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Nueva investigación de Alaya sobre los ERE y los pagos a UGT y CCOO

El origen está en un informe inserto en la documentación de la operación Heracles de la Guardia Civil en el que se vislumbran nuevos delitos.

La juez Mercedes Alaya ha abierto unas diligencias al margen del sumario general de los ERE que ha declarado secretas para que la investigación no se vea obstaculizada por filtraciones. La nueva línea de investigación guarda relación con los pagos de las mediadoras y los despachos de abogados a los sindicatos. Es el sexto sumario abierto por la juez tras la investigación del caso inicial, Mercasevilla.

En el auto firmado por la juez el pasado día 12 de septiembre, la juez anuncia la apertura de la nueva investigación secreta y dice haber constatado que "nuevas líneas de investigación distintas de las llevadas a cabo en la presente causa", pueden conducir a nuevos resultados, a "la averiguación de los hechos y la identidad, en su caso, de los presuntos responsables".

Recuerda El País que Alaya acusó a las centrales sindicales UGT y CCOO de financiarse con 7,8 millones procedentes del fondo para empresas en crisis. Entre los investigados en dicho atestado policial 33/2013 se encontraban el consultor José González Mata, el intermediario Juan Lanzas y el abogado Carlos Leal. Fue la Fiscalía Anticorrupción la que instó a la juez investigar los pagos a sindicatos que realizaron las mediadoras y los despachos de abogados.

ABC apunta a que, aunque Alaya no aclara cual es el contenido de la citada investigación, todo apunta a que se trataría de los pagos que recibieron los sindicatos con cargo a los fondo de las ayudas sociolaborales, la partida 31-L que fue bautizada como "fondo de reptiles". Es decir la presunta financiación irregular de las formaciones sindicales. Además, Anticorrupción requería a la representación de estas sociedades para enviasen ante el juzgado la justificación documental de los servicios con los que se corresponden dichos pagos.

En el nuevo calendario de interrogatorios fijado por la juez instructora del caso figuran dos sindicalistas, Enrique Manuel Jiménez García y Juan Antonio Caravaca Caro, ambos miembros de Comisiones Obreras y que están citados por la juez en calidad de imputados el próximo 24 de octubre.

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