La fiscalía ha pedido la imputación de Antonio Rodrigo Torrijos (IU), ex primer teniente de alcalde de Sevilla, por las supuestas irregularidades en la Fundación DeSevilla. El equipo de gobierno del actual Ayuntamiento presidido por Juan Ignacio Zoido, alcalde y presidente regional del PP andaluz, ya había pedido la imputación de Torrijos. Ahora es el ministerio público el que la pide. Según la agencia EFE, la investigación analiza el destino de 935.890 euros concedidos a esa fundación municipal para ayuda al desarrollo, y en dicha instrucción judicial ya están imputados el exconcejal Carlos Vázquez (IU) y el exgerente de la fundación Miguel López,
Según la Guardia Civil, los 935.890 euros procedentes de diferentes subvenciones municipales se destinaron a otros fines, no se justificaron ni se reintegraron a las arcas del Consistorio. Hace un año el gobierno municipal apreció delitos de malversación, falsedad y delito societario. Esta parte personada en el caso pidió la imputación de Rodrigo Torrijos porque "estaba al tanto de la situación, ya que prácticamente asistió a la mayoría de las sesiones del Patronato y era consciente de las dificultades para justificar el dinero recibido de las subvenciones".
El juez de instrucción 16 de Sevilla decidirá ahora sobre la petición del fiscal. En caso de confirmarse, sería la segunda imputación vigente contra Rodrigo Torrijos, que ahora es concejal y portavoz municipal de IU, junto a la que pesa sobre él por la venta de los terrenos de Mercasevilla. Vázquez atribuyó al propio Ayuntamiento el "desbarajuste" de la fundación al no ser autorizadas ni entregadas "en plazo" las subvenciones.
Un dinero volador
No sólo no se justificaron nunca los 990.000 euros que Torrijos concedió a la Fundación DeSevilla para proyectos de cooperación como la compra de un incinerador para un cementerio en La Habana, la rehabilitación de una vivienda en la capital cubana, la compra de ordenadores para la Central de Trabajadores de Cuba, la adquisición de motocicletas para el Inju-Injuve de Nicaragua o la ayuda para la ong Redvivir de Colombia —dirigida por Jaime Cedano, a quien el exguerrillero Olivo Saldaña señaló en una entrevista radiofónica como "miembro activo de las Farc"—.
El gerente de la Fundación, según ABC y de manera sorpresiva, solicitó la retirada de todas las facturas incluidas en los expedientes de justificación, entre las que estaba la del incinerador, renunciando a la fundación con el argumento de que los proyectos no se habían hecho. ¿Qué hacía entonces esa factura en el expediente? La Guardia Civil afirmó incluso que podría ser falsa, aunque su investigación sigue en curso.
Pero con Torrijos, La Fundación, después de probarse que el dinero no se había gastado en los supuestos proyectos de cooperación, y después de que el propio Torrijos le hubiera concedido hasta tres prórrogas, decidió presentar la citada renuncia y devolver la cantidad recibida.
Pero el dinero había volado y no estaba en la caja, por lo que en el último pleno municipal del anterior gobierno de coalición PSOE-IU aprobó una moción para hacer una modificación presupuestaria e inyectar 1,5 millones a DeSevilla, cantidad con la que la fundación podría devolver otra vez el dinero de la subvención al Ayuntamiento y evitar que los patronos tuvieran que responder del agujero con su patrimonio.
El interventor municipal se escandalizó ante la maniobra que no restauraba el millón de euros desaparecido y el auditor ratificó esta circunstancia ante la Guardia Civil recalcando que la manera que tenían de llevar las cuentas hacía imposible controlar el destino del dinero.
Torrijos, un histórico de CCOO y del PC
Dirigente histórico de CC.OO es miembro de la Dirección Federal del PCE y del Comité Central del PCA integrado en Izquierda Unida, a cuyos órganos de dirección también pertenece a nivel nacional y provincial y local.
Hasta 2011, fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla en un gobierno de coalición dirigido por el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, protagonizando diversos escándalos.
Su primera imputación: caso Mercasevilla
El 22 de octubre de 2010, la jueza Mercedes Alaya ya informaba que iba a llamar a declarar a Torrijos para que explicara su interés por vender el suelo de este mercado mayorista, caso en el que están imputados diversos empresarios y políticos socialistas. En abril de 2011, Torrijos fue imputado por presuntas irregularidades en la venta de suelo de Mercasevilla. Recuérdese que los derechos de superficie de los terrenos fueron adjudicados a Sanma Desarrollos Urbanísticos, filial del grupo constructor Sando, pese a que concurría una oferta superior por parte del grupo Noga.
En un auto rubricado el 4 de abril, la juez Alaya profundizaba en la investigación incoada en cuanto al concurso mediante el que Sanma Desarrollos Urbanísticos se alzó con los derechos de superficie de los suelos del mercado central de abastos de Sevilla, pese a que al procedimiento promovido para enajenar estos terrenos concurría una oferta superior del grupo Noga.
Se trataba, en concreto, de una de las líneas de investigación promovidas por la juez Mercedes Alaya en torno a la gestión de la sociedad mixta Mercasevilla, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa y sometida a estas indagaciones desde que, a comienzos de 2009, fuese descubierto un supuesto intento de cobro de comisiones ilegales a manos de Fernando Mellet y Daniel Ponce, por aquel entonces director general y director adjunto del mercado central de abastos.
Sobre el papel de Antonio Rodrigo Torrijos en Mercasevilla, Mercedes Alaya entiende que, "del resultado de las pruebas practicadas, se deduce su responsabilidad y activa participación en los asuntos de la referida unidad alimentaria e, indiciariamente y de modo especial, en el proceso de adjudicación de la totalidad de los terrenos de la misma a Sanma, por lo que merced a tales pruebas y la denuncia del gremio de mayoristas de fruta y hortalizas, resuelve "instruir" al primer teniente de alcalde el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "como imputado", pidiéndole así que designe a un abogado y a un procurador. Antonio Rodrigo Torrijos, como se recordará, fue miembro tanto del consejo de administración del mercado central de abastos, como se su comisión ejecutiva.
La foto de la mariscada
Quizás el peor error de su carrera política fue la publicación de una foto que se ha hecho histórica: la foto de una pantagruélica mariscada celebrada en Bruselas en la que participó el propio Torrijos. Trataba de reflejar sus esfuerzos diplomáticos en pro de los intereses sevillanos, pero la foto fue uno de los escándalos más sonados de Sevilla y Andalucía con gran repercusión en el resto de España.
La mariscada tuvo lugar el día 22 de abril de 2008 en el restaurante La Bergerie Mare Nostrum de Bruselas, pero el pago de la factura no aparecía como cargo de tarjeta alguna de la empresa Mercasevilla Tampoco aparecía apunte contable alguno relacionado con la gigantesca comilona.
Rodrigo Torrijos, intentó hacer creer que la factura la pagaron los dos empresarios del pescado presentes en el ágape, pero tanto Antonio Vela, entonces presidente de la Federación Andaluza de Mayoristas de Pescados, como José María Morillo, presidente de la asociación de empresarios de Mercasevilla, negaron haber pagado la factura del festín marisquero.
Según Vela, la factura la pagó Mercasevilla, o Fernando Mellet o Daniel Ponce, ambos imputados en el caso que instruye la juez Mercedes Alaya. Pero la factura no aparece en la contabilidad lo que dio pie a la sospecha de irregularidades varias.