La Fiscalía Anticorrupción quiere que la juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta, impute a tres empresarios implicados con el cobro de dos ayudas irregulares concedidas en 2006 por el exdirector de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero para reventar una huelga de basuras en municipios granadinos. Guerrero pactó con dirigentes de UGT y CCOO una ayuda bajo cuerda de 276.222 euros a cada una de las empresas concesionarias del servicio, Cespa SA y FCC SA, para abonarles, con cargo a dos pólizas subvencionadas por la Junta de Andalucía, las subidas salariales reivindicadas por los trabajadores, presentándose así como triunfadores de la huelga.
El Ministerio Público pide la imputación de Francisco Jardón, presidente de la patronal Aselip; José Antonio Pérez Santos, responsable de la empresa Cespa, y Álvaro Mollinedo, de FCC. Además, insta a la juez instructora a dar directrices a la Guardia Civil para que se investiguen los pagos a los sindicatos. Y también le insta a que requiera «a la mayor brevedad posible» a la Cámara de Cuentas de Andalucía la copia de los trabajos de campo realizados por los auditores de cara al informe monográfico sobre los ERE fraudulentos, del que se eliminaron párrafos comprometedores para Griñán.
Francisco Carbonero, inspirador del reventón de la huelga
Dirigentes de CCOO y UGT pactaron una ayuda irregular y bajo cuerda con el exdirector general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, para reventar la huelga que bloqueó durante días la recogida de basuras en varios municipios granadinos. Ocurrió en 2006. Para acabar con la huelga general convocada en el servicio de limpieza, UGT y CCOO recabaron del ex director general que se suscribieran pólizas a favor de las empresas concesionarias del servicio con cargo a la partida 31-L (el denominado «fondo de reptiles») de las cuentas autonómicas.
ABC contó que la Junta intervino en el conflicto por mediación del secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía, Francisco Carbonero, quien concertó con el exdirector una "reunión confidencial" en un hotel de Málaga para "arreglar el problema", según el testimonio del presidente de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip), Francisco Jardón Arango, quien intervino en las negociaciones. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil asegura en un atestado entregado en diciembre a la juez que instruye el caso de los ERE falsos, Mercedes Alaya, que «fue este sindicato el que planteó y presionó para que el conflicto fuese solucionado por la Dirección de Trabajo de la Junta».
Es una forma más de "comprar" la paz social por parte de la Junta y el PSOE. En una reunión mantenida en la sede de Confederación de Empresarios de Andalucía en Sevilla, donde "estaban presentes también tres representantes de CCOO, Rafael Hueso, Juan Mancilla y un tercero que cree que era el secretario general de CCOO en Andalucía (Francisco Carbonero), éste último indicó que el conflicto debía ser solucionado por la Junta de Andalucía. En presencia de los demás,"llamó por teléfono directamente al director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, indicándole que había que buscar una salida al conflicto, acordando una reunión confidencial en un hotel de Málaga para tratar este tema", según expone el atestado policial.
A dicha reunión celebrada unos días más tarde, asistieron el coordinador de limpieza de UGT, José Bocanegra; el dirigente de CC.OO. en Granada Rafael Hueso y la secretaria general de la Federación de Actividades Diversas de CC.OO.-A, Juana Mancilla; Francisco Jardón, Guerrero y el delegado de Empleo de la Junta en Granada, Luis Rubiales. Álvaro Mollinero, representante de FCC SA, aseguró que también estaba presente el actual líder regional de CC.OO. En dicho encuentro, que se celebró en abril de 2006, el exdirector de Trabajo dirigiéndose a Rafael Hueso le preguntó por el dinero que era necesario para llegar a un acuerdo. Después de un cálculo "a ojo" del sindicalista, Guerrero le respondió literalmente: "Eso lo paga mi departamento".
Después se ratificó un acuerdo marco con las subidas salariales suscrito en 2005. El exdirector de Trabajo tomó la palabra para destacar que la Junta "disponía de una partida presupuestaria para este tipo de conflictos como los que se estaban dando, como el de Santana (la extinta factoría automovilística de Linares en Jaén) y las Minas".Guerrero se comprometió de palabra y por escrito a imputar al presupuesto autonómico el coste de las subidas salariales que los trabajadores reinvindicaban a Cespa SA y FCC SA.
Las pólizas, los comisionistas y el exconsejero Recio
A pesar de las promesas, al parecer no había dinero en la Consejería de Empleo, el pago se materializó a través de la suscripción de unas pólizas sufragadas por la Junta y en las que figuraban como beneficiarias Cespa y FCC. Era la misma ingeniería financiera que luego revertía en dinero para sindicatos, intermediarios y conseguidores. De este modo, las empresas simulaban perder la huelga. Los sindicatos simulaban ganarla. Los trabajadores, todos contentos y la Junta, esto es, todos los andaluces, pagaban la fiesta.
Así, 276.222 euros fue la cantidad abonada a cada empresa mediante el sistema de "pagos cruzados". Como era ya costumbre en los ERE, Guerrero ordenó a las aseguradoras y mediadoras el desvío de fondos para costear las pólizas.
Antonio Fernández, exconsejero de Empleo y hasta ahora el imputado de mayor rango en la trama, tuvo conocimiento, años después de los hechos, en 2009, de que el compromiso adquirido por Guerrero era ilegal. Por ello, en un correo electrónico escribió de su puño y letra: "Remitir D. Juan Márquez, sustituto de Guerrero en la Dirección General de Empleo]. No existe tal obligación. No podemos asumirla. No es legal". Sin embargo, su sucesor en la Consejería de Empleo, Manuel Recio, ya en la etapa de José Antonio Griñán, siguió costeando las pólizas a sabiendas de que eran irregulares, según la Guardia Civil.