La semana de movilizaciones contra la política educativa del Gobierno arranca este martes 22 de octubre con la huelga de alumnos de Secundaria y universitarios de centros de toda España, convocada por el Sindicato de Estudiantes, que se prolongará durante el miércoles 23 y jueves 24. Este último día, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública ha emplazado a padres de alumnos, profesores y trabajadores de la enseñanza a un paro general.
Se trata de la primera semana de protestas de este curso escolar 2013-2014, que concluye con una huelga general de la enseñanza en la que, por tercera vez, convocan también asociaciones de padres de alumnos. Ya lo hicieron el 18 de octubre de 2012 contra el decreto de racionalización del gasto educativo y el 9 de mayo contra la reforma. Los estudiantes de Secundaria y universitarios harán tres días de paro -22, 23 y 24 de octubre- y celebrarán una manifestación el 23 por la mañana en varias ciudades españolas. La de Madrid recorrerá el centro de la capital desde Atocha hasta la Puerta del Sol.
Los docentes y padres convocantes harán también paro el jueves 24 y la jornada culminará con manifestaciones por la tarde, convocados por la Plataforma -integrada por FAEST, Sindicato de Estudiantes, CEAPA, MRP, FE-CC.OO, FETE-UGT, STRES-i, y CGT-. En Madrid, la marcha comenzará a las 18.30 en la plaza de Neptuno y terminará en la calle Alcalá frente al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
El calendario de 'movilizaciones en verde' -en alusión al color de las camisetas que inicialmente llevaron los docentes de la Comunidad de Madrid contra la política educativa del Gobierno de esta región- comenzó el pasado 23 de septiembre con el inicio de la consulta ciudadana, impulsada por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, sobre la futura ley, los recortes y el decreto que endurece los requisitos para acceder a las becas.
El resultado de la consulta, que finaliza el próximo 27 de octubre, fue registrado el jueves 17 por la Plataforma en La Moncloa. Hasta ahora, más de un millón de personas han participado en esta encuesta. Además, los portavoces de esta organización entregaron en la sede del Gobierno una carta dirigida al presidente Mariano Rajoy pidiéndole el cese del ministro de Educación, José Ignacio Wert, y la paralización del proyecto de la LOMCE.
La concertada se suma
Por su parte, el pasado mes de octubre, la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), mayoritaria en la educación privada concertada, se unió a esta convocatoria del 24 de octubre. A pesar de que los sindicatos sostienen que la reforma beneficia al sector privado, la FSIE niega que favorezca a la enseñanza concertada, sino que "empeora" cuestiones importantes para la actividad de sus docentes y resto de trabajadores, aparte de la congelación salarial de 2014 y la consolidación de los "duros recortes" que padece el sector.
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) tiene un futuro "incierto" y ha sido tramitada y elaborada "de espaldas a la educación concertada", aseguró el secretario general de la FSIE, Jesús Pueyo, en un comunicado. "La negociación con el Ministerio ha sido inexistente, y sin la implicación del profesorado es difícil que una reforma salga adelante". Opinó que, sin consenso, su aplicación y duración estará condicionada a la permanencia en el gobierno del partido que la promueve, argumenta, y nuevamente alumnos, profesionales y centros serán los "grandes perjudicados".
Este sindicato de la concertada sólo reconoce un "tímido" avance en favor de la libertad de elección de centro, pero consolida una "clara subsidiaridad discriminatoria" de la enseñanza concertada frente a la pública. "No hay ni una sola mejora en el régimen de conciertos educativos, ni mejoras para los docentes y no docentes de la enseñanza concertada. Los conciertos ni se consolidan ni se extienden a los niveles no obligatorios", según Pueyo.
La educación concertada, prosiguió, ha padecido los "mismos recortes que la pública", pero desde peores condiciones: "financiación deficitaria crónica, menos profesorado, menor salario, mayor jornada laboral". Aunque comparte la necesidad de cambios para reducir el alto índice de fracaso y abandono escolares, la ley tiene "lagunas importantes". Pueyo mencionó los siguientes puntos:
- Infantil y Primaria son las "grandes olvidadas" y la enseñanza básica obligatoria debería de tener una estructura "más sencilla y homogénea".
- La distribución de competencias en la aprobación y desarrollo del currículo es "compleja" y acrecentará las diferencias entre comunidades autónomas.
- "La nueva estructura (de asignaturas y cursos) generará problemas organizativos que provocarán despidos y cierres de unidades en el sector".
- Las pruebas externas comunes son necesarias para conocer la evolución del alumnado y propiciar su mejora, pero no deben ser obligatorias superarlas para obtener las titulaciones de ESO y Bachillerato.
- "Se debilita" la participación en los consejos escolares de los centros al reducir sus funciones.
La FSIE asegura que el Ministerio no ha convocado la mesa sectorial de la Educación Concertada desde que José Ignacio Wert es el titular de la cartera y reclama participar en la elaboración del futuro Estatuto Docente.