Tanto UGT como CCOO han criticado duramente la operación policial que ha propiciado el arresto de varios miembros de sus sindicatos en la operación Heracles, enmarcada en la trama de los ERE fraudulentos. Lejos de la autocrítica, ambas centrales han atacado tanto a la juez instructora como a los agentes que han participado como a los medios que han informado sobre estos últimos escándalos.
De este modo, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha dicho que el modo en que se ha detenido a sindicalistas en Andalucía por el caso de los ERE "no debería tener cabida en un estado democrático" y ha instado a la juez Mercedes Alaya a que se sustancien "de una vez" sus actuaciones en el caso.
En este sentido, Toxo ha declarado que el hecho de que se esté dictando una "sentencia mediática" hace "muchísimo daño" que "en parte será ya irreparable", y ha reiterado su convencimiento de que su sindicato "no forma parte de ninguna trama vinculada a los ERE, ni en Andalucía ni en ningún otro lugar".
A su juicio "no es normal" que Roberto Carmona Soto, exsecretario de Desarrollo Industrial de CCOO en Andalucía, a quien no ha nombrado, todavía permanezca en los calabozos de la Guardia Civil, sin que haya sido imputado y sin que haya prestado todavía declaración, después de ser detenido ayer en su casa "con gran despliegue de aparato, también mediático".
El secretario de CCOO en Andalucía, Antonio Carbonero, ha afirmado que "tiene mucho más que ver con las brigadas de lo social al servicio de los tribunales de orden público de otros momentos que con un estado de derecho en el siglo XXI". "Estas prácticas creíamos que estaban ya superadas en este país", ha dicho Toxo, que además ha recordado que "yo hoy no sé cuáles son los cargos que se imputan a las personas que están detenidas y a las que han sido llamadas a declarar".
Ha lamentado que los diarios estén "llenos no solo de relatos, sino también de opiniones" y en gran medida dictando una "sentencia de telediario" durante una fase del procedimiento que todavía es de instrucción, lo que "hace muchísimo daño, que en parte será ya irreparable".
Por ello, ha llamado a la juez Alaya a que instruya "con toda la celeridad y el rigor necesario este procedimiento", que se está alargando de forma a su juicio "sorprendente". Toxo, que ha asegurado que "en breve" se presentarán las conclusiones de una investigación interna paralela a las actuaciones judiciales, ha dicho que es "urgente" que se pase a la fase de instrucción y se levante secreto de sumario porque "se está generando claramente indefensión".
Una vez que esto ocurra, y cuando se emita dictamen, "se verá que CCOO mantiene una trayectoria impoluta en relación a los ERE", ha garantizado. En todo caso, en el supuesto de que alguna persona vinculada al sindicato haya tenido una actuación ilegal o tan siquiera irregular o "haya metido la mano", el sindicato "tomará las decisiones que se correspondan", ha dicho.
En cuanto a su propia asunción de responsabilidades en el caso de que se demostrase que han existido irregularidades, Toxo ha dicho que sabe "perfectamente" lo que haría, pero que no lo dirá porque no va a meter al sindicato en una "situación de zozobra".
UGT no descarta más detenciones "visto lo visto"
Por su parte, el secretario general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, ha señalado que no tiene "indicios" de que más miembros de su organización pudieran verse implicados en la segunda fase de la operación Heracles, iniciada este martes y que ya ha incluido la detención del secretario provincial de UGT en Cádiz, Salvador Mera, si bien ha apostillado que, "visto lo visto, no se puede descartar nada".
Así lo ha reconocido Fernández en una rueda de prensa en Jaén en la que, además, ha recordado que UGT-A está personada como acusación personal en esta causa, si bien esta fase de la instrucción "está bajo secreto de sumario", lo que impide al sindicato, según ha añadido, saber "los motivos" por los que "se retiene" a Mera, al que, además, ha enviado "todo su apoyo a nivel personal".
En ese sentido, Fernández ha explicado que los afiliados al sindicato, por el hecho de serlo, tienen "derecho a la prestación de una serie de servicios, entre ellos, jurídicos", que, en todo caso, se satisfacen "con cargo a su afiliación". "UGT se financia con las cuotas de sus afiliados, que sufragan el trabajo que desarrolla", ha subrayado en plena polémica tanto por las comisiones por los ERE como por el escándalo de las facturas falsas.
En esa línea, el líder de esta organización se ha quejado de la forma "tan abstracta" con la que, en su opinión, se está criticando la labor sindical, algo que, a su juicio, "parece que obedece a otras cosas". "Los sindicatos, en general, están bajo sospecha", ha lamentado antes de recalcar que UGT-A "no teme en absoluto nada".