Un cliente de Bárcenas, responsable de las obras de mantenimiento en el Congreso

El arranque del curso parlamentario con la primera sesión de control al Gobierno no pudo ser más movida. Coincidió con un fuerte aguacero que cayó sobre la capital de España y dejó al descubierto algunas deficiencias en las obras de mantenimiento del hemiciclo. Jesús Posada, presidente de la Cámara, se vio obligado a suspender temporalmente la sesión al comprobar cómo el agua se filtraba por el techo y caía a chorros sobre la tribuna de prensa.

(Extracto del BOE )

Un pequeño rastreo por la web del Congreso y por el BOE confirma que la empresa adjudicataria del contrato de "Obras de mantenimiento y reparación de los edificios del Congreso de los Diputados" es el Grupo Ortiz, Construcciones y Proyectos SA, que preside Juan Antonio Carpintero Ortiz.

(Publicación del adjudicatario del contrato de obras de mantenimiento en el Congreso)

La gotera, responsabilidad de Dragados

Tras publicar el nombre de la empresa adjudicataria del contrato de obra y mantenimiento del Congreso, ésta ha señalado a Libertad Digital, que pese a que son ellos quienes tienen la encomienda, por contrato, de mantener las instalaciones (incluidos los techos), es otra le empresa que se contrató para reformar las cubiertas y el tejado del Palacio. Concretamente, se trata de Dragados.

Fue el año pasado, en octubre de 2012, cuando La Dirección General de Patrimonio del Estado emprendía un proyecto para sustituir las cubiertas y acabados de los patios del Palacio del Congreso de los Diputados, cuyo objeto era solventar el deterioro de las mismas, optimizar su eficiencia energética y garantizar la seguridad del edificio. Este procedimiento fue adjudicado por Patrimonio del Estado a la empresa Dragados por un importe de 4.530.606 euros.

Así pues, no es el Grupo Ortiz el responsable de la gotera, como publicó erróneamente este diario, sino Dragados la empresa responsable del mantenimiento del techo.

Grupo Ortiz, Sepúlveda y Bárcenas

El Grupo Ortiz tiene cinco líneas principales de negocio: construcción, inmobiliaria, concesiones, energía e internacional. Un grupo que ha resultado adjudicataria, a su vez, de numerosas obras públicas, no sólo infraestructuras viarias, sino también complejos como el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Madrid, el Museo de la Evolución Humana de Burgos o el Teatro Olimpia de Madrid, por poner sólo algunos ejemplos de los que figuran en su web.

El contrato que ganó el Grupo Ortiz con el Congreso el pasado verano asciende a un importe neto de adjudicación de 660.000 euros. Pero lo más curioso es que el nombre del Grupo Ortiz ya apareció en el sumario del caso Gürtel, elaborado por el juez Pedreiro. En cualquier caso, en contra de lo que han publicado algunos medios, el Grupo Ortiz nunca ha estado imputado por esta causa.

La relación del Grupo Ortiz con el sumario de Pedreiro sale a la luz con la apertura del secreto del sumario en 2010 y la aparición de un informe de la Agencia Tributaria fechado en junio de 2009 y que se incorporó al citado sumario. Según este informe de Hacienda, el grupo constructor abonó a las empresas del matrimonio formado por Jesús Merino y Ana Isabel Gutiérrez casi 1,4 millones de euros.

Entre estos pagos, destacan 375.000 euros a la consultora Algaba, que pertenece a la sociedad de inversión Astrolago, y cuyos titulares son Jesús Merino, Luis Bárcenas y Jesús Sepúlveda, entonces marido de Ana Mato. El Grupo Ortiz, siempre según los datos de este informe, también compró un inmueble a la consultora Algaba por 594.000 euros. Así lo recogieron en el año 2010 algunos medios de comunicación.

El Grupo Ortiz, junto con Hispánica, era la constructora que más trabajó con el Ayuntamiento de Pozuelo durante el mandato de Sepúlveda y llamó la atención de los técnicos de Hacienda por ser un cliente que firmaba de forma recurrente con las empresas del matrimonio Merino-Gutiérrez (ambos imputados en el Caso Gürtel).

El grupo constructor, inmobiliario, energético, de concesiones e inversiones internacionales detalló al diario Público, poco después de que trascendiera esta información, que el motivo de los pagos fue el siguiente: 375.000 a Algaba por asesoría en la adquisición de Cosfesa, empresa de servicios ferroviarios. Además, detalló que había pagado 202.000 euros por una asesoría para un proyecto de energía renovable en Badajoz; un millón por la compra de una finca con viñedos en Gumiel de Izán (Burgos), propiedad de Algaba Consultores, y 529.000 euros por asesoría en la compra de dos empresas eléctricas en Guadalajara.