El secretario general de UGT, Cándido Méndez ha considerado este lunes que UGT de Andalucía tiene que depurar "responsabilidades políticas" en el caso de los ERE. También se ha pronunciado sobre las protestas de sindicalistas realizadas la pasada semana contra la juez del caso, Mercedes Alaya. "Aquello derivó en una serie de acontecimientos y manifestaciones verbales que yo lamento", ha dicho Méndez.
El dirigente sindical ha aprovechado su presencia en una rueda de prensa ofrecida este lunes, antes de la Convención de Delegados de UGT en Asturias, para expresar su posición de lo ocurrido. Su condena a lo ocurrido ha tenido matices: "Nadie tiene por qué objetar una concentración, incluida en los juzgados. Yo tengo que objetar que derivó en manifestaciones verbales que yo lamento". En opinión de Méndez, tiene que "imponerse un respeto profundo a la Administración de Justicia.
Respecto a las responsabilidades de UGT en el caso de los ERE de Andalucía, Méndez confía en que finalmente quede acreditado que el sindicato actuó de acuerdo a la legalidad. "Si hay alguien que ha metido la mano tendrá que hacer frente a las consecuencias y seremos los primeros interesados", ha apuntado.
Así, en relación a las informaciones periodísticas aparecidas sobre presuntas facturas que no estarían justificadas, se ha mostrado partidario de analizar lo acontecido. Ha recordado que la pasada semana UGT Andalucía ya tomó la decisión de devolver una cantidad de dinero a la Junta de Andalucía, incluyendo una factura relativa a la Feria de Abril de Sevilla. "Tengo que manifestar que me parece incomprensible y veo lógico que el dinero sea devuelto", ha apuntado.
A juicio de Méndez, UGT tiene que mantener una "colaboración absoluta" con la Administración autonómica "para clarificar todo lo que haya que clarificar". Ha dicho que la organización de UGT Andalucía, además de las responsabilidades administrativas que pudieran surgir, tiene que contemplar la asunción de "responsabilidades políticas" en todo lo ocurrido.
"Ni comisionistas ni mediadores"
Méndez ha señalado que los sindicatos, en materia de expedientes de regulación de empleo (ERE), no son ni comisionistas ni intermediarios o mediadores. Lo que han hecho en Andalucía, como en otros puntos de España, es representar a los trabajadores en un momento especialmente crítico, buscando alternativas al despido, de tal forma que se puedan contemplar prejubilaciones para los que tengan una determinada edad. "Los sindicatos tienen que hacer una labor que no puede ser sustituida por la mediadora o la aseguradora", ha explicado.
En Andalucía, ha manifestado, hubo situaciones en lo que los trabajadores se encontraron en la calle y la empresa había desaparecido. Y ahí es donde se tuvo que abordar un proceso de reconversión, que fue aceptado por la administración autonómica y central.
El dirigente sindical ha añadido que respeta el proceso judicial y que confía en que la situación quede "clarificada", de forma que las organizaciones sindicales puedan acreditar la legalidad de sus trabajos y las cantidades que se hayan abonado como contrapartida a ese trabajo sindical.
Eso sí, ha dejado claro que si hay alguien que ha tomado alguna decisión de carácter ilegal, tendrá que "hacer frente a las consecuencias". Pero además, ha insistido en que la organización en Andalucía tendrá que depurar las responsabilidades políticas de lo ocurrido. "Eso en ningún caso tiene que afectar a la honorabilidad de las personas", ha aclarado.
Cándido Méndez se ha presentado en la rueda de prensa con el brazo derecho inmovilizado. Posteriormente se ocupó de explicar a los periodistas que el motivo era que se había operado porque tenía cuatro tendones del hombro rotos.
UGT-A estudia "acciones judiciales" contra Alaya
Por su parte, el secretario general de UGT Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, ha informado este lunes que desde el sindicato se estudia emprender acciones judiciales por las detenciones de los sindicalistas la semana pasada, entre ellos la del secretario general de UGT en Cádiz, Salvador Mera, dentro del caso sobre los expedientes de regulación de empleo -ERE- irregulares, de modo que "una de las posibilidades es analizar si hubo algún exceso en cuanto a los derechos mermados de los compañeros retenidos la semana pasada".
En este sentido, "si así lo ven los servicios jurídicos" de UGT y "se entiende que es de procedimiento, así se hará", ha asegurado el líder de UGT-A en una rueda de prensa en Córdoba, acompañado por la secretaria general de UGT en la provincia cordobesa, Isabel Araque.
Al respecto, comenta que "si hay alguna irregularidad ya se verá", pero entiende que Salvador Mera "no hizo nada irregular", según Francisco Fernández, quien asevera que no le ha pedido que dimita a Mera y que analizará la situación la dirección provincial de UGT.