El Gobierno quiere acabar con la impunidad con la que las bandas organizadas están saqueando instalaciones agrícolas y ganaderas en los últimos años. Para ello, la Guardia Civil comenzará a constituir en próximas fechas los denominados Equipos Roca (Equipos de lucha contra el Robo en el Campo), cuya función será la de incrementar la seguridad y vigilar de forma permanente las zonas con mayor riesgo.
El ministerio del Interior destinará 275 agentes del Instituto Armado, que se configurarán en 55 grupos diferentes, y que realizarán su labor en las 15 provincias españolas en las que ha habido una mayor densidad de robos en los últimos años, y en las que se concentraron el 74 por ciento de los robos denunciados en 2012. Se trata de Cáceres, Badajoz, Huelva, Toledo, Ciudad Real, Córdoba, Sevilla, Albacete, Granada, Almería, Murcia, Alicante, Valencia, Castellón y Zaragoza.
Las funciones y objetivos de estos Equipos Roca será mantener un contacto permanente con todas las personas que integran los colectivos agrícolas y ganaderos, obtener información relacionada con este fenómeno delictivo y tratar de detectar a los delincuentes, investigar en aquellas explotaciones agrícolas y ganaderas donde se ha producido el delito, explicar a estos colectivos como pueden mejorar su seguridad en aras de evitar nuevos robos, identificar a los delincuentes y diseñar, en base a la información obtenida, dispositivos operativos para la detención de los delincuentes, recabando el apoyo de otras unidades territoriales.
Estas unidades contarán con el apoyo del Escuadrón de Caballería de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) de la Guardia Civil, que también se desplegará en estas zonas, y estarán en permanente contacto con las unidades del Seprona, Tráfico y de Seguridad Ciudadana destinadas en la provincia.
Sobre el perfil de los ladrones, la Guardia Civil apunta que son bandas organizadas que cometen delincuencia itinerante: salen del lugar donde viven, viajan por la noche hasta otras zonas distintas a las suyas, cometen los delitos y venden después en otras provincias diferentes a aquellas en las que han cometido los hurtos.
La presentación de este nuevo plan de seguridad, denominado Plan contra las Sustracciones en Explotaciones Agrícolas y Ganaderas, se hizo este miércoles en la sede del Ministerio del Interior tanto por el titular de la cartera, Jorge Fernández Díaz, como por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.
Fernández Díaz explicó que la intención de estas medidas son mejorar la seguridad de estas instalaciones que se encuentran en grandes extensiones de terreno y presentan unas características que las hacen más vulnerables, puesto que suelen estar dispersas, en zonas despobladas. Además, se trata de explotaciones agrícolas y ganaderas que, habitualmente, se encuentran alejadas de las principales vías de comunicación y en la mayoría de los casos sus propietarios no viven en ellas.
En esta línea, aseguró que este plan de seguridad tiene carácter permanente y que en él tendrá también una importante función la comunicación habitual que habrá entre las comandancias provinciales y los puestos locales y las asociaciones de ganaderos y agricultores de cada zona.
Arias Cañete destacó principalmente el compromiso del Gobierno para atender las reivindicaciones de los agricultores y ensalzó la reforma del Código Penal, cuyo anteproyecto de ley aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros, y que establece penas de entre uno y tres años de prisión para aquellas personas que roben productos agrarios o medios de producción agraria. A ello se suman penas de inhabilitación de entre dos y cinco años para establecimientos que vendan material robado o, incluso, la clausura definitiva de la empresa.
Además, indicó que los robos se acentúan en los meses de recolección y durante los fines de semana, mientras que descienden considerablemente durante los meses de verano. "Es que si estos ladrones también se cogiesen vacaciones...", dijo.