La Junta de Andalucía, la misma que ha acusado tantas veces a la juez Alaya de retardar el procedimiento y de sostener una investigación ralentizada injustificadamente, no ha entregado aún la lista de los 146 intrusos que le solicitó la juez hace meses. De hecho, Alaya ha vuelto a solicitar a la Junta la lista de intrusos en los ERE antes de irse de vacaciones en su auto fechado el pasado 31 de julio. La juez ya reclamó esta relación el pasado 23 de mayo. Años después de estallar el caso, la Junta sigue sin ayudar a la juez a completar esta lista.
Cuenta El País que en ese auto previo al verano, Alaya exigió la entrega de la lista de "personas ajenas a las empresas que figuran como beneficiarias de ayudas sociolaborales concedidas en el período 2001-2010". Reclamaba su identificación, la empresa con la que se relacionó y la póliza por la que cobró. Pero la Junta sigue sin entregarlos por lo que en el caso de los ERE aún no se sabe quiénes fueron todos los intrusos detectados en el procedimiento.
Reclama, además, la juez a la Junta la contabilidad de la Agencia Idea correspondiente a los años 2010 y 2011, así como los expedientes relativos a las ayudas concedidas a cuatro empresas por un importe global cercano a los ocho millones de euros. Pide la juez la memoria auditada de IDEA junto con sus estados financieros, así como el balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, balance de sumas y saldos, libro diario y libro mayor, con el desglose de todas las cuentas y subcuentas.
Pide también expedientes de ayudas concedidas a las empresas A-Novo Comlink (189.301 y 43.845 euros), a Comercial Alimentaria Dhul (441.436, 66.344, 77.563, 6.402.631, 202.554 y 268,845 euros), a Hilaturas y Tejidos Andaluces (3.829, 20.250 y 65.800) y a Pickman La Cartuja de Sevilla (88.083 euros).
En relación con las modificaciones presupuestarias del año 2010 de la Consejería de Empleo, ya presidiendo José Antonio Griñán la Junta de Andalucía y siendo consejeros económicos, Antonio Ávila y Carmen Martínez Aguayo, la juez demanda a la Junta la "rectificación de la transferencia de crédito" por importe de 20 millones de euros aprobado por el Consejo de Gobierno el 26 de diciembre de 2010, que aumentaba la dotación presupuestaria. También reclama el informe del Gabinete Jurídico de la Junta sobre el decreto ley de 16 de octubre de 2012, aprobado para que las ayudas sociolaborales a extrabajadores de empresas en crisis pasaran directamente a la Junta.
Reclama la juez asimismo los escritos de notificación o comunicación que la Junta haya dirigido a los órganos del Estado o de la Comisión Europea en relación con las ayudas concedidas del programa 22E y 31L en el periodo 2000-2010, ambos inclusive, a "efectos de su compatibilidad con las normas del mercado común, así como pronunciamientos, si los hubiere, de la citada Comisión", así como los informes emitidos por la Dirección General de Asuntos Europeos sobre las mismas ayudas y periodo.
En cuanto a los razonamientos jurídicos que se incluyen en el auto de la juez se expone que los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado están examinando la documentación entregada por el juzgado del que es titular y procedente de la Junta, de manera que se está contrastando con la contabilidad de IDEA-IFA, en la que aparece que la agencia ha concedido ayudas e incentivos a una serie de empresas en "relación a las cuales no han sido remitidos los expedientes relativos a las ayudas concedidas a las mismas".