Todos menos la Junta de Andalucía, a pesar de ser parte absolutamente perjudicada, Izquierda Unida y el juez titular del juzgado de instrucción número 9 de Sevilla, dicen querer investigar y personarse en todo el caso del desvío de subvenciones por parte de UGT Andalucía. La Junta no ha decidido aún si se personará en el mismo a pesar de la insistencia del PP en que lo haga. Se limita a exigir la devolución del dinero defraudado mientras sigue firmando cursos de formación para UGT, CCOO y la CEA.
El juez Juan Jesús García Vélez se niega a instruir la ampliación de la denuncia de Manos Limpias y devuelve el "pack" al juez Decano de Sevilla. La Fiscalía del TSJA ya está investigando. El pasado miércoles, la Fiscalía de Sevilla anunció lo mismo. Y tras el anuncio de personación del PP, UGT anunciaba su personación en calidad de no se sabe qué y UPyD hacía lo propio cargando contra los máximos dirigentes de UGT y la propia Junta, por complicidad.
El caso UGT Andalucía podría convertirse así en el próximo caso judicial importante de Andalucía si finalmente el caos existente da paso a la unificación completa por conexidad en un solo juzgado.
El pasado miércoles, la fiscal jefe de Sevilla, Pilar Segarra, decidió investigar la denuncia interpuesta por Unión Progreso y Democracia contra el exsecretario de UGT Andalucía, Manuel Pastrana, el actual secretario general, Francisco Fernández, la secretaria de administración de esta formación, Pilar Orellana y el vicesecretario general de administración de UGT-A, Federico Fresneda. Además, tendrá que analizar si los hechos denunciados conllevan responsabilidad penal de los responsables de la gestión y tramitación de las subvenciones por parte de la Junta de Andalucía.
La denuncia de UPyD
De la Herrán, abogado de profesión, ha solicitado al Ministerio Público que, en el caso de que estos hechos ya estén siendo investigados por el juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla –que abrió unas diligencias previas a raíz de una denuncia similar del sindicato Manos Limpias-, remita la denuncia a este órgano judicial para que este partido político pueda personarse como acusación.
UPyD subraya además que en este caso puede haber un "plus de penalidad" porque se trata de fondos de la Unión Europea y puede haber una negligencia por parte de la Junta en el control del destino esas ayudas, al tiempo que apostilló que si la Administración ha abierto una investigación interna está "admitiendo responsabilidad en su propio control" de las subvenciones.
La denuncia de UPyD se refiere a una factura de 12.716,23 euros correspondiente a una cena para 150 personas en la Feria de Abril de 2010 que se incluyó con cargo a la subvención de 700.000 euros abonada al sindicato para "manutención y alojamiento" de miembros sindicales implicados en negociaciones colectivas.
También se incluye el pago de 5.428 euros en concepto de "diseño y rotulación del bus de la huelga", - la huelga general del 29 de septiembre contra el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En la factura se cambió el concepto real por el de "publicidad de los programas de desarrollo de acciones de Formación Profesional para el Empleo dirigidos a personas desempleadas", si bien en la factura seguía apareciendo el concepto inicial de "bus de la huelga" junto al de "publicidad y acciones formativas". El cargo se realizó a los gastos de un curso para la formación de monitores de educación ambiental.
UGT-A, según UPyD, también alteró la factura correspondiente a la adecuación del pabellón de San Pablo para la celebración de la asamblea regional de delegados sindicales de UGT y CCOO el 21 de enero de 2011. En este caso se cargó a los fondos destinados a la defensa legal de trabajadoras discriminadas laboralmente por razón de sexo, provenientes de la Consejería de Igualdad y se facturó finalmente "publicidad servicio de asesoramiento jurídico y defensa procesal a mujeres en caso de discriminación laboral por razón de sexo 2010".