¿Engañó el gobierno andaluz al Parlamento con presupuestos falseados?

El Instituto de Fomento de Andalucía falseaba sus otros gastos de explotación para compensar los ingresos de las transferencias de financiación procedentes de la Consejería de Empleo que se destinaban a subvenciones, destino prohibido por la ley que el propio Antonio Lozano, ex número dos de Susana Díaz, reconoció. Ese falseamiento era responsabilidad del Director General de Presupuestos y de los cargos superiores de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía que era la que llevaba al Parlamento los presupuestos ya falseados.

En su comparecencia ante la juez el pasado día 19 de septiembre, el imputado Lozano reconoció, y dictó sus respuestas a la secretaria judicial, que las transferencias de financiación entre la Consejería de Empleo u otras Consejerías y el Instituto de Fomento de Andalucía -IFA, luego Agencia IDEA-, no podían destinarse a subvenciones ni siquiera excepcionales. Su uso legal se limitaba a la financiación de operaciones genéricas, para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que fueron otorgadas o para enjugar pérdidas de ejercicios anteriores. Sin embargo, según el PP, al menos siete consejerías de la Junta destinaron 4.300 millones de euros a transferencias de financiación el IFA que luego fueron usados de manera irregular escapando a los controles de la Intervención y vulnerando los principios de objetividad, libre concurrencia, publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación.

El siguiente documento de la autidora Price Waterhouse demuestra cómo la Consejería de Empleo no era la única en usar el procedimiento de las transferencias de gestión:

El entonces secretario general del PP-A, Antonio Sanz, aseguró en enero de 2012 que siete consejerías del Gobierno andaluz, entre las que se encontraban Presidencia, Gobernación, Empleo y Desarrollo Tecnológico, Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Empleo, Turismo y Deportes e Innovación, Ciencia y Empresa habían realizado transferencias de financiación corrientes y de capital a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) o de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) por valor de 4.315,4 millones de euros para la concesión de créditos a empresas.

En un estudio "pormenorizado" realizado por el PP sobre las liquidaciones del presupuesto de gastos contenidos en las cuentas anuales de la Junta de Andalucía, entre los años 2001 y 2010, documento remitido el 16 de diciembre de 2011 al juzgado de Instrucción número seis de Sevilla. Según ese estudio, todas estas consejerías habían usado un procedimiento "supuestamente irregular" para la concesión de ayudas, "prácticamente igual a la del 'fondo de reptiles'" y se preguntó por qué se había utilizado al IFA, luego Agencia IDEA, un organismo "que nadie tiene que ver con la mayoría de estas consejerías". En su opinión, ello solo puede explicarse porque con ello "quisieran saltarse todos los controles y no establecer procedimientos reglados para conceder ayudas a los entornos más cercanos del PSOE".

Según el PP la gravedad de los hechos revelaba que el PSOE había utilizado como "banco privado" al servicio del partido el dinero público transferido al IFA una vez desprovisto de controles administrativos.

La mentira presupuestaria

Las transferencias de financiación son, pues, aquellas aportaciones dinerarias entre la Administración de la Junta de Andalucía y otras Administraciones Públicas o Entes Públicos destinadas a financiar globalmente la actividad del Ente receptor de la transferencia, o a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que fueron otorgadas, pero nunca destinarse a otros fines.

Como recoge la juez Alaya en el auto de imputación de la ex ministra Magdalena Álvarez y 19 altos cargos más de la Junta de Andalucía, "la transferencia de financiación venía utilizándose para el pago de ayudas sociolaborales desde el año 1999 al 2001, anualidades en las que las citadas transferencias no se citaban en las leyes de presupuestos como concepto de financiación, pero los créditos para pagos de las ayudas sociolaborales a través de las citadas transferencias, se realizaban mediante modificaciones presupuestarias. Recuérdese que fue Magdalena Álvarez quien dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación a través de la Orden de 4 de junio de 2003.

Naturalmente, todo este procedimiento no era visible para los diputados del Parlamento andaluz que votaban el Presupuesto. ¿O es que todos ellos sabían pro advertencia previa de la Junta que los dineros transferidos al IFA y luego a la Agencia IDEA iban a usarse de este modo? Lo que aparece en los Presupuestos Generales de la Junta, en su libro esencial, es lo siguiente:

Ahí se ve que nada se deduce del uso posterior que se daba a las transferencias de financiación, que suponían el 51 por ciento del total del presupuesto de la Agencia IDEA para el año 2008, por poner este ejemplo. Naturalmente, para compensar tales ingresos se tenían que aumentar considerablemente los gastos, pero no los gastos habituales sino los "otros gastos de explotación".

El porcentaje de los "otros gastos de explotación" sobre el conjunto de los gastos era del 62 por ciento del total, muy superior al resto de los gastos incluido personal., Pero de la contemplación de estos cuadros no podía deducirse el uso posterior de estos dineros públicos.

Por ello, la juez Alaya concluye que el mecanismo empleado era no aplicar la Ley de Subvenciones a lo que eran sencillamente subvenciones a empresas y por ERE por los controles que sufría y aplicar este sistema opaco, sin publicidad ni transparencia para ayudar a empresas "amigas", a zonas electoralmente rentables para el PSOE, como la Sierra Norte de Sevilla o las comarcas de Jaén, o salvar situaciones críticas en las empresas públicas mal gestionadas.

Las acusaciones del Interventor

Cobra aún más sentido ahora el texto de la carta que el ex Interventor General de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez Martínez, remitió al presidente del parlamento andaluz, el socialista Manuel Gracia. Y decía lo que sigue: "Pero, donde el Dictamen de la Comisión de Investigación alcanza las más altas cotas de la extravagancia es al enjuiciar a la Consejería de Hacienda. Acaso usted habría augurado, Sr. Presidente, que la Comisión habría examinado y valorado la conducta, en relación con el fraude, de los diferentes órganos de un departamento que tuvo un protagonismo tan relevante en este caso de corrupción. Por ejemplo, de los titulares de la Consejería y de la Viceconsejería, que recibieron las auditorías en las que la Intervención ponía en su conocimiento las graves irregularidades descubiertas en la Consejería de Empleo y nada hicieron para combatirlas; antes al contrario, cebaron sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE. O, por qué no, del titular de la Dirección General de Presupuestos, que incluía en el anteproyecto del Presupuesto de cada año la herramienta fraudulenta de las transferencias de financiación o que tramitaba los expedientes de ampliación de crédito con los que se alimentaba la insaciable partida presupuestaria, auténtico centro neurálgico de la corrupción".

Porque la pregunta pendiente es: ¿En qué documento oficial consta el uso que iba a darse a las transferencias de financiación que posteriormente iban a utilizarse como subvenciones desde un "fondo de reptiles" organizado en la partida 31 L? ¿Tenían conocimiento del mismo los diputados del Parlamento andaluz?