El Parlamento andaluz decide si investigará el caso Bahía Competitiva

La Mesa del Parlamento andaluz ha admitido a trámite la solicitud del Grupo Popular, a instancias del PP de Cádiz, que preside Antonio Sanz Cabello, para la creación de una Comisión de Investigación sobre el caso Bahía Competitiva. Se trataría de investigar el comportamiento de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), que asimismo intervino en los ERE fraudulentos, en la gestión y concesión de ayudas para el Plan Bahía Competitiva entre los años 2007 y 2012. La noticia aparece en el Boletín Oficial del Parlamento Andaluz del pasado día 18 de septiembre.

Ahora, PSOE-A e IU-CA, disponen de siete días para manifestar su aprobación o rechazo. De nuevo, la pelota queda en el tejado de Izquierda Unida. Si para entonces no hay oposición y según el reglamento que recuerda ABC, "se entenderá creada la comisión de investigación solicitada, de lo que la Presidencia dará cuenta al Pleno de la Cámara". Por contra, si algún grupo expresa su rechazo deberá decidir en Pleno "tras un debate de totalidad, rechazándose su creación si se opone la mayoría de los miembros de la Cámara".

Antonio Sanz, ha dicho que el objetivo es investigar "el fraude" del Plan Bahía Competitiva, que llegó a calificar como el "tercer fondo de reptiles de la Junta" y un "nuevo robo del dinero de los parados" que, según cifró, alcanzaría entre 23 y 25 millones de euros. Por ello, la comisión de investigación debe centrarse en dilucidar "si este fraude del Bahía Competitiva ha seguido el mismo modus operandi que el de los ERE falsos y que Invercaria", es decir, "si se han falsificado expedientes, si se ha falsificado la puntuación, si ha habido amiguismo y si ha habido falta de norma y abuso a la hora de conceder las ayudas para beneficiar a entornos del PSOE, que han hecho perder oportunidades a los parados gaditanos".

El Partido Popular de Andalucía el PP-A quiere que "se llegue hasta el final» y se investigue «la implicación del Gobierno andaluz, en concreto de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo", ya que considera que las responsabilidades políticas "alcanzan también al Consejo de Gobierno y no sólo a la Agencia IDEA".

El PP acusa a Susana Díaz de tener una "pose"

El coordinador de Economía y Empleo del PP andaluz, Rafael Carmona, calificó de "pose" que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, dijera que le "avergüenza la corrupción" de su partido cuando aún no ha anunciado ni una sola medida para evitar que se repita la corrupción de los ERE. Carmona preguntó a Díaz si piensa mantener en el gobierno a los imputados de los niveles inferiores de las Consejerías, o si va a adoptar alguna investigación interna tras los hechos que se vienen revelando en las últimas semanas sobre las subvenciones de la concertación.

"Ya está bien de fariseismo", dijo mientras destacaba que un año después de la Comisión de Investigación sobre el caso ERE que tuvo lugar en el Parlamento de Andalucía, "la realidad está dando la razón al PP" y los hechos estén "avalando" las conclusiones que redactó el PP en su dictamen dela Comisión."Todo lo que señalamos como hechos probados se están probando. Aquellas demandas que señalamos de responsabilidad política hoy han resultado ser ciertas y se han producido". Además destacó que en los juzgados ya se están "señalando con responsabilidades penales a muchos de los que señalábamos con responsabilidades políticas en el dictamen”, entre los que citó al ex presidente Griñán.

Lamentó que entonces IU "entregara su dignidad a cambio de tres sillones en el Consejo de Gobierno" y limitara la responsabilidad solo a la Consejería de Empleo y que se "dinamitara" la investigación en el Parlamento. Además, recordó las "presiones tremendas" durante la redacción de las conclusiones.

El caso Bahía Competitiva

En la primavera de 2011 se descubrió que empresarios gallegos y vascos captaron 21 millones, 23 según la Policía, en subvenciones públicas procedentes del Ministerio de Industria para acometer una inversión y la compra de terrenos para ubicar sus proyectos. Pero poco tiempo después de recibir el dinero, todos desaparecieron, los proyectos y los promotores. El dinero se desvió a 50 empresas fantasma y de ahí, a paraísos fiscales. El empleo que iba a llegar a la Bahía de Cádiz, zona afectada por un paro endémico y descomunal, no se creó. Los principales delitos de los que se acusa a los imputados son blanqueo de capitales, falsedad documental y fraude de subvenciones. El fraude podría haber llegado a 80 millones de no haberse descubierto a tiempo. Y en medio de todo, la Agencia IDEA, la misma del caso de los ERE, y el PSOE de Cádiz.

Cinco cargos de Industria, imputados

El ex presidente de la Diputación y ex secretario general del PSOE de Cádiz, Francisco González Cabaña y el propio José Antonio Griñán y su gobierno fueron salpicados con un escándalo en el que desaparecieron más de 20 millones de euros que iban destinados a crear empleo en la Bahía de Cádiz donde el paro es asfixiante.

El presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, calificó el caso de "un nuevo robo" por parte de los socialistas del dinero de los parados, en línea con otros escándalos donde ha estado implicada la Consejería de Empleo, como el de los ERE. Sanz recordó que en el Plan Bahía Competitiva, que perseguía la reindustrialización de esa zona de la provincia de Cádiz, se habían "esfumado" 25 millones del dinero de los parados, siempre en favor de personas y empresas del entorno del PSOE. Unas ayudas que se concedieron, añadió, mientras se retrasaban o se negaban otras a empresas solventes de Jerez como González-Byass.

Poco después, las aguas turbulentas el caso llegaban a José Antonio Griñán a causa de la declaración de una testigo, Rosa Mellado, de la que se desprendió -según El Mundo- que el Consejo de Gobierno dio luz verde a las ayudas millonarias a dos sociedades directamente relacionadas con el principal actor del fraude, Alejandro Dávila Oubiña, Soluciones Tecnológicas Ambientales y Sostenibilidad, Ecología y Agua, que recibieron un total de 5,4 millones de euros.

La declaración de Mellado tiene gran relevancia porque ella era nada menos que gerente de la Agencia IDEA en Cádiz, pieza clave de la Junta, y destacó ante el juez que, por norma, los expedientes de ayudas que superan los 1,2 millones de euros pasan al Consejo de Gobierno, lo cual indica que fue el gobierno de Griñán el que tuvo la última palabra.

Mellado aclaró la implicación de uno de los principales imputados, Antonio Perales, responsable del bautizado como Plan para la Mejora de la Competitividad y el Desarrollo de la Bahía de Cádiz. De hecho, Mellado entregó en el juzgado un documento del propio Perales en el que figuraba un listado muy detallado de las empresas que conforman la red tejida por Dávila Ouviña y las otras dos familias, los Retolaza y los Arespacochaga, incluidas las sociedades que percibieron las subvenciones.

También aportó algunos de los expedientes, el procedimiento de tramitación de la Agencia IDEA que debían seguir todos ellos y una relación actualizada en ese momento de los gestionados. Y aclaró que también el Consejo de Gobierno, cuando el presidente era todavía Manuel Chaves, alumbró el Plan Bahía Competitiva en 2008.

El clan de Alcalá y el fraude

El clan de Alcalá es un grupo de socialistas afincados o procedentes de la localidad gaditana de Alcalá de los Gazules comandados por dos personajes estelares, Alfonso Perales Pizarro, expresidente de la Diputación de Cádiz, exconsejero de la Junta y exmiembro de la Ejecutiva de José Luis Rodríguez Zapatero, ya fallecido, y su primo hermano, Luis Pizarro Medina, ex vicesecretario general del PSOE de Andalucía y ex consejero del gobierno Chaves. A partir de ellos, el clan de Alcalá y un amplio grupo de familiares y pretorianos provinciales lograron un importante poder en el PSOE de Cádiz y, finalmente, en la Junta de Andalucía e incluso en el gobierno de Zapatero.