El magistrado Luis Aláez, que investiga el accidente de tren que el pasado 24 de julio provocó la muerte de 79 personas en el barrio compostelano de Angrois, ha emitido este martes un auto en el que llama a declarar en calidad de imputados a los tres últimos presidentes de Adif.
Además, el juez Aláez ha llamado a declarar como imputados a otros 19 cargos o ex cargos de gestor ferroviario por su supuesta responsabilidad en el siniestro.
El actual presidente del Adif, Gonzalo Ferre, ha sido citado para el 10 de octubre a las 10:00 horas, mientras que sus antecesores en el cargo Enrique Verdeguer y Antonio González Marín deberán comparecer el 11 de diciembre a las 10:00 y las 12:30 horas, respectivamente.
Además, entre las personas citadas como imputadas se encuentran los consejeros del ente gestor de infraestructuras ferroviarias desde el 11 de diciembre de 2011, cuando se inauguró la línea del tren Alvia Santiago-Orense en la que se produjo el descarrilamiento en la conocida como curva de Angrois, a unos tres kilómetros de la estación de la capital compostelana.
Para ello, el magistrado, en un auto que emitió el 10 de septiembre solicitaba a Adif, a través de su representación procesal, que facilitase la identidad "de todas las personas que han sido presidentes y vocales" del consejo de administración. También de los que habían desempeñado en esta empresa pública los cargos de director de seguridad en la circulación, gerente del área de seguridad en la circulación noroeste y jefe de inspección de la gerencia de área de seguridad en la circulación noroeste, así como de los inspectores.
En todos los casos, desde el día de entrada en servicio del tramo de la línea ferroviaria en que se produjo el trágico siniestro hasta la fecha actual, "a fin de poderles tomar declaración en calidad de imputados".
"Imprudencia punible"
En el auto emitido el 10 de septiembre, Aláez ya había citado como imputados a cinco responsables del administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif), que prestaron declaración la pasada semana. En un auto previo emitido por el juez, éste precisaba para argumentar la imputación de los responsables de Adif que las muertes y lesiones que causó el siniestro se encuentran "obviamente conectadas" con la conducción inadecuada por exceso de velocidad del maquinista, Francisco José Garzón Amo, pero precisaba que el gestor ferroviario incurrió en una "imprudencia punible" al descuidar la señalización de la vía para evitar posibles despistes del conductor.
Incidía, además, en que un examen más detenido de las circunstancias conocidas en que se produce el siniestro permite inferir también su conexión con la omisión de medidas de seguridad preventivas de naturaleza vial y, en definitiva, "con una conducta imprudente de las personas responsables de garantizar una circulación segura en el tramo de la vía donde se produjo la catástrofe".
Además, rechazaba imputar a Renfe a petición de un recurso presentado por el exjuez Baltasar Garzón, que ejerce la acusación en nombre de una de las víctimas. Aláez descartaba cualquier responsabilidad de Renfe en el siniestro y valoraba el papel de la compañía ferroviaria respecto a la seguridad en el tramo en el que se produjo el descarrilamiento.