron asuntos que afectan al colectivo funcionarial, donde CCOO y UGT obtuvieron "0" delegados, por lo que considera la Federación que deben estar presentes los representantes legítimos de los trabajadores para hacer efectivo el Derecho a la Negociación Colectiva, reconocido por el artículo 37 de la Constitución Española y Capítulo IV del Estatuto Básico del Empleado Público, así como en la Ley 9/1987, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
La Federación ha mostrado además el más absoluto desacuerdo con unas medidas de recorte arbitrarias, injustas de la Junta de Andalucía, que incumplen los principios constitucionales. Especialmente denuncia la discriminación común que padece el colectivo conformado por los funcionarios de la Junta de Andalucía que será el único en España que soportará los recortes en las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre de este año 2014.
Además, denuncia otra flagrante discriminación que padecen los funcionarios andaluces al ser la andaluza la única Administración de España, que ha sufrido la pérdida total de las ayudas de acción social, lo cual es especialmente gravoso si atendemos al hecho de que el funcionario andaluz, es el que tiene los complementos retributivos más bajos de entre las distintas Comunidades Autónomas.
El deterioro retributivo de los funcionarios públicos andaluces ha menguado sus ingresos al nivel de los percibidos en 2009, mientras que el coste de la vida se ha incrementado de forma progresiva, con la consiguiente merma de la calidad de vida de los afectados.
La Federación manifiesta su indignación ante unos recortes que inciden brutalmente sobre el funcionario, en beneficio de multitud de conceptos presupuestarios prescindibles y que han permanecido inalterables.
El mantenimiento de la administración "paralela"
La reducción de las pagas adicionales es una medida orientada al cumplimiento de los objetivos de déficit, justificada públicamente en la necesidad de mantenimiento del empleo en el colectivo de 30.000 trabajadores de la denominada "Administración paralela".
La Federación considera que el empecinamiento del gobierno andaluz en mantener esta Administración paralela de forma artificial es innecesaria, ya que todas las funciones que ostenta han sido detraídas a los funcionarios por lo que no debe ser cargado sobre los propios afectados, sino que, si la Junta de Andalucía persiste en su deseo de mantenerlos, que lo haga a costa de otros fondos o busque otra financiación.
Si no pudiese mantenerla tendrá que producirse su liquidación y no seguir aumentando el empleo en la misma como, según FASPI, se está produciendo sin mediar Oferta de Empleo Público alguno, en unas 5.000 personas.