La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, ha considerado una "vergüenza" que el dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi no se encuentre en el banquillo de los acusados en el juicio por financiar a la banda terrorista ETA a través de las herriko tabernas.
Y es que este jueves arranca el juicio contra 36 miembros de Batasuna, acusados de financiar a la banda terrorista a través de las "herriko tabernas", donde el exportavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, ha sido excluido del proceso al estar ya condenado por el caso Bateragune.
Pedraza ha advertido en declaraciones a Europa Press de la "importancia" que tiene este proceso porque "tan grave es apretar el gatillo, como recaudar fondos y hacer posible que una organización terrorista se siga financiando para cometer asesinatos".
La presidenta de la AVT ha acudido a la primera sesión de la vista oral, en la que su asociación ejerce una de las acusaciones populares contra los 36 proetarras acusados de delitos de integración o colaboración con banda armada. La causa se sigue además contra 110 "herriko tabernas" declaradas responsables civiles subsidiarias.
Garzón inició el proceso en 2002
El juicio comienza once años después de que el juez Baltasar Garzón empezará a instruir el sumario. Esta previsto que el juicio se prolongue hasta febrero de 2014. Entre los acusados destacan el actual dirigente de la coalición EH-Bildu y antiguo dirigente de Batasuna, Joseba Permach, y Rufino Etxebarria, miembro de Sortu. Para ellos dos, la Fiscalía pide doce años de cárcel, los mismos que había solicitado, antes de excluirlos de este juicio, para Otegi, José Luis Elkoro, Joseba Mikel Garmendia y Josu Imanol Cortázar Pipaón. Además de la exclusión de estos cuatro, también faltarían en el proceso Juan Antonio Urrutikoetxea -Josu Ternera- que permanece huido, Jon Salaberria está actualmente preso en Francia, y Jon Idígoras que falleció en 2005.
Por su parte, el fiscal Vicente González Mota solicita diez años de cárcel para otros veinte miembros de la formación ilegalizada por un delito de integración en ETA, mientras que para los imputados restantes reclama ocho años de prisión por colaboración.
El modus operandi
El patrimonio de las "herriko tabernas", a través de las cuales, presuntamente, se financiaba la banda terrorista ETA mediante la subordinación de Batasuna, superaba los 12 millones de euros y tenía unos movimientos anuales estimados en unos 15 millones, según la Fiscalía.
Para evitar riesgos patrimoniales la propiedad de los inmuebles y las cuentas corrientes de las "herriko tabernas" eran titularizadas por las respectivas asociaciones culturales, aparentando que la actividad económica estaba desvinculada de la actividad política y logística a favor de ETA", indica el escrito de acusación.
Con ello, recalca el fiscal, se conseguía separar totalmente las actividades de los locales para evitar problemas de ilegalización política y posibles embargos judiciales. Asimismo, estos establecimientos eran utilizados como fuente de financiación al servicio de ETA, que los consideraba como un "lugar idóneo" para la actividad orgánica de las organizaciones de su entorno "para el reclutamiento de nuevos terroristas", el depósito temporal de armas y explosivos y la captación de información sobre posibles objetivos.
El núcleo director de las "herriko tabernas" estaba compuesto, según la Fiscalía, por los acusados Juan Ignacio Lizaso (coordinador en Guipúzcoa), Juan Francisco Martínez Betanzos (en Vizcaya), Jaione Intxaurraga (en Álvava), Joseba Imanol Cortazar (en Navarra), Jon Gorrotxategi, Patxi Jagoba Bengoa e Idoia Arbelaiz.