Francisco Álvarez-Cascos y Javier Arenas han declarado ante el juez que estudia el caso Bárcenas, Pablo Ruz, que no tenían constancia de pagos en B en el PP. Además, los dos exsecretarios generales del PP, que comparecían como testigos, han afirmado que, desde su cargo, no establecieron ningún elemento de control sobre las donaciones que recibía el partido.
El propio Álvarez-Cascos ha llegado a recordar que entre 1990 y 1993 ejerció de tesorero, además de número 2 del PP, mientras se resolvía el caso de Rosendo Naseiro. Durante esos tres años, el exsecretario general delegó las tareas de supervisión al personal de administración, entre los que se encontraba el gerente Luis Bárcenas. Cascos no recuerda que durante esos tres años se recibiesen pagos en B.
Ambos han coincidido en afirmar que no recibieron ninguna orden oral u escrita para controlar las finanzas del partido y que eso era algo que dejaban en manos del tesorero y de los gerentes. Los secretarios generales, por tanto, no vigilaban si las donaciones anónimas cumplían los requisitos de la Ley o si superaban el límite legal. Todo era competencia del tesorero, han insistido.
Fuentes próximas a Arenas han añadido que a la pregunta de si había falta de control en las donaciones al partido, ha contestado que "podría haberla habido" pero que en cualquier caso su control no era una función del secretario general, informa Pablo Montesinos.
También se ha referido esta mañana a la falta de control el cajero del partido Antonio Ortiz, que ha afirmado que no se le pedía el DNI a los donantes anónimos, algo que incumpliría la ley de Financiación de los partidos de 1985.
No les "consta" la contabilidad B
Ambos exsecretarios generales han negado haber percibido sobresueldos en B. "Yo todo lo que he recibido lo he declarado siempre a la Hacienda Pública", ha asegurado Cascos. Arenas ha indicado, informan fuentes próximas al dirigente andaluz, que él nunca los vio cuando ejerció como secretario general, que no tuvo constancia de que existieran y que él en particular nunca ha recibido sobres con dinero negro. Las mismas fuentes han indicado que Arenas está "muy tranquilo" tras la declaración aunque han explicado que la experiencia ha sido "dura".
El político andaluz ha admitido, además, distintas reuniones entre él y Bárcenas, aunque ha negado en todo momento ser el intermediario entre Rajoy y el extesorero. Una de las reuniones es la celebrada en marzo del 2010 en la sede del PP. Ahí, según afirmó en su última declaración Bárcenas, se le prometió un despacho en Génova 13 y un coche oficial. El político andaluz no ha recordado qué es lo que se dijo en la reunión.
El juez Ruz también ha interrogado a Arenas por la supuesta frase que dijo al liquidar la caja B y encontrarse con 4.500 euros sobrantes. "Chico, lleva ese dinero al presidente, él sabrá que hacer", asegura Bárcenas que le dijo el político andaluz. El sevillano ha negado que pronunciara esas palabras porque "él no suele utilizar esas expresiones".
Las declaraciones se produjeron con retraso y duraron dos horas cada una. Ambos fueron abucheados a su llegada. Cascos llegó a las 11 de la mañana a pie y con una maleta, en la que ha aportaba diversa documentación para sostener su versión. A su llegada tuvo que escuchar gritos de preferentistas que le llamaron "ladrón" y "chorizo". Idéntico recibimiento tuvo Javier Arenas, quien tuvo que escuchar "Arenas a la trena" cuando se bajaba del coche oficial a las 12:40. Una vez dentro, los políticos, ahora en distintas formaciones, se saludaron amistosamente y hablaron un poco. Luego cada uno se fue a una sala distinta a esperar que el juez Ruz les llamara a declarar.
Pedirán imputaciones
La acusación popular ha lamentado la "falta absoluta de memoria" de los dos testigos, que habrían contestado en varias ocasiones con las frases "no me consta" y "no me acuerdo". Tras la declaración por la mañana de Cristóbal Páez, sustituto de Bárcenas como gerente, en la que reconoció haber recibido dinero en B, los abogados de la acusación han indicado que "hay evidencias para pedir imputaciones".
Sobre el hecho de que ambos hayan señalado a la tesorería al hablar del control de las donaciones, el abogado de IU Enrique Santiago ha considerado que es "un intento de escurrir las responsabilidades en el que fue el tesorero del PP la mayor parte del tiempo, Álvaro Lapuerta. Con algunas contradicciones porque, por ejemplo, que el secretario general que compatibilizó la Secretaría General entre los años 90 y 93 con el desempeño de la Tesorería también declare que no tenía ni idea, no deja de sorprender".