Diez meses antes de la Diada de 2012, en la que se dio el pistoletazo de salida a la actual hoja de ruta secesionista, CiU creó la Assemblea de Municipis per la Independència (AMI), inspirada en la red de municipios creada por el nacionalismo vasco. Esa estructura, denominada Udalbiltza, nació al calor del pacto de Estella, en 1999, que fijaba la alianza de PNV y Batasuna para la independencia de Euskal-Herria. A través de esa organización municipalista, de la que el PNV se apartó al poco tiempo por su sesgo radical, se organizaban campañas contra los símbolos españoles, de insumisión fiscal y toda clase de manifestaciones con dinero procedente de los ayuntamientos.
En Cataluña, la AMI también tiene los mismos objetivos y emplea iguales métodos. Según sus propios estatutos, "esta Asociación, desde la transversalidad municipal y apartidista, tiene como finalidad convertirse en un amplio espacio de debate donde compartir ideas, iniciativas (legales o cívicas), experiencias, información, herramientas de gestión y todo aquello que pueda ser útil para llevar al pueblo de Cataluña hacia la independencia (...) Esta asociación se abre a los 947 municipios que integran el territorio catalán", concluye el párrafo. Así, la AMI promueve, alienta y presta servicios jurídicos a todo aquel ayuntamiento que sigue sus instrucciones en materia de retirada de la bandera de España de todos los centros oficiales, en campañas de insumisión fiscal y en la organización de manifestaciones, caravanas y cadenas independentistas. En suma, en "todo aquello que pueda ser útil para llevar al pueblo de Cataluña hacia la independencia", tal como rezan sus estatutos.
El presidente de este organismo es el alcalde de Vic, Josep Vila d'Abadal, de Unió y líder del sector independentista del partido de Duran. Vila d'Abadal es, además, el referente ideológico en el frente municipal del soberanismo y la ciudad de la que es alcalde, el banco de pruebas de campañas que luego se extienden por toda Cataluña, como la de sustituir las banderas de España por estelades o las declaraciones municipales de "insumisión fiscal". Pero los ayuntamientos, consejos comarcales y diputaciones provinciales adheridos a esta red municipal no se quedan en esos "gestos". A ellos se debe la contratación y sufragio de trenes y autocares para acudir a las dos últimas exhibiciones de la Diada, la cesión gratuita de locales a organizaciones independentistas así como la organización de clase de actos, jornadas, fiestas, y protestas independentistas, así como la concesión de subvenciones a las organizaciones "cívicas" que, en teoría, organizan las exhibiciones independentistas catalanas.
La AMI no es precisamente una organización en un estado incipiente, sino que cuenta ya con la adhesión de 672 municipios de los 946 que hay en Cataluña, así como de 36 de los 41 "consejos comarcales" y dos de las cuatro diputaciones provinciales, las de Gerona y Lérida, en concreto. Manresa, Tortosa y Gerona son algunas de las ciudades de una cierta envergadura que forman parte de la agrupación. En el caso de Barcelona, sólo la abstención prevista de tres de los cuatro concejales de Iniciativa per Catalunya (IC) ha llevado al alcalde Trias a aplazar la adhesión del ayuntamiento. Además de la negativa de los concejales del PP y gran parte de los del PSC, las dudas de Iniciativa per Catalunya aconsejaron a CiU, ERC y a Laporta, el ex presidente del Barça que ahora ocupa plaza de concejal, a cancelar a la espera de mejor ocasión el intento de adhesión a la AMI.
La cuestión de las similitudes entre la estrategia de Batasuna y la de CiU no se limita al plano político. El método para financiar las actividades del organismo "municipalista" es el mismo que empleaban Batasuna y sus aliados, el cobro de cuotas a cargo de los presupuestos locales. En el caso de la AMI, exige un pago a los entes asociados que se establece, en principio, por el número de habitantes. Así, a Vic, con un censo en 2012 de 41.191 habitantes, le corresponde pagar una cuota de 3.599 euros anuales, una nadería en comparación con las partidas destinadas a toda clase de organizaciones independentistas, todas ellas vinculadas a la AMI. No hay información fiable de lo que pagan las diputaciones, caracterizadas en Cataluña por la abundacia de recursos de origen estatal, pese a la crisis. La de Barcelona, por ejemplo, se ha convertido en el prestamista de urgencia de la Generalidad con la cesión de fondos para hacer frente, entre otras urgencias, al pago de nóminas a los funcionarios.
Del volumen de recursos que puede manejar la AMI no hay cálculos solventes. De hecho, que Vic paga esa cuota se sabe porque se aprobó en una junta de gobierno municipal. Ese "desliz" ha sido detectado por la Delegación del Gobierno en otros siete ayuntamientos y en dos consejos comarcales. Se trata del ya citado ayuntamiento de Vic, los consejos comarcales del Urgell y la Ribera de Ebro y los municipios de Begues, Caldes de Montbui, Olesa de Bonesvalls, Vilanova del Valles, Gósol, Llobera y Poal.
En la mayoría de estos casos, la extracción de fondos públicos aprobada en junta de gobierno o pleno no llega a los mil euros, salvo en el caso de Caldes de Montbui (1.487 euros) y el consejo del Urgell, con la misma cantidad. Es lo que se puede considerar probado por la Abogacía del Estado de momento, ya que en la Delegación del Gobierno no se ha recibido aún la documentación sobre aprobación de cuentas y actas municipales que todos los entes locales están obligados remitir a la Delegación. Los retrasos, errores y pérdidas de documentación son también una seña de identidad de los ayuntamientos catalanistas en sus obligaciones legales con la administración central.
A la espera de obtener la información de la mayoría de localidades catalanas, la acción de la Abogacía del Estado contra esos diez entes se fundamenta en dos sentencias del Tribunal Supremo relativas a la aprobación de partidas presupuestarias para la financiación de Udaltbiltza en los municipios vascos de Alegria-Dulantzi y Barrundia, de cuyas arcas habían salido 522.000 y 300.000 pesetas hacia dicha organización de los radicales vascos en el año 2000. Las sentencias consideraban un "fraude de ley" subvencionar con fondos públicos a una asociación "que persigue fines estrictamente políticos". En dichos fallos se documentan ampliamente los propósitos que declaraba Udalbiltza, similares a los que pregona la AMI en sus estatutos.
Cabe recordar que el PNV se desmarcó de la citada organización cuando declinó la estrella política de Joseba Egibar, a principios de la pasada década y que fueron Batasuna y sus diferentes marcas electorales las que la han mantenido viva hasta hoy. En marzo pasado, Bildu, Sortu y Aralar decidieron reactivar la asociación, que en su nueva etapa ya cuenta con la adhesión de casi cuatrocientos municipios.
En el caso catalán, la iniciativa de denunciar estos procedimientos por parte de la Delegación del Gobierno se toma a título de inventario, como si cada recurso en contra fuera un reconocimiento al mérito civil. La delegada del Gobierno, Llanos de Luna, se ha convertido en la diana habitual de las críticas de los dirigentes de CiU, ERC y hasta del PSC.
En este contexto, la AMI se jacta de que 55 ayuntamientos y consejos comarcales han sido denunciados por la Delegación del Gobierno por no colgar la "rojigualda" (según la expresión que utilizan en sus textos en catalán); 43 por impulsar la "soberanía fiscal"; y 31 por declararse "territorio catalán libre y soberano". También reconoce denuncias, entre ellas a los ayuntamientos de Gerona y Figueras, por la contratación de trenes para la Diada de 2012, y las diez últimas alusivas al pago de cuotas con fondos públicos, de las que, según aseguran en la AMI, nueve "ya han sido desestimadas por los juzgados".