Acuden al TSJC para instarle a que haga cumplir sus propias sentencias sobre la inmersión

El pasado mes de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dio a conocer diez autos distintos – dictados entre el 6 y el 14 de marzo – en los que se instaba a la Generalidad a garantizar el bilingüismo en las clases de diez colegios de Cataluña, donde varias familias lo habían solicitado respaldadas por Convivencia Cívica Catalana.

Esta medida, que debía aplicarse de forma inmediata sin esperar a este curso que ahora comienza, afectaba a unos 300 alumnos catalanes de los diez centros escolares distribuidos en diferentes localidades: cinco en la provincia de Barcelona, tres en la de Tarragona y otros dos en las comarcas gerundenses.

Pues bien, según denuncia Convivencia Cívica Catalana, una vez más los colegios – respaldados por el gobierno de Artur Mas, incumplen, como ya avisaron que harían los dirigentes nacionalistas, las decisiones judiciales. No sólo no ejecutaron los autos de forma inmediata, sino que para este curso desde la Consejería dirigida por Irene Rigau siguen proponiendo la atención individualizada.

No obstante, sobre la atención individualizada se pronunció así el Tribunal Supremo en 2010:

• "La atención individualizada en castellano conduce a una situación de discriminación (…) incurriendo de este modo la norma en inconstitucional".
• (El derecho del padre) "no se satisface con la prestación a sus hijos de una atención personalizada en castellano, sino con la entera transformación del sistema, de modo que sus hijos junto con sus condiscípulos, utilizarán, en la proporción que la Generalidad estimase conveniente, el castellano como lengua vehicular en la enseñanza, pero prefiriendo este sistema al seguido en el colegio y curso en que los hijos del recurrente siguieran la enseñanza".

Y así lo recordaba el TSJC en sus diez autos de este año. "La consejera sigue imponiendo una medida explícitamente excluida por la Justicia como es la atención individualizada del alumno en las actividades de enseñanza-aprendizaje y que además los padres nunca habían solicitado", denuncia la entidad presidida por Francisco Caja.

Además, los mismos centros afectados "admiten que incumplen las sentencias" del Supremo cuando "reconocen" que el catalán es la única lengua vehicular. Así se lo hacen saber a los interesados en un documento sobre el proyecto lingüístico. "El centro tiene como lengua vehicular la lengua catalana y, por tanto, todas sus labores educativas, actividades administrativas y las comunicaciones con el entorno se hacen en esta lengua", reza el citado texto.

Por todo ello, los padres afectados volverán a acudir a la Justicia, en este caso instarán al TSJC a la ejecución de sus autos para que "sus derechos sean respetados frente a la prepotencia y el incumplimiento de la administración autonómica".