El pasado día 17 de septiembre, el PP andaluz denunciaba que el gobierno andaluz preparaba una orden para eliminar 2.800 plazas concertadas en los centros de personas mayores y personas con discapacidad, El PP andaluz aseguraba además que el objeto de esta orden era eliminar la financiación de plazas concertadas y no ocupadas –ahora la Junta paga el 60%-. Hace al menos 15 meses la Junta no repone las plazas de residencia que quedan vacías. La deuda del gobierno andaluz con estos centros es de 30 millones de euros.
En Andalucía hay 54.221 personas con derecho reconocido a una prestación que no la están recibiendo porque el bipartito de izquierdas "tomó la decisión de paralizar la tramitación de los expedientes de reconocimiento de la dependencia", hecho que ya fue denunciado por el Defensor del Pueblo. De hecho, en 2012 había 4.717 beneficiarios menos que en 2011. Esto es, la Junta se está cargando la Ley de Dependencia en la práctica culpando de todo al gobierno de España.
La estrategia de la Junta es culpar al Gobierno de los ajustes, por cuanto ha reducido los fondos que transfiere a las comunidades para políticas que van del empleo a la dependencia, subraya hoy ABC. Pero la Junta no quiere reconocer ni hacer saber que cada región tiene autonomía para decidir dónde recorta. En el caso andaluz, la Junta consiente salvar su "administración paralela" pero permite el desmantelamiento de la asistencia social.
Recuérdese que la Junta de Andalucía hizo bandera de la Ley de Dependencia aprobada a impulso del gobierno Zapatero. Años después, el desarrollo de la ley presenta carencias.
Cierto es que el Gobierno central ha recortado los fondos para la dependencia en Andalucía en 213 millones en dos años y ha reducido su aportación a las ayudas a los dependientes, pasando de financiar en toda España del 50 al 25% de la prestación. Pero a día de hoy hay en Andalucía menos dependientes reconocidos que hace un año.
Según los últimos datos del Imserso, a 31 de agosto de 2013 en la comunidad autónoma hay 173.642 dependientes que disfrutan de algún tipo de prestación, que van desde la atención en residencias a las prestaciones económicas en el ámbito familiar. Un año antes se beneficiaban de una prestación 194.794 dependientes, 21.152 más.
El Defensor del Pueblo denunció a la Junta
El pasado abril el entonces defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, expresó que "desde hace seis meses ninguna persona solicitante, reconocida o no como dependiente en algún grado, ha accedido al sistema salvo en situaciones excepcionales de urgencia, aumentando así las personas fallecidas sin haber adquirido el derecho".
Esta parálisis, apunta el diario de Vocento, hizo que la exconsejera de Salud y actual titular de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, decidiera el pasado agosto no renovar en septiembre la reserva de plazas en los centros de mayores y discapacitados concertados en Andalucía. Al no haber nuevos dependientes, las plazas vacantes habían aumentado, actualmente 2.800 de las más de 11.000 concertadas.
Deudas de la Junta, no del gobierno de España
La Junta debe las mensualidades del último año y medio a, según reconoce la propia Junta, 20.000 familias andaluzas pero la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales no ha hecho público el volumen de esa deuda. La dotación de las ayudas varía entre los 390 y los más de 480 euros al mes.
La ayuda a domicilio, según la ley de dependencia, debería ser excepcional pero es la más común por la falta de infraestructuras, como residencias y centros de día, y también porque es más económica para las comunidades.
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, dijo hace unos días que la situación de la dependencia en Andalucía llega al "límite del esperpento" y afeó a los socialistas que "se muestren orgullosos de su gestión" en este campo.
Varios miembros del Gobierno andaluz calificaron las declaraciones de Mato de "inaceptables", pero, ante los retrasos con esas 20.000 familias, mejor hubiera sido el silencio. De hecho, poco después, la nueva consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, paralizó la orden para no renovar las plazas que tomó su antecesora. Además anunció que habría un "reconocimiento" de la deuda con los dependientes y con los Ayuntamientos y organizaciones sociales.