Torres-Dulce dice que "se analizará caso por caso"

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha declarado este martes en un desayuno informativo organizado por Fórum Europa que su departamento "no pondrá ningún impedimento" a la ejecución de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que el lunes condenó a España por aplicar la "doctrina Parot", si bien cada caso se analizará de forma individual.

Durante su comparecencia -llena de citas-, Torres-Dulce se ha referido a la siguiente frase de Cicerón: "Seamos esclavos de las leyes para poder vivir en libertad". En el turno de cuestiones, LD le ha preguntado si, tras la polémica sentencia del TEDH, España ha de ser "esclava" de la condena de este organismo o de su propia legislación. El fiscal general del Estado ha dicho que, con su cita de Cicerón, "ha querido resaltar que España es un Estado de Derecho" y que, por ende, "estamos sujetos a la Constitución y a los tratados internacionales".

Torres-Dulce ha añadido que "aunque discrepemos, la sentencia obliga a ejecutarla en sus estrictos términos" y, por ello, "la Fiscalía no va a poner ninguna dificultad a su ejecución". Además, el fiscal general del Estado ha añadido que la decisión de Estrasburgo "no cuestiona en sí misma la doctrina Parot sino la manera de aplicar retroactivamente dicha normativa jurisprudencial".

Según ha indicado, el fallo de Estrasburgo solo afectará a la terrorista etarra Inés del Río, y el resto de los casos serán examinados individualmente "para decidir si procede o no procede su aplicación". "Ni vamos a ralentizar ni a acelerar absolutamente nada", ha añadido.

Silencio en los 'canutazos'

Salvo el propio Torres-Dulce y el consejero de Estado Landelino Lavilla, quien ha realizado una dilatada presentación del fiscal general del Estado, el resto de los cargos -o excargos- asistentes al acto no han querido hacer ningún tipo de declaración a la prensa respecto al fallo de Estrasburgo sobre la doctrina Parot.

El primero en atravesar el muro de periodistas era el ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, quien no quiso hacer declaraciones; acto seguido, el ex ministro de Justicia con Zapatero, Mariano Fernández Bermejo, tiraba de lírica cinegética confesando un "pacto de silencio consigo mismo" sobre este tema; el fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, también ofrecía la callada por respuesta y, finalmente, el ex ministro de Interior, Antonio Camacho, tampoco quería hacer declaraciones.