El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dictado este viernes un auto donde rechaza citar a declarar como testigos por el caso Bárcenas al presidente del Gobierno Mariano Rajoy, al ex vicepresidente Rodrigo Rato, y a los exministros Jaime Mayor Oreja, Ángel Acebes y Federico Trillo, entre otros. La Fiscalía Anticorrupción se había opuesto a que declarara el presidente del Ejecutivo en dicha investigación judicial.
En la resolución, el magistrado argumenta que no existen "elementos de convicción suficientes que determinen la idoneidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad" de dichas testificales.
Por otro lado, el instructor ha citado a declarar al extesorero del PP, Álvaro Lapuerta, antecesor de Bárcenas en el cargo, el próximo día 4 de noviembre en calidad de imputado y, por lo tanto, con asistencia de su letrado. Los forenses de la Audiencia Nacional habían informado en contra de dicho interrogatorio debido el delicado estado de salud de Lapuerta, de 86 años de edad, pero el juez quiere a darle la posibilidad de "ofrecer las explicaciones que estimara oportunas para ejercer su derecho de defensa".
Además, el juez ha solicitado en el plazo de cinco días a los funcionarios de Policía que llevaron a cabo la prueba caligráfica a Lapuerta -tras estallar el caso de los 'papeles de Bárcenas'- que le remitan un informe sobre esta prueba caligráfica.
Ruz ha acordado esta batería de diligencias después de haber escuchado el pasado mes de agosto los testimonios de la actual secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal y sus predecesores en el puesto Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos sobre las donaciones a esta formación política.
En la misma resolución, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional rechaza también citar a otros dirigentes o ex dirigentes populares (la alcaldesa de Cádiz Teófila Martínez, el expresidente balear Jaume Matas o el asesor Pedro Arriola, entre otros) o bien porque estas declaraciones pueden ser redundantes para el curso de la investigación judicial o bien por exceder el ámbito temporal de prescripción de los delitos.
De igual modo, en dicho auto el magistrado ha pedido un informe a la Intervención General del Estado (IGAE) sobre los registros contables en los que se recogieron la compra de la sede del PP de La Rioja y el embargo de 160.000 euros del PP de Pontevedra. Para ello, los inspectores deberán acceder a las contabilidades de dichas formaciones autonómicas.