El juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, ha decidido que la primera denuncia de Manos Limpias contra el sindicato UGT en Andalucía por el caso de las supuestas facturas falsas que desveló LD sea investigada por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que también se encarga del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía.
Según publicó Libertad Digital, esta primera denuncia había recaído inicialmente en el Juzgado de Instrucción número 9, que había llegado a incoar diligencias previas aunque se negó a seguir practicando diligencias para las sucesivas ampliaciones de Manos Limpias. Finalmente el juez decano ha optado por que la denuncia sea investigada por Alaya al entender que "conoce los mismos hechos por razones de investigación judicial" con anterioridad al Juzgado de Instrucción número 9.
En realidad, el juez del juzgado de instruccion número 9 de Sevilla nunca tuvo demasiado interés en instruir el asunto, que aceptó con base en la primera denuncia, pero que luego se negó a aceptar las sucesivas ampliaciones. Hasta tal punto llegó el desapego del juez por el caso que presentó una cuestión de competencias al Decanato, cuestión que ha sido aceptada y como consecuencia, es el Decano el que ha decidido pasar este caso a la instrutora de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya.
En su alegato, el titular del juzgado número 9 ha planteado si debe ser él mismo el que investigue la citada denuncia o ésta debe ser enviada al juzgado de instrucción número seis de Sevilla, donde se investiga el caso de los ERE fraudulentos. El juez considera que quizás podría existir relación con los hechos que investiga ese juzgado en unas diligencias secretas, que se desgajaron de las originales, y que tratan sobre los pagos a los sindicatos. Lo que significa que Mercedes Alaya asumiría el caso.
Según las normas de reparto cuando un juez deduce testimonio de unas diligencias que ya investiga al surgir un nuevo hecho es el mismo juzgado el que se encarga de la nueva instrucción y con respecto a las facturas de UGT el decano de los jueces ha entendido que la "competencia" corresponde a la juez Alaya al tratarse de un "hecho que ya ha sido objeto de investigación judicial", en alusión a la investigación que la juez Alaya mantiene declarada en secreto desde septiembre pasado pero que parte en realidad de la operación Heracles que se desarrolló en marzo pasado contra el cobro de las sobrecomisiones vinculadas a las pólizas de los ERE.
Para el decano "prima el principio competencial" sobre el de la nueva fecha de incoación del procedimiento, dado que la primera denuncia del sindicato Manos Limpias contra UGT se presentó en agosto pasado, antes de que Alaya abriera la nueva línea de investigación y la declarara secreta.
De momento, la investigación que se remite a Alaya se refiere a la denuncia presentada en el juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla no a las otras siete ampliaciones que han recaído en otros juzgados y cuyo posible conflicto de competencia no ha llegado al decanato. En cualquier caso, todo apunta a que estas denuncias podrían acumularse igualmente en el juzgado de Alaya por motivos de conexidad de los hechos a investigar.
Además del juzgado de Instrucción número 9, los juzgados que también investigan el posible desvío de las subvenciones para fines distintos a los que se concedieron son los número 5, 19 y 4, mientras que una última denuncia estaba en el decanato de los juzgados de Sevilla, que debía repartirla a otro juzgado de Instrucción.
El juzgado número 9 investigaba la denuncia contra los responsables de UGT-A por falsear presuntamente facturas para pagar pancartas y publicidad para la huelga general del 29 de septiembre de 2010 y para gastos de funcionamiento, cuando los fondos se hallaban vinculados a la formación de desempleados o cursos de formación para celadores sanitarios.
En el juzgado número 5 ha recaído otra denuncia de Manos Limpias del 20 de agosto contra los dirigentes de UGT-A por el uso de contratación eventual de adolescentes, mientras que el juzgado de Instrucción número 19 tramita otra denuncia por cargos de comida a la Junta y el pago de sobresueldos. Esta denuncia fue presentada el 23 de agosto.
En el juzgado número 4 se investiga una denuncia del 27 de agosto contra UGT-A por haber justificado gastos de una asamblea con CCOO como ayuda a mujeres discriminadas, o haber cargado a la Junta el pago de una cena para 150 personas en la caseta de la Feria de Abril de 2010.
El decano tiene aún que repartir la última denuncia presentada, que tiene fecha del pasado 7 de septiembre, en relación con la facturación de un convite y la indemnización de un ERE de 159 empleados.
El caso de las facturas de UGT, algunas de ellas para comilonas, para pancartas para ir a una manifestación o la existencia de sobresuedos, tienen una posible conexión con las diligencias previas que investiga Alaya. Ello supondría que se suma a las macrocausas de los ERE, la venta de suelo, el delito societario, la operación Madeja o el caso del Betis.