Izquierda Unida -IU-, personada en la causa que investiga la presunta contabilidad B del PP, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz la imputación de los ex secretarios generales del partido y exministros Francisco Álvarez Cascos y Ángel Acebes, según se desprende de un escrito de la formación al que ha tenido acceso Europa Press.
La acusación popular integrada por IU, la Asociación Libre de Abogados -ALA-, Ecologistas en Acción y Federación los Verdes, pide además, en esta ampliación de querella, la imputación de trece nuevos empresarios sospechosos de haber efectuado donaciones a los populares, tras analizar la última documentación presentada por el extesorero del PP Luis Bárcenas.
Se trata del presidente de Degremont Iberia, Rafael Palencia; José Luis Rodríguez Moreno, empresario de comunicación audiovisual; Lucio Moreno de Guerra, director general corporativo de Applus; Cecilio Sánchez Martín, ex Director Comercial de la Zona Este del departamento de Gestión de Aguas de la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Camilo José Alcalá Sánchez, Presidente-Consejero Delegado de Cyopsa-Sisocia S.A.
También se solicita la imputación de José Antonio Romero Polo, administrador de la mercantil Grupo Romero Polo; José Luis Suarez, presidente de Construcciones Parraño S.A.; Vicente Cotino Escrivá, administrador único de Asedes Capital S.A., Joaquín Molpeceres Sánchez, del Grupo Licuas S.A.; Antonio Pinal Gil, presidente-consejero delegado de grupo de empresas Bruesa; Ignacio Ugarteche González de Langarica, consejero de Urazca Construcciones desde agosto 2003 y consejero delegado desde septiembre 2005; Ramón Aigé Sánchez, presidente de Sorigue-Acsa Conservación de Infraestructuras S.A., y Pilar Pulido Sánchez, directiva de Ads Brokers.
La acusación atribuye a todos ellos entre 10 y 12 delitos, entre ellos prevaricación, tráfico de influencias y cohecho. Además, la ampliación introduce la posibilidad de la comisión de otro delito, el contable, por parte de las entidades que aparecen en los denominados papeles de Bárcenas.
Solicita también a Ruz que cite a declarar como testigo al presidente de las Cortes de Valencia, Juan Cotino, tras la aparición de empresas de su familia en la contabilidad B.
En opinión de IU y el resto de asociaciones, todos los incluidos en la nueva querella "han venido falseando las cuentas anuales de las entidades que administraban, ya fuera con el fin de ocultar en la contabilidad de las empresas el dinero negro con el cual se efectuaban pagos irregulares al tesorero del PP o ya fuese -en el caso de Cascos y Acebes- con el fin de ocultar el dinero entregado por los empresarios y recibido a través suyo por el PP".
El escrito agrega que este dinero era aplicado al pago de forma irregular "de cantidades económicas diversas, la mayor parte de forma constante, a dirigentes del PP y altos cargos de la administración del Estado, algunos incluso revestidos con el cargo de ministros".
Pagos a Acebes y Cascos
La acusación detalla los presuntos pagos recibidos por Álvarez Cascos y que figuran en los papeles. La suma total asciende a 47 millones de pesetas, precisa el escrito, que agrega que durante el periodo en que fue ministro de Fomento, muchas de las empresas consideradas donantes aparecen como contratistas de la Administración. Entre las obras licitadas en aquel periodo IU destaca la obra de la denominada 'Variante de Pajares', destinada a unir por alta velocidad Madrid y Gijón.
En cuanto a Acebes, IU destaca que al menos desde 2004 recibió en provecho propio dádivas por importe de 107.100 euros "pagados por persona interpuesta y procedentes de pagos realizados por empresas privadas. Durante su etapa como secretario general aparecen reflejados en la contabilidad B de Bárcenas, ingresos "ilícitos" por valor de 2,5 millones de euros, dice el escrito.
IU recuerda que, en el actual momento procesal, los papeles de Bárcenas ha alcanzado un alto grado de verosimilitud y credibilidad y destaca que al menos 46 apuntes han quedado acreditados como veraces a través de las declaraciones de imputados y testigos. Cifra, además en 6,6 millones de euros el dinero "de origen ilícito percibido por el PP".