Reino Unido presentará una "queja formal" a España por las colas en Gibraltar

Las colas en la frontera de Gibraltar, que se han repetido este martes, han provocado la reacción del Gobierno británico después de que ayer amenazara con acciones legales contra España.

El Ministerio de Exteriores británico ha expresado su intención de presentar una queja formal ante las autoridades españolas por las esperas, que considera "inaceptables".

También ha habido reacción, en este caso de las autoridades gibraltareñas, tras las declaraciones del ministro de Agricultura y Pesca, Miguel Arias Cañete, en las que ha afirmado que el Gobierno español quiere endurecer las sanciones a los barcos que hagan de gasolineras flotantes en las aguas de la bahía de Algeciras próximas al Estrecho.

El Gobierno de Gibraltar ha emitido un comunicado en el que asegura que el Gobierno de Mariano Rajoy "no es competente para regular las operaciones de bunkering dentro de los límites territoriales de las Aguas Británicas de Gibraltar", que son de jurisdicción española.

Según el Gobierno de Gibraltar, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar les otorga la jurisdicción sobre las aguas que rodean al Peñón. Por ello, en el comunicado, afirman que el bunkering, dentro de esos límites, se rige por las leyes de Gibraltar y que ya aplican todas las medidas pertinentes de la Unión Europea.

El Gobierno de Gibraltar afirma que "no tolerará ningún intento de interferir con las operaciones de bunkering legales dentro de las Aguas Territoriales Británicas de Gibraltar", recordando que hasta la fecha, no ha habido intentos de restringir o interferir en estas operaciones en el mar.

El gobierno gibraltareño no tiene en cuenta lo establecido en el tratado de Utrecht en el que afirma que las aguas que Gibraltar, las que consideran suyas, son españolas. El Gobierno español ha recordado que en esa zona de protección está prohibido el suministro de combustible a otros buques, por ello buscará endurecer, de acuerdo con la normativa comunitaria, las sanciones ambientales contra las empresas que tengan buques como gasolineras flotantes.