Este martes 10 de septiembre ha comenzado la demostración de quien dice la verdad cuando afirma que va a ser implacable contra la corrupción. La nueva presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, lo ha dicho pero no lo ha probado. Mercedes Alaya, la juez de instrucción que investiga el caso de los ERE lo ha hecho y no ha hecho falta que lo diga. En los próximos días va a comprobarse cuál de las dos se mantiene de pie en esa lucha implacable contra los corruptos.
La nueva presidenta de Andalucía, elegida sin votos por José Antonio Griñán y la izquierda parlamentaria andaluza, tiene que demostrar hoy mismo que lo que dijo sobre su actitud frente a la degeneración de la vida política es verdad. De hecho, ha nombrado su nuevo gobierno y ha prescindido de todo nombre que huela a ERE, salvo el caso del consejero Emilio de Llera, ex fiscal, que ha sido martillo pilón de la juez Alaya durante el tiempo de su mandato.
Pero desde luego, se comprobará la veracidad de su "implacabilidad" si modifica el comportamiento de la Junta en su colaboración con la juez y si termina con algunas conductas como la del consejero de Llera, que durante su mandato ha lanzado críticas aceradas a la labor de la juez.
La juez ha anunciado la imputación de dos ex presidentes y cinco ex consejeros de la Junta y desde hoy martes vuelve a la carga con otra ristra de declaraciones, la segunda de las cuales será precisamente la del hasta ahora número dos y viceconsejero de Susana Díaz en la Consejería de Presidencia, Antonio Lozano. Será el próximo día 17 cuando Lozano declare ante la juez por su responsabilidad al haber sido director general de Presupuestos de la Consejería de Hacienda. Recuérdese que Lozano no está en el gobierno ni es diputado por lo que no goza de aforamiento. Por si fuera poco, está defendido por el letrado madrileño José María Mohedano, que acusó a la juez Alaya de preconstitucional e inquisorial además de pedir la nulidad de procedimiento porque la magistrada decidió prohibirle defender a dos imputados a la vez.
Así, la juez Alaya recibirá la declaración de Antonio Diz-Lois, exjefe de servicio en la Dirección General de Trabajo, que ya ha anunciado que se va a acoger a su derecho a no declarar, cosa que ya hizo en la comisión parlamentaria de investigación el pasado mes de agosto de 2012. Entonces, leyó una declaración en la que aseguró que "jamás" había sido "asesor ni intermediario en ninguno de los expedientes de concesión de ayudas que están siendo investigados". Ha negado tener amistad con los beneficiarios de ayudas y qu eno era otra cosa que un jefe de servicio más.
La juez ya tiene un calendario de comparecencias de los 116 imputados con que cuenta el caso ERE. Dicho calendario incluye, como ya hemos advertido en parte, a los exdirectores generales de Presupuesto Antonio Vicente Lozano y Buenaventura Aguilera los días 17 y 19 de septiembre, el exviceconsejero de Empleo Justo Mañas el 30 de septiembre y el parlamentario andaluz por el PSOE Ramón Díaz Alcaraz el 9 de octubre.
Hay que recordar que la Fiscalía Anticorrupción exigió un "calendario razonable" de comparecencias para 24 personas, algunas imputadas desde hace más de dos años y medio. En el caso de Diz-Lois, está imputado desde junio del 2012 pero hay otros acusados como el exgerente de Mercasevilla Fernando Mellet que lo está desde marzo del 2011; las funcionarias de la Junta María Ángeles Gala y Rocío Sayago, imputadas desde junio del 2012; el exdigirente del PSOE Antonio Garrido Santoyo, implicado en marzo del 2011, y el empresario Ángel Rodríguez de la Borbolla, cuya imputación data de marzo del 2012.
Tampoco aparece en la agenda la declaración de la exconsejera de Economía y vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, Magdalena Álvarez. Todavía, aunque ya parece inevitable dadas las imputaciones del día de hoy.
Desde el día 20 la juez Alaya contará con un nuevo juez de apoyo, Álvaro Martín, que sustituye a Rogelio Reyes. Martín es portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Sevilla y parece afín a la juez Alaya que ha rechazado con energía las "ayudas" que podrían suponer un riesgo para su instrucción.