El método del 'fondo de reptiles' se mantuvo con Griñán hasta 2012

Es lo que se desprende de los últimos autos de la juez Alaya que imputan a dos exdirectores de Presupuestos, Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera. Según la juez, el sistema ideado para las ayudas se mantuvo durante la etapa de Griñán como presidente de la Junta. De hecho, resume ABC, las acusaciones que se formulan contra ambos ex altos cargos consisten en que el primero pudo pararlo y que el segundo lo mantuvo fingiendo cambiarlo. Por cierto, que Aguilera ha solicitado su declaración como testigo ante la Guardia Civil.

En el escrito de imputación por prevaricación y malversación se acusa a Aguilera de conocer "las ilícitas consecuencias de la ilícita partida presupuestaria" pero, además, se afirma que conoció el uso ilegal de las transferencias de financiación por parte de la Consejería de Empleo para conceder subvenciones y mantuvo el mismo sistema hasta 2012, año en que ya era presidente de la Junta José Antonio Griñán.

Es más, la juez afirma que Aguilera (director general de Presupuestos hasta junio de 2012) se dedicó a "aparentar el comienzo de un cambio" aunque no se había producido ningún cambio legislativo. Aparentó el cambio porque se tenía ya constancia de las consecuencias a lo largo de la década de la falta de control y de distorsión de la financiación que generaba el uso de las transferencias de financiación para conceder subvenciones.

Por ello, a partir del presupuesto de 2010 desapareció la partida-programa 31-L siendo sustituida por los artículos correspondientes a los beneficiarios de subvenciones. Pero el cambio, según Alaya, fue aparente puesto que "se continuó con el mismo sistema de no tramitar las subvenciones y de no fiscalizar las mismas". Por si fuera poco, se asegura que Aguilera tramitó modificaciones presupuestarias "radicalmente inadecuadas". Una de 300.000 euros en 2009 y otra de 20 millones en 2010.

Tras esas graves imputaciones Aguilera se negó a declarar porque la juez no le dejó parar para estudiarlas. Algo que fue criticado por su abogado, que denunció la existencia de una investigación paralela de la Guardia Civil y la vulneración de derechos. Ni la Fiscalía ni la Junta solicitaron fianza, mientras el PP pidió que se impusiera la que estimase la juez. El abogado de Manos Limpias, que pidió 20 millones, recordó que Anticorrupción está sometido al principio de dependencia jerárquica y que su actuación "obedece a razones de instrucciones políticas".

Por otra parte, la acusación particular del PP presentó un escrito lamentando que Anticorrupción recurriera por falta de motivación el auto que pre imputaba a Chaves y Griñán, como si hubiera "personas de primera y de segunda, aforados e imputados rasos".

María Jesús Roga, compensada por la juez Alaya

Por ello, el sistema no se corrigió en los presupuestos de 2010 y siguió existiendo el uso de la partida fraudulenta conocida como fondo de reptiles. Además, en 2009 y 2010 la Junta de Andalucía tramitó dos modificaciones del presupuesto para incrementar el fondo de reptiles, la primera de ellas por 900.000 euros y la otra por 20 millones de euros, aprobada por el Consejo de Gobierno.

Esta última modificación del presupuesto se hizo detrayendo 20 millones de euros de subvenciones que se podían haberse tramitado debidamente para concederlas sin publicidad, arbitrariamente y de manera opaca. Aunque el dinero no llegó a gastarse, Alaya considera que "podría considerarse que la vía de la modificación presupuestaria de espaldas al presupuesto era la forma de volver cuando fuera necesario al uso de las transferencias de financiación para conceder subvenciones" o al fondo de reptiles.

La juez Mercedes Alaya, en atención a esta colaboración, ha librado a Rofa del embargo de sus bienes por su "contribución para el esclarecimiento de los hechos". María José Rofa está imputada por malversación, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos, pero no deberá poner ninguno de sus bienes para responder el dinero presuntamente defraudado, entre otros motivos, por su colaboración con la Justicia.

Así lo refleja la juez Alaya en un auto fechado el 17 de septiembre en el que además exime de prestar fianza civil a tres de los imputados: Manuel Gómez, ex interventor general de la Junta; Antonio Diz-Lois, ex director de administración y finanzas de la agencia IDEA, Con ello advierte a los pasados y futuros declarantes que va a valorar "positivamente", la contribución que hagan para el esclarecimiento de los hechos.

El sistema seguía activo en 2011

Para dar apariencia de legalidad al sistema, en 2010 se firmó una "encomienda de gestión". Pero siguieron las malas prácticas por cuanto en virtud de dicha "encomienda de gestión" se abrieron 101 expedientes de ayudas en 2010 y cuatro en el ejercicio 2011, en plena ebullición del escándalo de los ERE y las ayudas fraudulentas.

Aguilera quiere anular su declaración

Según La Razón, ante los agentes de la UCO, Aguilera –director general de Presupuestos entre abril de 2009 y junio de 2012– admitió que "desde 2002 a 2009 se usó la Transferencia de Financiación de forma inadecuada" y justificó que nada más ocupar la Dirección General de Presupuesto impulsara la instrucción 1/2009.

En ella se señala que la práctica llevada hasta la fecha "está dificultando, no ya sólo, la rendición de cuentas o la coherencia de la información que se aporta al Sistema Europeo de Cuentas, sino que impide también visualizar las políticas realizadas por las distintas consejerías, al tiempo que ofrece una imagen distorsionada de la financiación de las empresas públicas, ello sin obviar los diversos problemas que se plantean en el ámbito del control de este tipo de actuaciones".

Pero, como ya hemos anticipado, no fue hasta el Presupuesto de 2012, cuando el escándalo de los ERE ya había trascendido, "cuando se produjo el cambio real". Además, Aguilera impulsó dos modificaciones presupuestarias "de espaldas al Presupuesto". Una opción para seguir utilizando las transferencias de financiación para la concesión de subvenciones.